Álvaro Garcé: "El gobierno pasó a un segundo plano el tema carcelario"

El Observador envió por correo cinco preguntas al excomisionado parlamentario para las cárceles, Álvaro Garcé, quien en las últimas elecciones fue candidato a intendente de Montevideo por el Partido Nacional.

Al final del período 2010-2014, nuestras cárceles presentaban un descenso general en los niveles de sobrepoblación, pero sin llegar a superar completamente el hacinamiento. El caso más claro donde este persiste es Canelones. Como resultado de las inversiones realizadas a partir de 2009 –reforzadas en el presupuesto quinquenal 2010-2014– se produjo un notorio avance en la infraestructura penitenciaria. La construcción de nuevas instalaciones permitió dejar atrás algunos de los peores escenarios, como las "latas" (Libertad), las viejas cárceles de Rivera, Mercedes y Minas, y la desbordada Las Rosas. Sin embargo, Florida, Tacuarembó y Artigas mantienen los mismos edificios obsoletos e inaceptables.

Los progresos en materia de gestión fueron mucho más discretos que el avance en infraestructura. El logro mayor en este plano fue el aumento en la cantidad de personas que estudian o trabajan durante la reclusión, pero eso solo, aunque constituye un dato positivo, no define por sí la existencia de un "nuevo modelo penitenciario", como apresuradamente ha esgrimido el Ministerio del Interior. Tampoco son creíbles los anuncios de una drástica reducción de la reincidencia. El ministro (Bonomi), con sus peculiares criterios de percepción de la realidad, ha dicho que lo que España logró en 15 años nosotros lo hicimos en cuatro. El supuesto descenso de la reincidencia a niveles del 50% es una fantasía, apoyada en manejos estadísticos muy poco confiables.

La afirmación que atribuye la condición de "universidad del delito" a mi juicio sigue siendo justificada, aun tomando nota del incremento en los niveles de estudio y trabajo. El ocio compulsivo al que todavía se encuentra sometida una gran porción de la población reclusa –un 40% según el ministerio; yo creo que es bastante más, nuevamente en razón de caprichosos criterios oficiales– sumado al consumo masivo de drogas determina una influencia nefasta, especialmente para los más jóvenes. A esto hay que agregarle una claudicación no resuelta: salvo en el penal de Libertad, donde los celulares fueron bloqueados, en el resto de las cárceles los internos disponen de un fácil acceso a celulares, que emplean para diversos fines, desde comunicarse con la familia hasta la planificación y coordinación de actividades delictivas.

Se ha mejorado el sistema de diagnóstico y clasificación de la población reclusa –un ejemplo es el centro que funciona en la excárcel Central-, pero todavía existe la posibilidad de reclutamiento y "formación" de nuevos cuadros para los grupos de crimen organizado. Subsiste la tradicional organización donde los "brazos gordos" captan y ponen a su servicio, dentro de la cárcel, a delincuentes más inexpertos; el suministro de drogas constituye en este sentido una típica moneda de cambio.

Según un aforismo romano "la acción es la medida del interés": luego de un lustro de impulso a los cambios en el sistema carcelario –aun con las limitaciones señaladas– el actual presupuesto, en lugar de encaminar definitivamente la reforma en la orientación debida –la salida de las cárceles del Ministerio del Interior– prevé el nombramiento de una comisión que estudie el tema. Así llegaremos a 2040 con la misma y fracasada organización institucional, es decir, con el sistema carcelario anclado dentro de Interior. Tengo la impresión de que, pasadas las urgencias carcelarias más graves y con otras luces rojas a la vista, el gobierno pasó a segundo plano el sistema penitenciario.

En general las cárceles han sido el patio trasero, la realidad silenciada de la mayoría de los países. Las pocas excepciones donde verdaderamente existen buenas prácticas las encontramos en los países escandinavos y algunos otros de Europa. En Suecia, una maestra de jardinera es la jefa de Policía de Estocolmo, una fuerza con miles de efectivos, y el resultado ha sido el cierre de cárceles por falta de presos; Holanda se postuló como lugar de cumplimiento de penas comunitarias (jurisdicción de la Unión Europea) por tener excedentes de plazas. La clave está en tener sistemas que no refuercen los hábitos delictivos, con el respaldo de una buena política criminal (entiendo por tal la que no centra los recursos punitivos únicamente en el encierro). Los países exitosos en la materia tienen una idea clara de qué hacer con el delito y qué hacer en el tratamiento del delincuente, y respaldan seriamente esas ideas con políticas públicas.