Veinte profesionales deberán explicar operaciones a la secretaría antilavado

La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo citó a 20 profesionales para que expliquen qué controles para prevenir el lavado de dinero han realizado en los últimos cinco años, informó el secretario antilavado, Carlos Díaz, a El Observador. Las audiencias, de carácter administrativas pero que pueden tener repercusión en la Justicia, comenzarán la próxima semana.

La ley 18.494, aprobada en junio de 2009, establece que un grupo de operadores debe informar al Banco Central sobre "transacciones, realizadas o no, que en los usos y costumbres de la respectiva actividad resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada".

Estos reportes de operaciones sospechosas (ROS) le permiten al Banco Central investigar irregularidades en las transacciones y, si los indicios de lavado son suficientes, denunciarlas ante la Justicia. Por esa razón, el reporte de los operadores es fundamental para que los lavadores caigan en manos de los jueces. Muchos profesionales que escrituraron casas o campos de personas investigadas no informaron al Banco Central sobre estas operaciones.

Sin embargo, por la falta de personal en la Auditoría Interna de la Nación, el organismo encargado de controlarlos hasta el año pasado, no fueron sancionados.

La secretaría antilavado pasó a encargarse de esa tarea este año y comenzará la semana próxima a ponerse al día con el retraso en los controles.

Díaz informó que se han identificado operaciones realizadas por delincuentes que fueron procesados por los juzgados de Crimen Organizado y citó a audiencias administrativas a los sujetos obligados por la ley 18.494 que trabajaron con ellos pero omitieron reportar.

Los operadores que deben presentar estos reportes cuando detectan una operación sospechosa son los casinos, las inmobiliarias y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles, los escribanos, los rematadores, las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y venta de antigüedades, obras de arte y metales y piedras preciosas; los explotadores de zonas francas, con respecto a los usos y actividades que determine la reglamentación, y las personas físicas o jurídicas que a nombre y por cuenta de terceros realicen transacciones o administren en forma habitual sociedades comerciales.

Las personas citadas para la próxima semana deberán explicar en la secretaría antilavado qué investigaron sobre sus clientes, por qué no informaron al Banco Central del Uruguay y qué controles han realizado en los últimos cinco años.

Díaz dijo que si bien estas citaciones se concretan días después de la divulgación de los Panamá Papers, no tienen vinculación directa con ese hecho, ya que estaban previstas desde hace meses.