Opinión > Editorial
Al traste con la constitución
Aunque no sean perfectas, nuestra detallada Constitución, más de 19 mil leyes y una abundante colección de normas complementarias constituyen la estructura jurídica en que se basa el estado de derecho. Pero el sistema solo tiene vigencia real, más allá del papel, si las normas se cumplen. Este requisito indispensable muchas veces se viola impunemente, al amparo de la incapacidad ejecutiva o la tolerante indiferencia oficial. El caso más reciente fueron los arbitrarios piquetes que impidieron el acceso del público, así como de los propios empleados que querían trabajar, a supermercados, a un vasto centro de compras, al hotel Conrad en Punta del Este y a laboratorios. Los excesos de los piqueteros hasta cerraron el acceso de pacientes que debían asistirse en un centro de salud.
Los piquetes, de triste historia sindical recurrente en instalaciones de diferente tipo pese a que están expresamente prohibidos, hasta causaron una muerte años atrás. Se les agregan otras transgresiones como las ocupaciones, los paros injustificados, como los del sindicato municipal Adeom que condenan asiduamente a los montevideanos a vivir entre la basura, y hasta la paralítica inoperancia para pacificar el fútbol. Los reclamos salariales que generan la mayoría de las medidas pueden estar más o menos justificados en muchos casos. Pero es inaceptable que se presione su concreción con acciones ilícitas que, además, toman de rehén y crean graves inconvenientes a grandes sectores de la población.
Un panorama igualmente grave se vive con las ocupaciones. Aunque el gobierno retiró su validez de una ley que las reconocía como extensión del derecho de huelga, siguen autorizadas bajo un decreto. Como el Estado las sufrió en carne propia en varias oportunidades, después de una asonada de extremistas que invadieron la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el gobierno emitió otro decreto prohibiéndolas. Pero pervirtió todo sentido de ecuanimidad y equilibrio al prohibirlas solo para edificios del sector público, manteniéndolas autorizadas para instalaciones privadas. Ni siquiera se cumple ese discriminatorio decreto, como lo evidencian las toleradas ocupaciones recientes de centros de estudios y hospitales públicos. Y en el caso del sector privado, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha dictaminado que las ocupaciones solo son permisibles si se habilita el ingreso de quienes quieran cumplir sus tareas y de los dueños o responsables del lugar. Estos requisitos jamás se han cumplido.
En el caso del fútbol, además de los enredos contradictorios, la profusión de proyectos improductivos y las vacuas declamaciones de autoridades y dirigentes, existen normas legales que ni el Poder Ejecutivo ni el Judicial aplican para radiar y castigar a los responsables de los frecuentes actos de vandalismo y de la violencia que a veces cuesta vidas. Todo concurre a una triste comprobación. La Constitución suele ser transgredida, al punto de que la SCJ en seis oportunidades declaró inconstitucionales medidas dispuestas por la administración Mujica. Hay leyes adecuadas que yacen ignoradas y decretos que tampoco se cumplen, como ocurre con los dos vigentes sobre las ocupaciones. La conclusión es que urge que los gobiernos, tanto el actual como los que lo seguirán, observen estrictamente la estructura legal, en vez de aceptar pasivamente un desorden que tantas veces bordea la anarquía. Y podría empezar con los piquetes, cuya ilegalidad es manifiesta como arma de lucha sindical.
