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Abogados discutieron en audiencia del caso ANCAP y la jueza los echó

Dos representan al Partido Nacional y otra al exdirector del ente Juan Gómez (comunista)
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15 de agosto de 2017 a las 17:50

Una discusión entre abogados durante la audiencia de este martes en Crimen Organizado por presuntas irregularidades en la gestión de ANCAP derivó en que la jueza Beatriz Larrieu tuviera que pedirles que se fueran de la sala donde se realizaba. Según informó Telenoche, uno de esos abogados era Pablo Correa, que representa al Partido Nacional en la denuncia. La jueza Larrieu lo confirmó a El Observador y agregó que la otra abogada es Laura Robatto, quien representa al exdirector oficialista Juan Gómez (Partido Comunista). Robatto es la esposa del exsecretrario de Presidencia (en el gobierno de José Mujica), Homero Guerrero.

Larrieu indicó que hubo un "incidente" a raíz de unas preguntas que la magistrada consideró que no correspondían y comenzó una discusión entre ambos abogados que derivó en que les tuviera que pedir que se retiraran.

En la audiencia se estaba indagando la relación de la empresa Exor y Pdvsa con ANCAP. Ese es el penúltimo asunto antes de que el expediente pase a manos del fiscal Luis Pacheco para que él solicite la declaración de los directores del período investigado, entre los que se encuentra el vicepresidente Raúl Sendic.

El incidente de este martes es el segundo que sucede en una audiencia de ANCAP. En abril de este año Gúmer Pérez, uno de los abogados de Sendic, denunció haber sido "amenazado" por Correa cuando declaraban los gerentes de Comercio Exterior y de Negocios Energéticos. En esa oportunidad, la jueza Larrieu negó haber escuchado una amenaza y Correa dijo que hubo un comentario "en tono jocoso". Quien sí dijo que también escuchó la amenaza fue Robatto.

Este martes, Correa dio su versión de lo sucedido a El Observador. Según explicó, ante una pregunta de la representante del Partido Independiente, la abogada Gloria Gari, al representante de la empresa Exor ante negociaciones con ANCAP sobre si recibiría alguna remuneración en caso de que ANCAP pagara, respondió que sí, lo que motivó otras preguntas.

Relató que le hizo otras dos consultas a las que el indagado respondió que sí: si él había sido integrante del Directorio de TCP (Terminal Cuenca del Plata) y si estaba en el directorio en representación de la Administración Nacional de Puertos, previa designación de dicho organismo.

"Estas dos preguntas y respuestas molestaron muchísimo a la Dra. Robato", afirmó Correa. "Como hábil e inteligente curial que es, advirtió que podríamos haber ingresado en tres figuras que hasta ese momento no estaban planteadas: conjunción del interés público con el privado, tráfico de influencias y abuso de funciones", agregó. Según Correa esos delitos podrían configurarse en la conducta del indagado puesto que "previamente había dicho que fue desde siempre militante del FA, diputado suplente y que siempre se dedicó a atender en forma privada a empresas de logística portuaria".

Según el relato del abogado, también le preguntó por qué Exor no había iniciado juicio contra Venezuela o su petrolera, a lo que respondió, aclarando que lo hacía a título personal, "porque no habría seguridad jurídica".

"Por último pido que se le pregunte en forma puntual y expresa si hubo o no licitación por parte de ANCAP. Lógicamente mi interés en preguntar, fuera del eventual abuso de funciones del Directorio de ANCAP, era confirmar un eventual tráfico de influencias... pues de otra forma cómo explicar que un negocio que dejaría comisiones no inferiores a los US$ 7 u 8 millones, no era sometido a licitación".

Correa explicó que luego de esa consulta anunció que no haría más preguntas. "A lo cual la Dra. Robato a los gritos (es su estilo) dice "POR FIN"... como si estuviese diciendo yo estupideces. Mi compañero de Partido el Dr. Arizti reacciona diciendo que no puede ser que la colega dirija la audiencia (de forma muy respetuosa)", dijo luego.

"En conclusión la señora jueza nos invitó a los tres (Roballo, Arizti y yo) a retirarnos de la audiencia, cosa que hicimos, previo preguntar cual era el motivo y si la próxima audiencia tendríamos que enviar las preguntas por escrito", concluyó Correa.

La firma intermediaria Exor le reclamó a ANCAP US$ 3 millones para no iniciar un juicio por US$ 20 millones por entender que fue marginada de manera indebida de las tratativas para renegociar la deuda entre la empresa pública y Petróleos de Venezuela.

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