ANCAP negó a indagados pagar abogados para causa investigada

Tres encargados declaran el jueves 23 ante Crimen Organizado en la primera audiencia
La causa por presunta corrupción en la gestión de ANCAP, que es investigada por la Justicia especializada en Crimen Organizado a raíz de una denuncia presentada por integrantes de la oposición, llevó a la empresa a marcar una postura clara respecto al respaldo a los jerarcas que serán citados. Al tratarse de citaciones personales, no se les pagará asesoramiento legal, por lo que deberán buscarse sus propios abogados o, en su defecto, recurrir a los de oficio.
Hace algunos meses, el Directorio de ANCAP se reunió con gerentes que sabían que podían ser llamados a declarar, y ante el pedido de que el organismo se hiciera cargo de sus defensas la respuesta fue negativa, indicaron fuentes del organismo a El Observador.

Esa posición se debió principalmente a que se considera que son citaciones que escapan a la gestión actual de la empresa. De hecho, el cedulón no es enviado a ANCAP sino al domicilio particular de los involucrados.

En un principio, esa resolución se mantendrá para todas las audiencias que sigan a las pautadas para la semana entrante. De todas maneras, a medida que la causa avance se podrá volver a considerar y cambiar de decisión, dijeron las fuentes.
La jueza especializada en Crimen Organizado Beatriz Larrieu marcó las primeras audiencias para el jueves 23 y viernes 24 de febrero, y estarán centradas en la fiesta que se realizó por la inauguración de la planta desulfulizadora de La Teja, informó el semanario Búsqueda. Así lo solicitó la exfiscal del caso, María de los Ángeles Camiño, quien pidió el miércoles ser trasladada y dejar de estar a cargo de una de las dos fiscalías de Crimen Organizado. Ayer asumió en su lugar el fiscal Luis Pacheco.

En la primera audiencia declararán como indagados el secretario general del ente, el gerente de Relaciones Institucionales y Comunidad, y la gerenta de Comunicación Corporativa. Al día siguiente, deberán concurrir también como indagados el director de la agencia de publicidad La Diez, y el titular de Latin Design & Envents. Esa empresa fue contratada por La Diez para organizar el evento, que tuvo un costo de unos US$ 360 mil y está dentro de la denuncia presentada en abril del año pasado.

A pesar de que Camiño había pedido que fueran citados como testigos, la jueza Larrieu consideró que debían ir a declarar en calidad de indagados para que tuvieran "mayores garantías", según dijo a Búsqueda.

Concurrir a un juzgado como indagado le da el derecho a la persona a tener un abogado desde el primer momento, a conocer exactamente qué está investigando la Justicia y a no brindar ciertas declaraciones con el fin de protegerse. En el caso de los testigos, deben sí o sí decir la verdad porque de lo contrario pueden incurrir en falso testimonio.

Antecedente cercano

Haber contratado asesoramiento legal para defender a gerentes de la empresa ya le trajo problemas a ANCAP en un caso reciente. En octubre del año pasado, el Tribunal de Cuentas de la República observó al ente por la contratación por US$ 20 mil más IVA de un estudio de abogados para la defensa de gerentes en un juicio penal por una denuncia que había presentado un funcionario.

En el fallo, difundido en su momento por radio El Espectador, se argumentaba que "la responsabilidad penal es necesariamente de carácter personal, por lo que asignar fondos públicos a título de auxiliatoria económica para la defensa de tres funcionarios, denunciados por otro funcionario (...) se encuentra reñido con elementales principios de buena administración".

"La asistencia económica no se encuentra debidamente justificada ni fundada desde el punto de vista jurídico, por carecer de norma habilitante", agregaba.

En otra causa en la que estaba involucrado otro organismo del Estado, la decisión fue la misma. El Banco República pagó en 2012 US$ 15 mil más IVA al abogado Gonzalo Fernández para brindarle asesoramiento legal al entonces presidente del organismo, Fernando Calloia, en el juicio por la exaerolínea de bandera uruguaya, Pluna, por el que terminó siendo procesado sin prisión junto al exministro de Economía, Fernando Lorenzo. Esa cifra se sumaba a los casi US$ 140 mil que recibió Fernández por su participación en el cobro del aval que el BROU le extendió a la empresa Cosmo para que pudiera participar en la fallida subasta de los aviones de la aerolínea.

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