Abogado que representó al Estado por Plan Cóndor cobró € 500.000

Fue empleado sin contrato y no hay documentos que acrediten la cifra
Solo uno de los 14 uruguayos acusados de haber cometido crímenes de lesa humanidad contra ciudadanos italianos durante la dictadura uruguaya fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal de Roma en enero de este año. Los familiares de las víctimas y distintas organizaciones de derechos humanos catalogaron el fallo como "una derrota" y apuntaron contra Fabio Galiani, el abogado que representó al Estado uruguayo en el juicio por el Plan Cóndor.

Según un pedido de acceso a la información formulado al Ministerio de Relaciones Exteriores y que fue entregado a El Observador, Galiani cobró € 496.858 desde 2008 hasta 2016 y no firmó ningún contrato. "No consta a esta Dirección (cancillería) que se haya formalizado un contrato por escrito, sino que se acordó según los términos de estilo y costumbre para el arrendamiento de servicios de un profesional abogado en la República Italiana", señala el informe.


El dinero salió de Rentas Generales y se pagó en siete cuotas. Casi la mitad de los honorarios se entregó el año pasado, cuando Galiani recibió € 210.013. Cancillería afirmó que realizó "un seguimiento permanente del proceso y del consiguiente accionar del profesional actuante".

El pedido de acceso a la información no pudo ser resuelto por la vía administrativa, ya que el Ministerio de Relaciones Exteriores no quería informar cuánto había cobrado Galiani. Por lo tanto, fue la Justicia la que falló a favor de Elba Rama –presa durante la dictadura– y obligó a proporcionarle la información a su abogado, Juan Ceretta.

Peor el remedio...

El rol de Galiani fue muy cuestionado en Uruguay. De hecho, Mirta Guianze, integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), dijo a la diaria en febrero que le resultó "muy difícil de entender la estrategia que se siguió en el juicio". Según informó el medio, Guianze le mandó una carta al presidente Tabaré Vázquez en donde criticó el actuar del abogado.

El profesional fue contratado por orden del Ministerio de Relaciones Exteriores en 2008, cuando Gonzalo Fernández era canciller. En ese entonces, el ministerio le pidió a la embajada uruguaya en Italia que empleara a un abogado, ya que el Estado quería apelar la decisión del Tribunal de Salerno, que decretó la libertad del exmarino uruguayo Jorge Tróccoli.

El juicio determinó que el único uruguayo condenado por el Tribunal de Roma fuera Juan Carlos Blanco, canciller entre 1972 y 1976. Pese a que la fiscalía había pedido cadena perpetua para los otros 13, la Justicia decidió absolverlos.
€ 210,013 fue la cuota que se le pagó al abogado Fabio Galiani por última vez en 2016. En total, se abonaron siete cuotas para completar el total de sus honorarios.
De todos modos, Blanco ya cumple condena en Uruguay, al igual que 12 militares más. La Justicia lo procesó en 2002 por la desaparición de la maestra Elena Quinteros y luego obtuvo la condena por homicidio muy especialmente agravado. Desde 2013 cumple prisión domiciliaria.

En tanto, Tróccoli fue el único que no pudo ser procesado en Uruguay, ya que se fugó del país y fue encontrado en Italia en 2007. Luego de que su extradición no se pudiera concretar, cancillería contrató a Galiani. Sin embargo, Tróccoli tampoco fue condenado y en la audiencia de enero se ratificó su libertad.

Por qué en Italia

La legislación italiana permite juzgar delitos cometidos contra ciudadanos italianos aunque no hayan ocurrido en esa jurisdicción. Por lo tanto, familiares de desaparecidos de nacionalidad italiana decidieron buscar en 1998 la justicia que en Uruguay no encontraban. En total la fiscalía Italiana imputó a 27 militares uruguayos, chilenos, bolivianos y peruanos su participación en el Plan Cóndor, una operación ideada por el general chileno Augusto Pinochet que coordinó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980.

Populares de la sección

Acerca del autor