BPS advierte ilegalidad en cambio para el cálculo de las jubilaciones

Una de las modificaciones principales prevé que la tabla de renta inicial mínima –parámetro que sirve de base para determinar el monto a cobrar mensualmente por lo acumulado en la AFAP a lo largo del a vida laboral– deje de ser fijado por el regulador y pase a ser "una referencia" a partir de la cual cada aseguradora deberá agregar sus costos y ganancias. De esa manera, cada aseguradora podrá fijar la renta inicial "libremente".

El informe del BPS señala que la "extinción" de la renta mínima va en contra de la normativa vigente. Según el decreto 125/1996, estos coeficientes de cálculo deben establecerse a partir de tres elementos: el saldo acumulado en la cuenta de ahorro individual a la fecha de traspaso de los fondos desde la entidad administradora a la empresa aseguradora, la expectativa de vida del afiliado de acuerdo a las tablas de mortalidad por sexo que determine el BCU; y la tasa de interés anual que ofrezca la empresa aseguradora, que no podrá ser inferior a la tasa mínima en Unidades Reajustables (UR) que fije el BCU.

Para la Asesoría General en Seguridad Social del BPS, si bien el decreto no establece una renta mínima, sí exige que la renta inicial se calcule con esos elementos y en particular "obliga" a que se tome en cuenta una tasa de interés que no sea inferior a la establecida por el BCU.

"La aplicación de cualquier margen de ganancia, recargo de seguridad, carga de gastos administrativos o la aplicación de una tasa de interés más baja a la fijada por el BCU, al igual que la utilización de cualquier tabla de mortalidad distinta a la establecida por el BCU, no sería posible", dice el informe del BPS al que accedió El Observador.

El estudio solicitado por el vicepresidente del BPS, Gabriel Lagomarsino, fue presentado en la última reunión del banco. En esa instancia, se decidió por unanimidad enviarlo al presidente del BCU, Mario Bergara y al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro.

Este punto también ha sido motivo de cuestionamientos por parte del Equipo de Representación de los Trabajadores en el BPS. Se considera que la modificación "supone un cambio importante en las reglas de juego", porque "asigna una discrecionalidad importante" a las aseguradoras para fijar el valor de la renta vitalicia, según dice un segundo informe al que tuvo acceso El Observador. Hoy las aseguradoras deben cumplir con los mínimos que establece el BCU, que es quien tiene la autoridad en el tema al ser el regulador del mercado de AFAP y seguros.

Los cambios al esquema de rentas previsionales fueron puestos a consulta pública hasta el próximo 28 de febrero. Entre ellos, se establecen nuevas tablas de mortalidad para calcular la cantidad de años por los que una aseguradora tendrá que pagar la renta vitalicia y una tasa de interés para determinar la jubilación inicial.

Hoy hay una tasa de interés técnica única de 1,5% que se usa para toda la vida del jubilado. Ahora se usará una curva de tasas de interés que se actualizará semestralmente atada al rendimiento financiero de títulos de deuda u otros indexados al Índice Medio de Salarios Nominal (IMSN).

Las tablas de mortalidad serán dinámicas y el BCU las actualizará cada año. Respecto a las originales, la esperanza de vida se ha incrementado dos años tanto para hombres (con el cambio pasa a ser 71,75 años) como para mujeres (pasa a ser 79,08).

En ese sentido, otro informe elaborado por la Representación de los Trabajadores en el BPS señala que las nuevas tablas de mortalidad que se usarán para calcular las rentas vitalicias rebajarán entre 12% y 15% las futuras jubilaciones.

Descalce de moneda

En la actualidad, el pago de las pólizas previsionales lo realiza el Banco de Seguros del Estado (BSE), la única aseguradora que participa en ese mercado, después de que las privadas dejaran de hacerlo por considerarlo de muy alto riesgo.

Hoy el BSE recibe de las AFAP el total del dinero ahorrado por el trabajador en Unidades Reajustables (UR), pero tiene la dificultad de no poseer instrumentos de inversión en el sistema financiero que varíen a la par de los salarios, por el que se ajustan las jubilaciones cada año. Así, enfrenta la incertidumbre de no poder calzar los ingresos generados por la inversión de las reservas con las obligaciones que se generan por las rentas previsionales que tiene que pagar en el largo plazo.

Este año el gobierno enviará un proyecto de ley para establecer una nueva unidad de valor, atada al IMSN, que se usará para emitir títulos de deuda pública destinados a las aseguradoras, según había informado El País.

Las modificaciones que impulsa el BCU y que entrarían a regir desde 2018 buscan corregir el problema y también incentivar a que más empresas se vuelquen al pago de rentas previsionales. Las aseguradoras privadas se retiraron del mercado de este tipo de seguros hace unos 10 años.