AEBU criticó “extrema debilidad” en control estatal a cooperativas

El empresario utilizó para la operación al menos dos cooperativas de consumo mencionadas en el auto de procesamiento del juez Néstor Valetti: la Cooperativa de la Previsión Social (CPS) y la Cooperativa de Empleados de la Sociedad Española (Covese).

Una investigación de El Observador reveló que Hermida también invirtió en la Cooperativa de Promoción y Bienestar (Cooprobien), una entidad de ahorro y crédito que comparte domicilio y la mayoría del directorio con CPS.

Solo por prestar dinero a CPS, Hermida, a través de un hijastro, recibía blanqueados $ 1.500.000 al mes. Junto al procesamiento con prisión del empresario, recluido por estas horas en el penal de Libertad, el juez Valetti dispuso el embargo sobre el 90% de esta mensualidad. Sin embargo, el magistrado no trabó embargo sobre lo que recibe aún de Cooprobien. La Dirección de Información e Inteligencia sigue investigando la ruta del dinero del empresario.

Este caso evidenció la falta de controles estatales para prevenir el lavado de dinero en las cooperativas de consumo, como CPS, que le otorgan beneficios a sus socios –desde promociones para la compra de electrodomésticos hasta servicios odontológicos– y en las de ahorro y crédito, como Cooprobien.

“No tenemos la potestad para investigar el origen de los fondos ni el vínculo que puede existir entre los acreedores y los directores de la cooperativas”, dijo a El Observador el auditor interno de la Nación, Hugo Pose, en agosto.

La Auditoría Interna de la Nación (AIN) es el organismo encargado de controlar las cuentas de las cooperativas y las sociedades anónimas. Pose advirtió que “a excepción de una, todas las cooperativas de consumo dan déficit”.

La Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) critica en una nota publicada en su portal la falta de controles y asegura que “la supervivencia de las cooperativas” está “amenazada” a mediano plazo “por conducciones profesionalmente ineficientes y en general poco transparentes”.

Exigen cambio de normativa

AEBU considera que la AIN “muestra una extremada debilidad institucional en materia de contralor”, por contar con cinco profesionales para estudiar los balances de 700 cooperativas. “A la insuficiencia numérica se suma la falta de poder de la AIN para corregir acciones de los directores de estas instituciones, que conspiran contra su sustentabilidad económica. A lo sumo, el organismo puede solicitar la intervención judicial de las cooperativas, un recurso poco frecuente, recientemente aplicado en Cossac y muchos años atrás en la CPS. En ambos casos, escándalos con trascendencia mediática dispararon las medidas correctivas”, agrega AEBU. En ese sentido, el sindicato bancario plantea que “debe avanzarse hacia una nueva regulación” que deberá crear “un organismo de contralor con poder inspectivo y correctivo, con potestades similares (con las lógicas adaptaciones) a las que ejerce el Banco Central sobre los bancos en materia de regulación y supervisión”.

AEBU recuerda que el Grupo de Acción Financiera Internacional, que controla el cumplimiento y la ejecución de la normativa antilavado, inspeccionará a Uruguay en 2016. En ese sentido, advierte que si se mantiene el sistema de contralor actual, “se carecerá de insumos veraces para sustentarlo”. Y agrega: “De allí a una calificación negativa hay nada más que un paso”.
El Banco Central, la Secretaría Antilavado de Activos y el Banco Interamericano de Desarrollo preparan un diagnóstico acerca de los controles antilavado en el sistema financiero y no financiero, que incluye una evaluación de los controles realizados por la AIN sobre las cooperativas. La evaluación culminará en un informe con recomendaciones para el próximo gobierno.