Acuerdos de colaboración y el arte de negociar con los delincuentes

"Se busca darle un premio al que delinquió y está arrepentido", dijo el fiscal Gilberto Rodríguez

En julio de 2013, en el marco del caso por corrupción en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) por el que fue procesado sin prisión el hasta entonces director de ese organismo en representación de los trabajadores, Alfredo Silva, dos empresarios implicados en las maniobras aportaron información a la causa y así uno logró ser procesado sin prisión y sobre el otro el fiscal no efectuó acusación.

En diciembre de ese mismo año en el barco pesquero de bandera panameña Perbes se incautó en el puerto de Montevideo 1,5 toneladas de cocaína. El lugar donde se encontraba escondida la droga fue identificado por un marinero nicaraguense que hizo un acuerdo de colaboración y de esa forma evitó ser procesado, a diferencia del capitán y el armador del buque, ambos colombianos, que fueron imputados y enviados a la cárcel por el delito de narcotráfico.

En los dos casos se aplicó la figura del "colaborador", que esta semana volvió a ser objeto de debate luego de que se informara que Eugenio Figueredo –procesado con prisión en diciembre por estafa y lavado de activos en el marco en la causa Conmebol– negocia con el fiscal especializado en crimen organizado Juan Gómez.

En principio, al acuerdo implicaría que Figueredo aporte información sobre otros bienes comprados con fondos ilícitos, además de las nueve propiedades embargadas a mediados de 2015.

La ley antilavado de junio de 2009 habilita a los fiscales de crimen organizado a "acordar con una persona que haya incurrido en delitos" y reducirle la pena hasta la mitad del mínimo o el máximo de la condena, e incluso a "no formular requisitoria" contra esa persona.

Para eso, el implicado tiene que revelar la identidad de otros autores, coautores o cómplices del delito investigado o dar información que permita incautar droga, dinero armas "o cualquier otro objeto o elemento que pueda servir para la comisión de delitos, planificarlos e incluso recuperar objetos o bienes procedentes de los mismos".

Premio al arrepentido

"Es negociar con quien delinque. No se puede hacer un acuerdo con un inocente, porque en ese caso sería un informante. El acuerdo de colaboración es darle un premio a una persona que delinquió y está arrepentida pero para eso tiene que aportar información valiosa para la investigación", dijo a El Observador el fiscal especializado en crimen organizado, Gilberto Rodríguez.

Para que el acuerdo tenga efecto, la indagatoria tiene que confirmar que la información brindada por el colaborador sea "veraz" y que, además, se trate de elementos a los que no se pueda acceder de otra forma, explicó Rodríguez, que además de fiscal es profesor de derecho penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

Rodríguez ocupa una de las dos sedes especializadas en crimen organizado desde 2013 y estimó que en este período recibió cerca de 50 ofrecimientos de delincuentes para firmar acuerdos de colaboración, pero indicó que aceptó "no más de cuatro o cinco". "Te das cuenta que lo que te ofrece la persona no agrega nada sino que confiesa elementos que ya están claros", explicó sobre las razones por las que desestimó la mayoría de las propuestas.

En octubre de 2013, al concurrir a la Comisión Especial de Lavado de Activos de la Cámara de Representantes, Gómez, que se apresta a firmar un acuerdo de colaboración con Figueredo, sostuvo sobre esa figura: "Los respeto pero creo que no se puede pactar la impunidad de los delincuentes", afirmó el fiscal que hasta ahora no firmó ningún pacto de colaboración, pero ha manifestado que en caso de Figueredo la cuantía de lo que puede recuperar para la sociedad lo lleva a considerarlo.

Gómez dejará su cargo por decisión del fiscal de Corte, Jorge Díaz, el 2 de febrero y pasará a una fiscalía penal ordinaria. En su lugar asumirá la fiscal María de los Ángeles Camiño, que al ser consultada esta semana por El Observador, dijo que los acuerdos deben ser analizados "caso a caso".

La fiscal Mónica Ferrero, que entre 2009 y 2013 se desempeñó en crimen organizado hasta que fue relevada por Rodríguez, discrepó con Gómez y dijo ante los legisladores: "Yo no pacto la impunidad con nadie, yo me apego a la ley". Ferrero afirmó entonces que utilizó "mucho ese recurso" porque la normativa así lo permite, y remarcó que obtuvo buenos resultados.

Por su parte, el abogado tributarista y experto en prevención de lavado de activos, Leonardo Costa –que trabajó en el equipo que redactó la ley antilavado aprobada en 2009 que creó la figura del "colaborador"– indicó a El Observador que los organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aconsejan el uso de ese mecanismo. "Se apunta a combatir los delitos económicos y el arrepentido puede dar información relevante", explicó.

Figueredo y el fiscal "dialogan" sobre el acuerdo

Eugenio Figueredo y el fiscal Juan Gómez avanzan sobre la posibilidad de logran un acuerdo de colaboración que le permita al exdirigente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) lograr un beneficio en el marco de la causa por la que fue procesado con prisión el pasado 24 de diciembre por los delitos de estafa y lavado de activos.

En tal sentido, y con el objetivo de avanzar en los términos y el alcance del posible acuerdo, Figueredo y su abogada, Karen Pintos, se reunieron el martes 19 con la jueza especializada en crimen organizado Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez, informó ayer la revista Caras y Caretas y confirmó El Observador en base a otras fuentes vinculadas al caso. Consultado al respecto, Gómez se negó a confirmar si mantuvo o no una reunión con Figueredo pero reconoció que está "dialogando" con el exdirigente del fútbol de 83 años y que antes de ser enviado a la cárcel en Uruguay estuvo preso en Suiza durante seis meses. Otras fuentes dijeron que la semana próxima se resolverá si se firma o no el acuerdo. Al declarar el 24 de diciembre de 2015, Figueredo dijo que no es un "buchón" pero aportó varios datos de otras personas implicadas en las maniobras de lavado de activos, según informó el semanario Búsqueda en base al acta de esa audiencia.




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