Aconsejable postergación del CPP

La diligencia parlamentaria tendría que multiplicar su nivel habitual de revoluciones para que, en unas pocas semanas, se completen todas las instancias requeridas para poner el CPP a punto

La vigencia ordenada y eficaz del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) desde el 16 de julio depende de que el Parlamento sea capaz de corregir a tiempo las muchas imperfecciones del texto actual. Es virtualmente imposible que se logre debido a la complejidad y abundancia de las modificaciones que requiere el proyecto de ley en discusión desde diciembre de 2014. Los cambios pertinentes planteados por el fiscal de Corte, Jorge Díaz, están contenidos en un anteproyecto que el Poder Ejecutivo ya envió al Senado. Pero la diligencia parlamentaria tendría que multiplicar su nivel habitual de revoluciones para que, en unas pocas semanas, se completen en ambas cámaras todas las instancias requeridas para poner el CPP a punto. La meta se complica además porque los legisladores estarán inmersos al mismo tiempo en los controvertidos cambios presupuestales que incluirá la Rendición de Cuentas.

Si no se concreta ese milagro, y como ha propuesto reiteradamente Díaz, la opción a un CPP rengo que tropezará en sus muchos baches es una aconsejable postergación lo más corta posible. Nadie discrepa con la necesidad de perfeccionar el CPP para asegurar su buen funcionamiento. Pero mientras la Fiscalía y otros sectores quieren asegurarlo antes del debut, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) prefiere que se mantenga la fecha dispuesta y se vaya introduciendo mejoras sobre la marcha. La posición de la SCJ es comprensible, dado que han pasado nueve años desde que se empezó a estructurar un sistema acusatorio, más justo y moderno que el anacrónico sistema inquisitorio actual, que incluso motivó una condena de Naciones Unidas a Uruguay. Pero largar con el texto de 2014 augura desequilibrios y contradicciones legales.

Evitarlo exige no solo modificar decenas de artículos del actual proyecto de CPP sino también ocho leyes de incidencia directa en los procesos penales. Incluyen, entre otras, las leyes orgánicas de la Policía y la Fiscalía, de procedimiento policial, de organización de los tribunales y del Código Penal. Díaz ha señalado además la incompatibilidad del texto sobre liberaciones con el sistema acusatorio y la incongruencia de que los delincuentes adultos serán juzgados de acuerdo al nuevo CPP pero los menores seguirían sujetos al sistema inquisitorio. La lógica unificación de la forma de proceso requiere modificar el Código de la Niñez y la Adolescencia.

El reclamo de que haya dos jueces en cada instancia bajo el nuevo sistema, uno de audiencias y otro de sentencia al fin del juicio oral, puede justificarse pero es menos viable por la carencia del suficiente número de magistrados, como sostiene con fundamento la SCJ. Ya crea considerables problemas de personal el aumento del número de jueces, fiscales y demás funcionarios que impone la vigencia del nuevo CPP. Poniendo todo en la balanza, es preferible esperar tres meses más para tener un sistema de proceso penal con todas las garantías de funcionamiento aceitado, siempre que su vigencia no se demore más allá de este año. Pero si se aprueba la postergación pese a la renuencia de la SCJ, los legisladores tendrán que extremar su trabajo para emprolijar el texto que manejan desde hace un año y medio y tener pronto el CPP final en la no tan lejana la fecha del 1º de noviembre propuesta por Díaz.


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