El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denunció este viernes la salida del aire de la señal de CNN en español, la que consideró una medida "autoritaria" incompatible con las normas interamericanas contra la censura.
"El gobierno de Venezuela, de forma autoritaria, volvió al ataque contra la libertad de expresión, la democracia y el derecho a la información del pueblo venezolano", dijo Almagro en un video colocado en su cuenta de Twitter.
El miércoles el presidente Nicolás Maduro ordenó la expulsión de los operadores de cable de la filial en español del canal estadounidense, a la que tachó de "instrumento de guerra".
Pero el secretario general del organismo regional señaló que la decisión refuerza "un régimen de censura previa incompatible con los instrumentos interamericanos que prohíben la censura para informaciones de notorio interés público".
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La respuesta del gobierno venezolano se originó en un reportaje de CNN difundido la semana pasada que denunciaba una supuesta venta de pasaportes y visas en la embajada venezolana en Bagdad, que pudieron haber terminado en manos de personas ligadas al terrorismo.
El gobierno de Maduro negó esas afirmaciones y descalificó las fuentes del reportaje.
Almagro, un duro crítico del gobierno venezolano, también denunció la detención y posterior expulsión de dos periodistas brasileños que investigaban las ramificaciones en Venezuela del escándalo de corrupción de la empresa Odebrecht.
"La libertad de expresión tiene una función social fundamental en el sistema democrático. La censura y el hostigamiento a la prensa están volviendo la libertad de expresión en Venezuela una declaración teórica", denunció.
La semana pasada, Almagro anunció que próximamente publicará la versión actualizada de su crítico informe sobre Venezuela, en el que citará los "serios retrocesos" humanitarios y electorales luego del inicio del accidentado diálogo entre gobierno y oposición.
La primera versión del documento, que el diplomático presentó en junio pasado a los países miembro, denunciaba "una grave alteración del orden constitucional" y democrático en Venezuela, y puso al país petrolero en el centro de acalorados debates en el organismo regional.
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