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Agua, muebles y maderas: lo que se encontró en el allanamiento
No hubo hallazgos relevantes para la causa por lavado
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29 de abril de 2016 a las 05:00
El conductor disminuyó la marcha del auto hasta que estacionó frente a la portera del campo El Entrevero sobre el kilómetro 171 de la ruta 10. "¿Hay algo para repartir?", preguntó a los policías que respondieron con una sonrisa a la broma. Detrás de la portera, una decena de agentes recorrían el campo de 152 hectáreas que la Justicia embargó al empresario kirchnerista Lázaro Báez, procesado por lavado de dinero. El allanamiento terminó de noche y no tuvo sorpresas. Los agentes encontraron demasiado barro y un container con mobiliario y maderas.
El allanamiento se realizó a pedido de la fiscal María de los Ángeles Camiño y por disposición de la jueza Adriana de los Santos, pero ninguna de las dos magistradas participó de la inspección. Ambas se quedaron en Montevideo para avanzar en una causa de lavado de dinero vinculada al fútbol (ver recuadro). La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid) fue la encargada de realizar el allanamiento con el apoyo de la Jefatura de Policía de Maldonado. A pesar de que esta causa no está relacionada al narcotráfico, la jueza convocó a la Dgrtid por el vínculo que tiene con esa dirección. La confianza de la magistrada con esa repartición se ha consolidado en decenas de allanamientos por droga.
La jueza dispuso vigilancia policial del campo desde la mañana. Los policías rompieron el candado y entraron en dos vehículos a El Entrevero a la hora 16 y se quedaron hasta la noche por un imprevisto. Una camioneta con tracción en las cuatro ruedas se enterró en el barro y los agentes tuvieron que pedir apoyo para recuperarla. ¿Encontraron algo? "Agua", respondió uno de los agentes que salió caminando del campo cuando ya no había luz.
Nada relevante surgió del allanamiento. En el campo ubicado entre José Ignacio y Punta del Este, donde Báez planificaba desarrollar un proyecto inmobiliario, no hay construcciones. Los policías encontraron una fachada deteriorada con restos herrumbrados de un farol, una casilla abandonada a pocos metros y en medio del predio un container con mobiliario y maderas.
En ese campo, que luce abandonado, Báez planificaba desarrollar un barrio privado de la mano de Leonardo Fariña, el valijero que lo delató ante el periodista Jorge Lanata primero y a la Justicia después, y Carlos Molinari, el empresario que le propuso en 2011 al entonces presidente José Mujica comprar los aviones de la exaerolínea Pluna y que logró tomarse una fotografía junto al presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
En El Entrevero Báez planificaba desarrollar un barrio privado de la mano de Leonardo Fariña.
Pero el proyecto inmobiliario se desmoronó y hoy sus principales protagonistas están procesados por lavado de dinero. Báez y su contador, Daniel Pérez Gadín, que figura como presidente de la sociedad anónima que compró el campo, fueron encarcelados este mes. Fariña había sido procesado en 2014 y recuperó la libertad este mes luego de colaborar con el juez Sebastián Casanello.
Molinari también fue enjuiciado en 2014. En el auto de procesamiento, el juez Casanello aseguró que detrás de la supuesta relación laboral entre Fariña y Molinari "se escondía un esquema de negocios ilegítimos por medio del cual el primero canalizó a través del segundo (y su sociedad) ingentes cantidades de capitales cuya fuente se desconoce, pero se presume ilícita".
El juez Casanello aún no ha determinado, en el caso de Báez y Pérez Gadín, cuál es el origen ilícito del dinero. Para que la Justicia uruguaya enjuicie por lavado de dinero al empresario o a su contador necesita saber cuál es el origen de los fondos, cuál es el delito precedente de lavado. Recién luego de procesarlos, la Justicia podrá decomisar el campo, un paso siguiente al embargo que le permitirá al Estado vender la tierra con vista al mar o utilizarla para determinados fines.
Por ello, fuentes vinculadas al caso informaron a El Observador que probablemente el campo se incaute a pedido del juez Casanello, quien busca identificar los bienes de Báez en Argentina y en el extranjero. En el marco de esa búsqueda, el magistrado argentino ordenó en las últimas horas decenas de allanamientos en su país en propiedades del grupo Báez.
