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A paso acelerado
Por primera vez en 14 años, el discurso del 1° de marzo en el Congreso, instancia que abría el nuevo período legislativo, fue realizado por un presidente no peronista. Mauricio Macri habló ese día ante el pleno de diputados y senadores, en el que criticó el pasado kirchnerista y presentó sus propuestas de gobierno. Con un parlamento en minoría, delineó sus proyectos de aquí a cuatro años, prometiendo giros radicales y de fondo en su forma de gobernar.
Luego del receso estival y con el inicio de la vida legislativa, el mandatario —quien ganó en octubre el balotaje con el 51% y asumió el 10 de diciembre pasado— podrá sentir desde ahora todo el rigor de ser un presidente no peronista en un país que ama el dramatismo. Antes de asumir del todo ese desafío de gobernabilidad, Macri aprovechó a acelerar cambios en estos tres meses, a puro decreto y generando polémicas.
En lugar de llamar a sesiones extraordinarias del Parlamento, dejándolo que descansara los meses de verano, Macri fue por el camino de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Un instrumento legal, pero no siempre legítimo, que puede ser utilizado solamente en circunstancias excepcionales, de acuerdo a la Constitución argentina.
De ese modo, el expresidente de Boca Juniors bajó un DNU del gobierno anterior que lo obligaba a devolver dinero a las provincias, suspendió la aplicación del Código Procesal Penal, colocó las escuchas telefónica judiciales en la órbita de la Corte Suprema, nombró nuevos miembros de esa institución y modificó la polémica Ley de Medios, bandera de la gestión anterior.
Según los analistas, Macri llegó al discurso inaugural de su mandato luego de haber quemado buena parte de la luna de miel de los primeros 90 días y que cada gobierno, se supone, goza al inicio de una nueva era. La intensidad aplicada entre diciembre y marzo resultó inusual: el presidente argentino aprovechó para meter mano, fundamentalmente, en cuestiones económicas, y para tejer redes que le den mayor margen de maniobra de aquí en más.
Macri ya está cargando con el ajuste iniciado que incluyó —siempre de la mano de los DNU— una devaluación del 60%, la liberación del mercado cambiario, la eliminación de impuestos a las exportaciones agrícolas e industriales, una gran suba del servicio eléctrico, una ola de despidos de funcionarios estatales y una política monetaria contractiva, en medio de una inflación que no cede y que en 2016 se mantendrá en torno al 30%, según las consultoras.
Medidas que, según los nuevos inquilinos de la Casa Rosada, han sido tomadas debido a la mala gestión de la administración anterior. La estrategia de gobierno también alcanzó un acuerdo con los fondos especulativos que habían llevado el país al default. También una herencia K.
El sucesor de Cristina Fernández (2007 - 2015) puso al frente del Ministerio de Hacienda y Finanzas a Alfonso Prat-Gay, a quien le encomendó la tarea de sacar el país del estancamiento de la actividad, a alentar el empleo privado y a detener la caída del comercio exterior. Todo esto en un contexto de una tremenda baja de las reservas en el Banco Central.
Entre otras medidas económicas, se dispuso la suba de las tasas de interés como estrategia contra la demanda de dólares como activo de reserva, aunque luego la dejaron caer y más tarde otra vez la subieron. Situación que produjo un dejo de improvisación y que, según los analistas, hubo reacciones del mercado que tomaron por sorpresa a los expertos económicos de Macri.
Liberación del dólar
El fin del cepo cambiario resultó ser una de las primeras intervenciones de la actual administración. Llegó antes, incluso, de que finalizara la primera semana de gobierno. En conferencia de prensa, Prat-Gay anunció el levantamiento de todas las restricciones para operar en el mercado de divisas que se instrumentaron desde el 1° de noviembre de 2011. El cepo respondía a la intención del gobierno kirchnerista de evitar la fuga de reservas que aumentaban año tras año a pasos agigantados.
En las últimas semanas, el Banco Central debió abandonar la prédica sobre las bondades de de la libre flotación ante la evidencia de una corrida cambiaria. "Los sucesivos cambios de estrategia no logran contener la suba del dólar, que ya pisa firme en el terreno de los 16 pesos argentinos, y para colmo se incurría en un sacrificio de reservas con un resultado no muy satisfactorio", escribió a principios de mes Fernando Gutiérrez, en su análisis para El Observador. El reporte habló también de desavenencias entre el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y Prat-Gay.
Sturzenegger decidió intervenir con sumas relativamente pequeñas, pero el resultado era que "quemaba" reservas sin que la cotización del dólar detuviera su presión alcista.
"La opinión mayoritaria del mercado era que el gobierno corría el riesgo de haber 'quedado corto' con la devaluación y que con esa cifra no se corregían los problemas de competitividad, pero Prat-Gay no dudaba respecto de cuál era la interpretación que había que hacer: el gobierno generaba una confianza que hacía que la demanda por dólares se deprimiera. La situación hoy no solo desmintió esa calma, sino que aparecen todo el tiempo elementos que apuntan en el sentido opuesto: hay críticas tanto a temas de fondo como a las estrategias de intervención diaria en el mercado", añadió Gutiérrez en su informe desde Buenos Aires.
