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AEBU y banca privada cierran acuerdo que sigue pauta oficial
Aunque todo estaba dado para que una vez más la banca privada firmara un convenio bipartito por un plazo de 12 meses, que dejaba de lado las pautas planteadas por el Poder Ejecutivo, las negociaciones de los últimos días cambiaron sustancialmente ese panorama.
El sindicato AEBU y la Asociación de Bancos Privados del Uruguay tienen todo encaminado para cerrar esta semana un acuerdo salarial con una fórmula que contará con el respaldo del gobierno.
El convenio se extenderá por un plazo de 18 meses, tendrá un ajuste "muy cercano" a la inflación esperada y un correctivo que, en caso de ser necesario, se aplicará al final del período.
En esta oportunidad, el Poder Ejecutivo transmitió su intención de participar del acuerdo. Eso implicó que todas las partes cedieron en algo su posición inicial. El gobierno flexibilizó el plazo del correctivo de 24 a 18 meses, y el sindicato y los bancos aceptaron extender los plazos de vigencia del acuerdo.
"Todos hicimos un esfuerzo para que el Ejecutivo participara. Nos parece importante", dijo a El Observador una fuente vinculada a la negociación. Hoy solo restan ajustar detalles respecto a la instrumentación de un viático, para que el acuerdo de carácter tripartito que involucra a unos 4.000 trabajadores quede estampado en las actas del Ministerio de Trabajo.
El de la banca privada fue uno de los primeros convenios salariales que en 2015 se apartó de las pautas oficiales que fijó el Poder Ejecutivo, dadas las diferencias de los sindicatos con su contenido.
En esa oportunidad, como el gobierno no flexibilizó su posición, el sindicato y los bancos acordaron un convenio bipartito, con un año de duración, aumento por inflación futura de 9%, más un correctivo, pero sin incremento real.
La firma de acuerdos bipartitos no era algo habitual en los últimos años. En los Consejos de Salarios comúnmente cuando hay diferencias entre empresas y sindicatos, una de las partes termina acompañando la salida que propone el gobierno. En ese caso eso no sucedió, porque el punto de las diferencias se enfocó en la pauta dada por el Poder Ejecutivo. Sobre esa base es que se gestó el acuerdo y el gobierno quedó fuera de la resolución. De hecho, esa fue la tónica que ha marcado buena parte de la sexta ronda de los Consejos de Salarios y que sigue presente en la última tanda de grupos de actividad que deben acordar antes de fin de año.
Un caso claro es el de la industria de la construcción. En la primera reunión tripartita realizada para iniciar la renovación del convenio salarial, la patronal y el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) se levantaron de la mesa y dejaron solo al Poder Ejecutivo ante la negativa de acceder a una flexibilización de las pautas que el gobierno puso sobre la mesa.
Mientras los trabajadores y empresarios son partidarios de ir a un acuerdo salarial a dos años con ajustes anuales y correctivos por inflación pasada cada 12 meses, el gobierno fue contundente respecto a que los ajustes de salarios deben realizarse cada seis meses y los correctivos a 24 meses, aunque en algunos casos accede a reducir ese plazo a 18 meses.
Además, ya dispuso que en caso de que se acuerde por fuera de las pautas, las empresas que tengan contrato de obra pública no podrán trasladar la diferencia a precios.