En Uruguay, hasta ahora, la Justicia confirmó que El Entrevero pertenece al grupo Báez y tiene sospechas sobre al menos un negocio más que está bajo investigación. Jumey, la sociedad anónima presidida por Pérez Gadín, compró el campo de 152 hectáreas el 1° de agosto de 2011 en US$ 14 millones. Agentes inmobiliarios consultados por El Observador aseguran que el valor de mercado del campo ronda hoy los US$ 9 millones.
Muchos curiosos se acercaron ayer hasta la portera del campo para presenciar el despliegue policial y tomarse fotografías. También estuvo presente la diputada Graciela Bianchi, que integra en Diputados la Comisión Especial de Lucha contra el Lavado de Dinero. La diputada del Partido Nacional anunció que el lunes próximo, junto con la diputada argentina Graciela Ocaña, denunciará operaciones sospechosas de lavado de dinero en el juzgado especializado en Crimen Organizado. La diputada Ocaña presentó una denuncia en 2013 en Uruguay.
Por su parte, la diputada Bianchi dijo a El Observador en la puerta de El Entrevero que trabaja hace tiempo "de forma silenciosa" con legisladores argentinos en la identificación de lavadores de dinero que operan en ambos lados del Río de la Plata.
Al mismo tiempo que la Policía allanaba ayer el campo El Entrevero, la jueza de Crimen Organizado Adriana de los Santos y la fiscal María de los Ángeles Camiño retomaron la investigación por la causa sobre pago de coimas en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por la que a fines del año pasado fue procesado el exdirigente Eugenio Figueredo. Las magistradas interrogaron al abogado argentino Fabián Rinaldi, asesor de la empresa Full Play, eje de la trama de corrupción.
Ayer también debían declarar los empresarios argentinos Hugo y Mariano Jinkis (dueños de Full Play) y Alejandro Burzaco (exgerente de Torneos y Competencias). Ninguno de los tres lo hizo ya que los primeros están en Buenos Aires con una medida que no les permite salir de Argentina y el último porque cumple prisión domiciliaria en Estados Unidos.
El penalista Gustavo Bordes, defensor local de Rinaldi, dijo a El Observador que su cliente explicó que se desempeñaba como "abogado externo" de Full Play, aunque durante casi dos años (entre agosto de 2013 y junio de 2015) presidió la filial local de la empresa. Aclaró que no intervino en decisiones de la compañía y ocupó ese cargo para asesorar a sus clientes. Según Bordes, la declaración fue "muy aclaratoria".
El allanamiento se realizó a pedido de la fiscal María de los Ángeles Camiño y por disposición de la jueza Adriana de los Santos, pero ninguna de las dos magistradas participó de la inspección. Ambas se quedaron en Montevideo para avanzar en una causa de lavado de dinero vinculada al fútbol (ver recuadro). La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid) fue la encargada de realizar el allanamiento con el apoyo de la Jefatura de Policía de Maldonado. A pesar de que esta causa no está relacionada al narcotráfico, la jueza convocó a la Dgrtid por el vínculo que tiene con esa dirección. La confianza de la magistrada con esa repartición se ha consolidado en decenas de allanamientos por droga.
La jueza dispuso vigilancia policial del campo desde la mañana. Los policías rompieron el candado y entraron en dos vehículos a El Entrevero a la hora 16 y se quedaron hasta la noche por un imprevisto. Una camioneta con tracción en las cuatro ruedas se enterró en el barro y los agentes tuvieron que pedir apoyo para recuperarla. ¿Encontraron algo? "Agua", respondió uno de los agentes que salió caminando del campo cuando ya no había luz.
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Policías salen caminando de noche del campo luego de que una camioneta quedara enterrada
Nada relevante surgió del allanamiento. En el campo ubicado entre José Ignacio y Punta del Este, donde Báez planificaba desarrollar un proyecto inmobiliario, no hay construcciones. Los policías encontraron una fachada deteriorada con restos herrumbrados de un farol, una casilla abandonada a pocos metros y en medio del predio un container con mobiliario y maderas.
En ese campo, que luce abandonado, Báez planificaba desarrollar un barrio privado de la mano de Leonardo Fariña, el valijero que lo delató ante el periodista Jorge Lanata primero y a la Justicia después, y Carlos Molinari, el empresario que le propuso en 2011 al entonces presidente José Mujica comprar los aviones de la exaerolínea Pluna y que logró tomarse una fotografía junto al presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
En El Entrevero Báez planificaba desarrollar un barrio privado de la mano de Leonardo Fariña.
