ANCAP apronta recambio de gerentes con otra reestructura

El ente petrolero cuenta con 29 gerencias y las autoridades buscan reducir esa cantidad

La nueva administración de ANCAP tiene en marcha una etapa de revisión en su gestión que implicará la evaluación a fondo de todas las gerencias que tiene el ente en su propia empresa y las colaterales que la integran, según supo El Observador. El ente petrolero cuenta actualmente con 29 gerencias, un número que puede reducirse en función de las conclusiones a las que llegue un trabajo que está encabezando el actual gerente general de ANCAP, Ignacio Horvath. Ese estudio pasará luego por el Directorio, donde se terminarán de aprobar los cambios que se crean oportunos.

De hecho, una de las opciones que está en carpeta es la posibilidad de suprimir gerencias como la de Controles, que es el departamento que lleva a cabo los sumarios. Se considera que hay superposición de tareas con la gerencia de Servicios Jurídicos, que supervisa la tarea de los sumarios.

Una de las fuentes habló de cambios en ocho gerencias, aunque otra precisó que todavía “no hay nada oficial” al respecto. Está previsto que los cambios y ajustes en la estructura gerencial de ANCAP se vayan procesando en el correr del próximo semestre.

Las fuentes calificaron ese proceso como “natural” a la gestión de cualquier empresa que pretenda mejorar su desempeño. “A nadie le debería sorprender. Es algo que pasa en cualquier empresa del ámbito privado”, justificó uno de los informantes.

Según otro de los informantes, la mayoría de los gerentes que serán removidos fueron impuestos en sus cargos durante la presidencia de Daniel Martínez.

$ 104 mil es el salario mínimo que cobra un gerente de ANCAP y corresponde al área de Relaciones Institucionales para alguien que acaba de ocupar el cargo. El gerente general cobra $ 270 mil.

Los cambios ya realizados

Desde que asumió Marta Jara al frente de ANCAP ya hubo cambios en dos negocios pesados de la empresa. El primero fue la remoción del exgerente de la división Pórtland, Juan Romero, en agosto del año pasado. El negocio del cemento de ANCAP es hoy uno de los mayores lastres que aún tiene pendiente por resolver la actual administración. El año pasado el rojo de Pórtland llegó a US$ 26 millones, y en la última década supera los US$ 200 millones.

En lugar de Romero asumió Fernando Acuña, un funcionario con una larga trayectoria en ANCAP que incluso tuvo un breve pasaje por el Directorio del ente.

Romero había sido denunciado ante la Justicia junto a otros dos gerentes en 2012 por el contador Jorge Pérez por no haber investigado irregularidades en el control de la facturación de Pórtland. El contador, que trabajaba en la empresa estatal como delegado del Tribunal de Cuentas, aseguraba en su denuncia que la aprobación de los pagos a proveedores en Pórtland se realizaba “a ciegas”, “sin ver las facturas”.

En la denuncia que presentó la oposición ante la Justicia por el caso ANCAP hay un capítulo vinculado al negocio del cemento.

El ente aprovechó el cambio para realizar otros ajustes en esa oportunidad. La unidad Pórtland, que dependía de Negocios Diversificados, pasó a depender directamente del gerente general. Lo mismo ocurrió con el departamento Económico Financiero y Jurídica, que antes dependían de la gerencia de Servicios Compartidos.

Un mes después de la remoción del gerente de la división Pórland, el Directorio de ANCAP decidió tomar el mismo camino con la gerencia general de ALUR, que por ese entonces desempeñaba Manuel González. La firma de un preacuerdo colectivo con el sindicato, que establecía ajustes salariales cada dos meses y por el total de la inflación, desató una fuerte polémica ya que se apartaba sensiblemente de los lineamientos que había fijado el propio Poder Ejecutivo para la negociación colectiva. Finalmente, el convenio no se firmó en esas condiciones por el rechazo de Directorio de ANCAP que luego comunicó el cese de González y procedió a nombrar a Victoria Hernández en su lugar.

ALUR volvió a estar en la escena pública en los últimos días. Luego de una investigación administrativa interna, la subsidiara de ANCAP decidió despedir a tres funcionarios involucrados en una maniobra que implicó el pago a un proveedor de una factura por US$ 100 mil cuando debía abonar $ 100 mil. La resolución abarcó a los jefes de mantenimiento y de producción y a una contadora de la división Paysandú.