Ancap, del pedestal a la lápida

Aunque haya impuesto su mayoría en el Senado, ni la gente más crédula puede compartir el ingenuo intento del Frente Amplio de eximir de culpas a la desastrosa administración de ANCAP. Desde la bancada del gobierno hubo endebles argumentos defensivos, en medio de disensiones internas del bloque sobre culpables, lo que debilitó aun más al oficialismo. La misión imposible de ocultar errores de gestión, o cosas peores, fracasó en mitigar la estrepitosa caída del ente del pedestal frenteamplista a la lápida de las fundadas conclusiones de los tres partidos opositores. El partido gobernante perdió la oportunidad de recuperar credibilidad ante la opinión pública, sincerándose con la admisión de claudicaciones en el funcionamiento de la mayor empresa del Estado. El resultado es quedar expuesto a pagar el alto costo político del descrédito. Pero ese no es el tema principal.

Lo prioritario es qué hacer con ANCAP. Los partidos Nacional, Colorado e Independiente presentaron, en forma detallada y con pruebas, decenas de instancias de mala gestión, posibles violaciones a la Constitución, contratos irregulares y seis casos que presuntamente conllevan corrupción, los que serán elevados por la oposición en forma conjunta a la Justicia penal. Los jueces dictaminarán si hubo actos corruptos e impondrán los castigos que marca la ley. Pero separadamente es imperativo rever la estructura de ANCAP si se quiere que sobreviva. Los informes de la oposición incluyen algunas sugerencias valiosas. Una es que los directores de los entes autónomos no puedan postularse a cargos electivos por un período de cinco años, para evitar el uso de sus cargos para promoción electoral. Otra es aumentar la autoridad de gerentes técnicamente idóneos como contrapeso a directores políticos.

Pero hay que ir más lejos para evitar que se repitan los más de US$ 600 millones de pérdidas en los últimos tres años y el salvataje con US$ 870 millones entre capitalización directa y endeudamiento público. ANCAP tiene serias dificultades para recuperar viabilidad económica si no modifica su estructura actual. La pequeña refinería de La Teja es ineficiente por baja productividad, hasta cuatro veces inferior a la de una planta similar en Chile y generada en gran parte por exceso de personal. ALUR y el sector cementero son deficitarios. La pobreza de gestión, sus monopolios y los empleos innecesarios están en la base del problema.

La empresa necesita, en primer lugar, ser reestructurada y dirigida por técnicos de primer nivel, sea cual fuere su color partidario, y no por gente nombrada por motivos políticos. No puede haber áreas u operaciones deficitarias. Los funcionarios excedentes, que no pueden ser despedidos por la inamovilidad que los que protege de por vida, deben ser redistribuidos donde sean útiles. Y para los que no tengan cabida, será menos oneroso mandarlos a sus casas, aunque sigan cobrando sus salarios. No son soluciones fáciles. Pero son las únicas que pueden justificar la existencia del ente, imitando el ejemplo de UTE y ANTEL, las únicas empresas públicas que funcionan con razonable eficiencia, en parte porque, a diferencia del monopolio petrolero, compiten o se complementan con el sector privado en algunas áreas. Si no se toma ese camino, probablemente habrá que volver a inyectarle cuantiosos recursos públicos para que sobreviva, con cargo a la población contribuyente y al déficit fiscal.