Alentador acuerdo sobre código penal

Los grupos multitudinarios de debate suelen ser el sepulcro de buenas intenciones

Los grupos multitudinarios de debate suelen ser el sepulcro de buenas intenciones. Pero gratifica reconocer el error de quienes anticipamos con escepticismo ese resultado para la convocatoria del presidente Tabaré Vázquez a todos los partidos y al Poder Judicial para acordar temas que atenúen la inseguridad pública. La tercera de estas reuniones aprobó la indispensable aplicación plena para mediados de 2017 del postergado nuevo Código del Proceso Penal (CPP), además de aprobar otros temas de la órbita judicial, especialmente el relativo a la aceleración de sentencias. Quedan pendientes muchos temas trascendentes sobre seguridad, incluyendo saturar el patrullaje callejero por la Policía y eventualmente efectivos militares y la modernización de nuestro desparejo sistema penitenciario

Pero fue un avance importante que el gobierno diera marcha atrás en su idea de implementar el CPP solo en forma parcial y restableciera las fechas inicialmente previstas para su vigencia plena. La postergación se basaba en los actuales apremios financieros, difiriendo los gastos que conllevan las instalaciones físicas para juicios orales y públicos y la contratación de más jueces, fiscales y personal administrativo. Pero Vázquez reconoció la necesidad de ponerlo en funcionamiento total, en su última reunión con líderes del Frente Amplio y de la oposición, del presidente de la Suprema Corte de Justicia y del fiscal de Corte. Resta ahora que los acuerdos se amplíen en las próximas reuniones del grupo, sobre temas de seguridad que todavía exigen definición.

Es un buen precedente haber resuelto que en la Rendición de Cuentas de este año se arbitre la totalidad de los recursos necesarios para que, entre el 1º de enero y el fin de junio de 2017, el CPP esté operando de manera completa. Aunque persiste en parte del oficialismo la idea de hacerlo en forma gradual, este curso es imposible porque violaría el artículo 8 de la Constitución que establece que “todas las personas son iguales ante la ley”. Si algunas fueran juzgadas en Montevideo y otros departamentos bajo el nuevo CPP y otras lo fueran bajo el código actual, esa igualdad desaparecería en el territorio nacional, dando lugar a recursos de inconstitucionalidad. La vigencia plena en todo el país, en cambio, asegura a todos juicios más rápidos, equilibrados y justos al desaparecer el anacrónico y enredado sistema inquisitorio actual. Bajo el nuevo régimen acusatorio, similar al vigente en los países más desarrollados, el fiscal será quien investigue y acuse, los defensores podrán ejercer mejor su función y el juez se limitará a dictar sentencia luego de evaluar todo en juicios orales y públicos. Falta todavía el sistema de jurados para decidir culpabilidad o inocencia, pero lo aprobado ahora es un enorme salto hacia la modernización judicial.

Otro importante resultado de estos encuentros es la demostración de que, como ya ocurrió con el acuerdo de una política de Estado sobre eventual explotación petrolera, todo el sistema estatal y partidario es capaz de reunirse armónicamente para decidir temas cruciales. Esta actitud contrasta con lo que ocurre en Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia, donde oficialismo y oposición relegan los intereses de sus pueblos al mantenerse en permanente estado de guerra. Algo de esta rispidez asoma con cierta frecuencia en Uruguay, pero estamos demostrando en este tema vital del proceso penal que somos capaces de superarla.


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