El tarifazo y los despidos masivos
De todos modos, las controversias provinieron por otras medidas. La primera, la suba de la tarifa eléctrica. El tarifazo ya había sido anunciado durante la campaña electoral pero llegada la hora de concretarlo le llovieron las críticas. El otrora subsidiado servicio tuvo un incremento de entre 200% y 300% en el precio mayorista de la energía eléctrica. Los contribuyentes que más consumen pagarán este mes hasta seis veces más que la boleta anterior. La idea del gobierno de Macri es sacar de la crisis al sector dañado por un retraso tarifario y sin inversión.
"Si bien las cifras nominales seguirán siendo relativamente bajas (comparadas con otros gastos, como el costo del abono de la telefonía celular), el tarifazo llega en mal momento, ya que se suma a varios costos que aumentaron drásticamente desde que asumió Macri", analizó un informe de BBC Mundo.
Otra de las polémicas de los primeros meses de gobierno de Macri tuvo relación con los despidos masivos en el Estado, como parte de una promesa de recortar el gasto público generado en los 12 años de gobiernos kirchneristas. El 10% de la población, unos 4 millones de personas, trabaja para la administración pública. En 2003, antes de la década K, la cifra se ubicaba en 2,3 millones de ciudadanos.
El ingeniero-empresario deshizo las nuevas contrataciones y las renovaciones en varios ministerios e instituciones públicas, muchas realizadas en los últimos meses de la gestión de Cristina Fernández. También se removió a funcionarios y periodistas que desarrollaban tareas en los medios públicos, y se terminó un acuerdo entre el Estado y algunas universidades por el cual accedieron a cargos públicos miles de personas sin concurso, "muchos de ellos militantes kirchneristas", según la BBC.
El Centro Cultural Kirchner —que no hace falta aclarar en qué época surgió— resultó ser la organización emblema en cuanto a despidos y recortes del gobierno actual. Cerca de 600 empleados, el 85% de los trabajadores del centro, vio cómo no se les renovaba el contrato porque, según la administración macrista, esos puestos ya no eran necesarios.
En los primeros días de marzo, la vicepresidenta argentina y titular del Senado, Gabriela Michetti, ordenó despedir a 376 empleados de la planta temporal de la cámara alta tras alegar un aumento "desmedido e injustificado" del empleo público.
En total, los recortes y las revisiones contractuales alcanzaron a unos 25.000 empleados, algunos de los cuales llevaban años trabajando para el Estado y no necesariamente se trataba de ñoquis, como sí había por supuesto, y en abundancia.
El discurso y lo que vendrá
En su discurso del 1° de marzo, en el que se inauguró el período legislativo, Macri apeló a la unidad para superar la situación de "fragilidad" de Argentina y trazó como retos reducir la inflación, acabar con el narcotráfico, reformar el Estado, la Justicia y la educación, y restaurar los lazos internacionales.
En este sentido, es marcada su tendencia a restablecer vínculos con Estados Unidos y Europa —ya lo ha hecho—, y mejorar las relaciones con los vecinos, como Uruguay. Los "hermanos rioplatenses" han vuelto al sendero de la amistad y la concordia: Argentina levantó medidas contra el ingreso de productos uruguayos y derribó un decreto que afectaba la operativa de los puertos orientales. Toda esta renovada estrategia hacia fuera no implica sin embargo, como dijo Macri, renunciar a reclamos históricos como el de la soberanía sobre las islas Malvinas, bajo dominio británico.
"Somos mejores que esto, somos mejores que la vida que llevamos. Los argentinos juntos podemos superar cada uno de estos problemas, no estamos condenados a vivir mal", dijo el presidente Macri durante el discurso en el Congreso. De cualquier modo, hubo palos para el kirchnerismo. "Venimos de años en que el Estado ha mentido sistemáticamente, borrando línea entre verdad y fantasía. Encontramos un Estado mal gestionado y gobernado", criticó.
Macri ratificó además el compromiso con los derechos humanos y con buscar la "verdad" respecto de la muerte del fiscal Alberto Nisman (sin esclarecer tras más de un año) y del atentado que investigaba: el ataque a la mutualista judía AMIA que dejó 85 muertos en 1994.
En estos tres meses, Macri armó su propio escenario para generarse un ambiente propicio de reformas. Si bien corrigió y sinceró gran parte del aparato estatal, y amigó en buena medida al país con la realidad, el riesgo ha sido provocar críticas de propios y extraños por el ritmo y la velocidad impuestos. La hora de la gobernabilidad llega ahora con el Congreso en marcha. Macri deberá jugar más en equipo y ser más cuidadoso en el momento de tejer alianzas y de llevar negociaciones.
La salida del pozo
A principios de marzo, el juez de Nueva York, Thomas Griesa, levantó con condiciones las medidas cautelares contra Argentina para que pudiera pagar a los fondos con los que mantiene un litigio histórico de miles de millones de dólares.
El levantamiento de las restricciones permitirá a Argentina financiarse en los mercados internacionales y emitir nuevos bonos que posibiliten pagar su histórica deuda pendiente tras el default de 2001.
El levantamiento está condicionado a la derogación por el Parlamento argentino de la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano.
Además, deberá pagarse antes del 14 de abril a los bonistas masivos como Aurelius o NML Capital, con los que Argentina llegó a un acuerdo el 29 de febrero, gracias a la mediación del special master nombrado por Griesa, el abogado Daniel Pollack.
Argentina había alcanzado en los últimos días de febrero un principio de acuerdo con los acreedores que representan el 85 % de la deuda reclamada por fondos de inversión que hace una década llevaron a juicio a este país en tribunales de Nueva York por bonos en mora desde finales de 2001 y que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.
