La anunciada perspectiva de una renuncia masiva de los médicos que trabajan en el Hospital de Clínicas focaliza la urgencia de su reconversión, desatendiendo las erradas objeciones que hasta ahora la frenan. De lo contrario se encamina al colapso, rápida e inexorablemente, dejando sin atención a los cientos de miles de uruguayos de bajos recursos que dependen anualmente de la gratuidad de los servicios estatales en el deteriorado centro asistencial universitario. La administración Vázquez y Roberto Markarian, rector de la Universidad de la República de la que depende la gigantesca institución, aprobaron en febrero de 2015 recurrir a una asociación del Estado con el sector privado para viabilizarla. El proyecto es modernizar los servicios en varios pisos y asignar otras partes del edificio a emprendimientos privados.
Pero la insistencia irreal de varios actores en que todo lo haga el Estado, notoriamente imposible por carencia de recursos, y los viejos reparos ideológicos a la presencia privada mantienen todo paralizado desde hace un año. La insostenible situación ha estallado ahora con el anuncio de sus médicos de que consideran abandonar sus tareas porque la baja calidad de la atención por falta de instalaciones adecuadas e insumos “traspasa el límite de lo ético”. Los profesionales plantearon esa posibilidad, si las condiciones del hospital no se revierten, ante el Sindicato Médico del Uruguay, según informó a El Observador su secretario general Alejandro Cuesta.
El hospital mantiene algunos servicios eficientes, tanto en atención a pacientes como en facilidades de formación para estudiantes y médicos jóvenes. Pero la mayor parte del edificio muestra un deterioro vergonzoso en baños, cocinas y salas de internación y hay una profunda carencia de insumos básicos. Cuesta señaló que “la calidad de la asistencia que se está brindando en gran parte de los servicios del Clínicas es inadmisible”. Hasta su directora Raquel Ballesté remarcó que es necesario que el proyecto de reconversión, a través de la ley de participación público privada (PPP), se ponga en marcha lo antes posible.
Pero lo rechazan las autoridades de la Facultad de Medicina, la Federación de Estudiantes Universitarios y el sindicato del hospital. Sus argumentos van desde oposición a lo que consideran una privatización hasta pérdida de la autonomía universitaria. El Consejo de la Facultad aduce que el proyecto viola “derechos humanos fundamentales” como “la educación y la salud”. Pero no habrá ni educación para los estudiantes de medicina ni atención a la salud de los uruguayos más pobres si el hospital deja de funcionar, como ocurrirá si sus médicos lo abandonan, avergonzados por sus deficientes condiciones operativas.
El Clínicas está condenado si mantiene su estructura actual. La idea de que el Estado lo resucite es probadamente imposible, porque un gobierno asediado por apremios financieros no está en condiciones de aportar los US$ 100 millones que se estima costará su reconversión. La única salida es que el sector privado participe y que parte del casi centenario edificio se asigne a emprendimientos comerciales relacionados con la salud. Aunque a muchos no les guste, no hay otra forma de rescatar a la institución de su actual declinación agónica por derrumbe de la calidad asistencial, como señala con precisión el cuerpo médico que amenaza abandonarlo.
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