Pero el proyecto inmobiliario se desmoronó y hoy sus principales protagonistas están procesados por lavado de dinero. Báez y su contador, Daniel Pérez Gadín, que figura como presidente de la sociedad anónima que compró el campo, fueron encarcelados este mes. Fariña había sido procesado en 2014 y recuperó la libertad este mes luego de colaborar con el juez Sebastián Casanello.
Molinari también fue enjuiciado en 2014. En el auto de procesamiento, el juez Casanello aseguró que detrás de la supuesta relación laboral entre Fariña y Molinari "se escondía un esquema de negocios ilegítimos por medio del cual el primero canalizó a través del segundo (y su sociedad) ingentes cantidades de capitales cuya fuente se desconoce, pero se presume ilícita".
El juez Casanello aún no ha determinado, en el caso de Báez y Pérez Gadín, cuál es el origen ilícito del dinero. Para que la Justicia uruguaya enjuicie por lavado de dinero al empresario o a su contador necesita saber cuál es el origen de los fondos, cuál es el delito precedente de lavado. Recién luego de procesarlos, la Justicia podrá decomisar el campo, un paso siguiente al embargo que le permitirá al Estado vender la tierra con vista al mar o utilizarla para determinados fines.
Por ello, fuentes vinculadas al caso informaron a El Observador que probablemente el campo se incaute a pedido del juez Casanello, quien busca identificar los bienes de Báez en Argentina y en el extranjero. En el marco de esa búsqueda, el magistrado argentino ordenó en las últimas horas decenas de allanamientos en su país en propiedades del grupo Báez.
En Uruguay, hasta ahora, la Justicia confirmó que El Entrevero pertenece al grupo Báez y tiene sospechas sobre al menos un negocio más que está bajo investigación. Jumey, la sociedad anónima presidida por Pérez Gadín, compró el campo de 152 hectáreas el 1° de agosto de 2011 en US$ 14 millones. Agentes inmobiliarios consultados por El Observador aseguran que el valor de mercado del campo ronda hoy los US$ 9 millones.
Presencia legislativa
Muchos curiosos se acercaron ayer hasta la portera del campo para presenciar el despliegue policial y tomarse fotografías. También estuvo presente la diputada Graciela Bianchi, que integra en Diputados la Comisión Especial de Lucha contra el Lavado de Dinero. La diputada del Partido Nacional anunció que el lunes próximo, junto con la diputada argentina Graciela Ocaña, denunciará operaciones sospechosas de lavado de dinero en el juzgado especializado en Crimen Organizado. La diputada Ocaña presentó una denuncia en 2013 en Uruguay.
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Por su parte, la diputada Bianchi dijo a El Observador en la puerta de El Entrevero que trabaja hace tiempo "de forma silenciosa" con legisladores argentinos en la identificación de lavadores de dinero que operan en ambos lados del Río de la Plata.
Declararon por causa Conmebol
Al mismo tiempo que la Policía allanaba ayer el campo El Entrevero, la jueza de Crimen Organizado Adriana de los Santos y la fiscal María de los Ángeles Camiño retomaron la investigación por la causa sobre pago de coimas en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por la que a fines del año pasado fue procesado el exdirigente Eugenio Figueredo. Las magistradas interrogaron al abogado argentino Fabián Rinaldi, asesor de la empresa Full Play, eje de la trama de corrupción.
Ayer también debían declarar los empresarios argentinos Hugo y Mariano Jinkis (dueños de Full Play) y Alejandro Burzaco (exgerente de Torneos y Competencias). Ninguno de los tres lo hizo ya que los primeros están en Buenos Aires con una medida que no les permite salir de Argentina y el último porque cumple prisión domiciliaria en Estados Unidos.
El penalista Gustavo Bordes, defensor local de Rinaldi, dijo a El Observador que su cliente explicó que se desempeñaba como "abogado externo" de Full Play, aunque durante casi dos años (entre agosto de 2013 y junio de 2015) presidió la filial local de la empresa. Aclaró que no intervino en decisiones de la compañía y ocupó ese cargo para asesorar a sus clientes. Según Bordes, la declaración fue "muy aclaratoria".
