Acuerdo político para impulsar proyecto contra el tráfico de personas

Senadores oficialistas y de la oposición están dispuestos a respaldar una iniciativa integral sobre trata que redactó el Poder Ejecutivo
El gobierno y organizaciones no gubernamentales ayudan a un número creciente, sobre todo de mujeres, que son víctimas del delito de trata de personas. Una de las carencias que se reconocen es la falta de refugios para las víctimas.

En el Parlamento, a instancias de la senadora Daisy Tourné (Partido Socialista) y con apoyo de todos los partidos, se formó una comisión para actualizar la normativa del país sobre trata.

Se espera que la visualización de la problemática ayude a la sociedad a asumirla y cambiar hábitos vinculados a la compra de sexo que en muchos casos son el germen para el tráfico de personas. La trata también refiere al trabajo con señas de esclavitud, a los matrimonios serviles, la mendicidad forzada, la extracción y la transferencia de órganos, así como la venta de niños.

El Poder Ejecutivo ya tiene pronto un proyecto de ley "integral" que actualizará la normativa en un tema que considera "prioritario" en la política de seguridad.

Senadores de distintos partidos dijeron a El Observador que de haber demoras con ese texto, ellos están de acuerdo en presentarlo para empezar el debate.

El proyecto del gobierno, al que accedió El Observador, no solo refiere a la prevención y la investigación de ese delito, sino que pone el acento, sobre todo, en las víctimas.

"Los derechos humanos de las víctimas deben ser el centro de atención en todas las intervenciones y su protección debe priorizarse frente a otras acciones como la investigación y persecución de los tratantes y explotadores", dice el texto que aún recorre despachos de ministerios.

El Parlamento y la Escuela de Gobierno realizaron el mes pasado una jornada internacional sobre trata, viendo cómo involucrar a la población.

Los informes internacionales "nos dan mal", advirtió el senador colorado Pedro Bordaberry. "El país ya es de origen, tránsito y destino de un delito aberrante", comentó.

Tourné dijo que "los porcentajes no son lo más importante", y acotó que hay que "desocultar el tema que es antiquísimo". Hoy la "matriz cultural permite tolerar esas prácticas", comentó la senadora socialista.

En el seminario se manejaron ejemplos como el de Francia, que desde abril de este año, por ley, prohibió la compra de servicios sexuales, según lo marcó Marta Torres, representante de la Coalición Internacional para la Abolición de la Prostitución.

De acuerdo a datos oficiales a los que accedió El Observador, en Uruguay se pasó de un caso de trata y 31 de explotación sexual de niños y adolescentes en el año 2012, a registrarse, el año pasado, un total de ocho casos de trata y 73 de explotación sexual.

"La voluntad política del gobierno en el combate a estos crímenes es unánime", dijo en mayo a El Observador Charles Carrera, director general del Ministerio del Interior, quien aseguró que el problema es mayor a lo que indican los números. Y detrás de cada número hay una historia personal.

Para Marisa Lindner, presidenta del Instituto del Niño y Adolescente (INAU), se está ante un "problema extendido", y recordó que "si hay explotadores es porque hay personas que consumen, hay una demanda", dijo.
El INAU detectó a 284 niñas y adolescentes que hoy están bajo su protección, y que fueron víctimas de explotación sexual y trata.

También hay organizaciones de la sociedad civil con sustento estatal, como El Paso, que dan apoyo a las víctimas de ese delito.

Brindan patrocinio legal, apoyo psicológico y de atención social buscando su reinserción en la sociedad o facilitando su retorno al país cuando fueron llevadas al exterior.

Andrea Tuana, del equipo de dirección de El Paso, dijo a El Observador que trabajan en cuatro áreas: violencia intrafamiliar, violencia a mujeres adultas, trata de personas y explotación sexual.
Hoy atienden 100 casos de trata con fines de explotación sexual, comentó Tuana. Son casos de tráfico interno e internacional y son todas mujeres mayores.

En tres años, esa ONG brindó cobertura a 256 personas. Otra organización en Montevideo que ayuda es Casa Abierta y, según se informó, han detectado casos de trata vinculados a la prostitución.

Coordinación

En Uruguay existe lo que se conoce como Mesa de Trata, donde coordinan acciones los ministerios del Interior, de Desarrollo Social, de Trabajo, de Salud y la cancillería. Además la integran la fiscalía, la Justicia y organizaciones civiles

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