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ANCAP cierra petroquímica y reduce negocios en Argentina

El ente repliega posiciones en la vecina orilla, ahora con nueva reestructura en Carboclor
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31 de mayo de 2017 a las 05:00

La grave situación financiera por la que atraviesa llevó a que el directorio de Carboclor, la petroquímica que ANCAP opera en Argentina, resolviera cerrar las dos plantas de producción de solventes y concentrarse únicamente en el negocio de almacenaje y logística, asociado a la terminal portuaria de Campana en Buenos Aires.

Ese paso representa un nuevo repliegue de los negocios de la petrolera estatal en la vecina orilla. En febrero del año pasado había cedido a YPF por US$ 18 millones la participación de su filial PetroUruguay SA (20%) en el área de explotación de hidrocarburos de Aguada de la Arena, ubicada en la provincia del Neuquén.

La otra unidad de negocios era la red de estaciones Petrolera del Conosur que ANCAP tenía en sociedad con Pdvsa y que vendió en 2011, luego de atravesar 12 años con pérdidas acumuladas por unos US$ 100 millones.

La realidad de Carboclor

El 2017 no empezó nada bien para Carboclor. Lejos de mostrar señales de mejora, en el primer trimestre perdió US$ 1,7 millones, tras tener el peor desempeño de su historia en 2016 cuando reportó un rojo por US$ 18 millones.

En diciembre pasado ANCAP había solicitado el concurso preventivo de acreedores con el objetivo de evitar la quiebra y tratar de salvar a la empresa. Eso le permitió suspender la ejecución de los intereses por deudas y seguir con la operativa bajo la vigilancia de un síndico y un comité de acreedores.

Ahora el proceso de reestructuración implica suspender la producción y recortar entre 120 y 150 puestos de trabajo de un total de 200 funcionarios. Para ello, el directorio de Carboclor dispuso el lunes presentar un procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo de Argentina.

A través de ese mecanismo la autoridad laboral de la vecina orilla examinará si el pedido es procedente y si hay causas que justifiquen el despido de personal que sería afectado por la medida. El diario El Cronista de Buenos Aires informó ayer que el personal permanecía en las plantas a la espera de los telegramas de despido.

La empresa es propiedad en 75% de Ancsol SA (la firma que tiene ANCAP en Argentina) y 25% de las acciones pertenece a privados y cotizan en la Bolsa porteña. El cierre de la planta fue confirmado en un comunicado firmado por la responsable de Relaciones con el Mercado, Mariana Trentin, y que fue enviado a la Comisión Nacional de Valores de Argentina.

Fuentes de la empresa consultadas por El Observador indicaron que por el momento se seguirán brindando servicios de logística en el puerto de Campana y monitoreando la evolución de la situación. No está descartado que en un futuro se opte por dejar definitivamente el negocio. "Vamos paso a paso", dijo uno de los consultados.

Los últimos estados financieros publicados dan cuenta de que al 31 de marzo la compañía tenía un pasivo concursable corriente por US$ 26,3 millones, entre los cuales figuran cuentas comerciales a pagar por US$ 8,5 millones y préstamos pendientes otorgados por entidades financieras por US$ 15,3 millones. En tanto, el total de pasivos concursales no corrientes es de aproximadamente US$ 1 millón.

El futuro acuerdo con los acreedores puede pasar por la venta de las acciones o el diseño de planes de refinanciación con quitas o nuevos plazos de pago, entre otras alternativas. También puede pasar que un tercero (sea acreedor o no) adquiera las acciones y negocie un plan de pago con el conjunto de acreedores. De hecho, continúan habiendo sondeos con interesados para vender total o parcialmente la empresa.

La presidenta de ANCAP, Marta Jara, reconoció en más de una oportunidad que la petroquímica tiene una situación "compleja" y que sus autoridades están enfocadas en tomar las medidas "que se tengan que tomar".

5,73% cayeron el martes las acciones de la compañía en la Bolsa de Buenos Aires hasta 1,48 pesos argentinos tras conocerse el cierre de las plantas de producción de solventes.


Un golpe de gracia

Uno de los principales productos que elabora la petroquímica se denomina MTBE (componente de alto octanaje para la elaboración de naftas sin plomo contaminante), pero su comercialización en Argentina fue prohibida a comienzos de 2016 debido a una nueva regulación. Ese cambio complicó todavía más su horizonte de corto y mediano plazo.

El año pasado, autoridades de ANCAP y de gobierno habían manejado la posibilidad de que en el futuro el modelo de negocios tuviera un giro más logístico que industrial para mitigar el impacto por el cambio de regulación. El giro de Carboclor era en 90% industrial y 10% logístico.

"Es una petroquímica seria y tienen en su predio una terminal portuaria. No es una cosa menor. Es una empresa con perspectivas, digamos, si la toma alguien que la incorpore por ejemplo a otro negocio. Es una empresa que tiene un futuro interesante. Vamos a dejar que el directorio de ANCAP haga su trabajo, y que le encuentren una buena solución. Estoy segura que la van a encontrar", había dicho la ministra de Industria Carolina Cosse en setiembre pasado.

La operativa de Carboclor comenzó en 2003 y desde esa fecha la pérdida acumulada es de
US$ 20,3 millones. Entre 2009 y 2012 la empresa obtuvo ganancias, pero en 2013 comenzó una racha negativa que la llevó a perder US$ 36,1 millones en el acumulado cerrado a 2016. A pesar de sucesivas capitalizaciones y otros mecanismos de financiación que se instrumentaron, no se ha logrado revertir la mala situación.

La costumbre de "pedir plata"


Junto con el pedido de concurso en diciembre de 2016, el directorio de Carboclor cesó a su gerente general, Alfredo Baltazar Fernández. Una fuente del ente petrolero dijo en esa oportunidad a El Observador, que el funcionamiento de las autoridades no era de los más adecuados porque "estaba la costumbre de pedir plata (a ANCAP) cada vez que había que tapar algún agujero". Fernández había asumido como gerente general en diciembre de 2014, durante la presidencia en ANCAP de José Coya. Entre 2001 y 2009 había desempeñado un cargo similar en Petrolera del Conosur, la red de estaciones de ANCAP y Pdvsa en Argentina que perdió unos US$ 100 millones.


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