Desde el sábado, familiares de los policías militarizados, que exigen una mayor inversión para garantizar el buen
ejercicio de sus funciones así como un "reajuste salarial" se manifestaron y han impedido la salida de los agentes de sus cuarteles.
Los familiares encabezan la protesta porque los agentes tienen estatus de soldados y el
Código Penal Militar brasileño castiga con una condena de hasta dos años de prisión su participación en huelgas o manifestaciones.
El Ministerio de
Defensa autorizó el envío de las Fuerzas Armadas "para garantizar la ley y el orden" en la ciudad respondiendo a una petición del gobernador.
Para el sindicato, esta decisión constituye un "paliativo" que "no va a resolver el problema de la inseguridad" ya que el combate al crimen solo puede ser efectivo si se invierte en la "reestructuración del cuerpo y en recursos humanos".
"Va a ser un paliativo porque (el Ejército) tendrá que volver un día a los cuarteles y el crimen seguirá entonces libre para actuar", aseveró Legal.