Aplicaciones del transporte tributarán a la renta e IVA

El gobierno definió que choferes deberán registrarse como pequeñas empresas, aunque Uber quería que fueran monotributistas; IMM y DGI coordinarán fiscalización
Por Lorena Maya y Álvaro Irigoitía

Tras varias semanas de negociaciones y en acuerdo con dos de las tres empresas que brindan el servicio de transporte a través de aplicaciones, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) enviará en los próximos días un decreto a Presidencia en el que establecerá cómo tributarán esas compañías.

Según explicó a El Observador el subsecretario de esa cartera, Pablo Ferreri, el proyecto de decreto dispone que las plataformas deberán pagar el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) o el Impuesto a la Renta de los No Residentes (IRNR), según corresponda, además del IVA por los beneficios obtenidos sobre la comisión que cobra la aplicación, no sobre el total del viaje. Ese tasa de IVA es la que se aplica al transporte, que es del 10%. Con respecto al tributo a la renta, si la empresa está radicada en el país, se cobrará el IRAE sobre el 100% del beneficio; de lo contrario, se aplica IRNR sobre el 50% del beneficio que percibe la aplicación.

En tanto, para poder realizar el servicio, los conductores que trabajen tanto para Cabify, como para Easy y Uber tendrán que registrarse como pequeñas empresas.

Eso último generó discrepancias con Uber en la negociación con Economía. Si bien Cabify y Easy estuvieron de acuerdo, no sucedió lo mismo con Uber, que buscaba –y ya se lo había hecho saber al gobierno en 2016– que sus choferes pagaran por monotributo, un impuesto más barato pero que no cubre la seguridad social de los trabajadores, por lo que fue descartado por las autoridades.

El subsecretario del MEF señaló que se definió la modalidad de pequeña empresa para que los choferes de vehículos particulares estuvieran "en un plano de equidad con los taxistas".
"Entendemos que la mayoría no pagará el monto completo (unos $ 8.000 mensuales) porque tienen otra actividad dependiente o ya cuenta con empresa", señaló Pablo Ferreri.
En ese régimen, el pago mensual es fijo y por un máximo –entre los aportes a la Dirección General Impositiva (DGI), el Banco de Previsión Social (BPS) y la cobertura mutual–, que no supera los $ 8.000.
"Se generó un mecanismo equitativo con otros ya establecidos que es accesible, y como en gran medida los que utilizan las aplicaciones tienen cobertura mutual, es menos de lo que se tendría que pagar si no se tuviera otra actividad laboral", afirmó Ferreri.

El jerarca explicó que como "en la enorme mayoría de los casos", los conductores de aplicaciones cuentan con otra actividad, no tendrán que pagar el monto completo. En el caso, por ejemplo, de quienes ya cuentan con una unipersonal, no tendrían costos nuevos porque podrían usar esa empresa para su actividad.

Por otra parte, el régimen de pequeña empresa contempla la posibilidad de que el pago sea gradual para los nuevos inscriptos, es decir que el primer año se pague el 25% del tributo, el segundo año el 50% y recién a partir del tercer año se pagaría el 100%, indicó Ferreri.

Una vez promulgado el decreto, lo que ocurrirá "en los próximos días", se coordinará entre la DGI y la Intendencia de Montevideo el comienzo de la fiscalización conjunta sobre las empresas y los conductores.

Malestar por registro

Mientras que la multinacional Uber buscaba imponer su propuesta en el Ministerio de Economía y que los trabajadores fueran monotributistas, la empresa mantuvo en suspenso su inscripción en el registro que la intendencia habilitó para las aplicaciones, lo que generó molestias entre las demás empresas, los conductores y las autoridades municipales.

Ramón Méndez, coordinador de gabinete de la intendencia, dijo a El Observador que el hecho de que la multinacional desconozca la normativa generó un "fuerte conflicto" con las empresas Cabify y Easy, que sí se registraron.
"Mas allá del hecho de que siguen sin reconocer la normativa y al regulador, esta situación está generando un fuerte conflicto con las otras dos empresas", sostuvo Ramón Méndez.
Eso se debe a que a partir del lunes 20 de febrero –según informó Búsqueda–, las plataformas deberán pagar a la intendencia por primera vez el canon de 0,45 unidades indexadas (UI) por kilómetro recorrido en el departamento, que equivale a $ 1,6 al valor actual de la UI.

Méndez explicó que Easy ha protestado formalmente ante la intendencia por la situación irregular de Uber. Consultado por El Observador, el gerente de nuevos negocios de esa aplicación, Felipe Vargas, prefirió no hacer declaraciones.

Pese a que la resolución de la intendencia que crea el registro provisorio de plataformas no establece un plazo para la inscripción, la intendencia comunicó a las autoridades de la multinacional en enero que independientemente de la discusión con el MEF, debían inscribirse y reconocer el decreto votado por la Junta Departamental, normativa que la comuna busca hacer cumplir.

Ayer, Uber anunció a la intendencia que finalmente se registrará mañana. "Vamos a esperar a ver qué sucede", dijo Méndez y agregó: "No puede no reconocer el decreto y que está en competencia desleal con las demás empresas".

En el mismo sentido, el director de Movilidad, Pablo Inthamoussu, había afirmado el lunes a la prensa que si Uber no se presenta será fiscalizada. "En este caso más que antes, hay un decreto y una regulación que ha sido votado por el legislativo departamental, tiene fuerza de ley y todo el que esté por fuera del decreto va a caer nuevamente en la ilegalidad", señaló.

Sin diálogo, con incertidumbre

La molestia alcanza también a los conductores de las aplicaciones. El presidente de la Asociación de Conductores de Aplicaciones del Uruguay (ACUA), Sebastián Sanguinetti, dijo a El Observador que si bien la empresa ha dado señales de que va a continuar trabajando en Uruguay, hay un "malestar general", debido a la falta de diálogo con los trabajadores y a que no hay una definición concreta sobre si se inscribirán en el registro o no.
"Hay un decreto y una regulación que ha sido votado por el legislativo departamental, y todo el que esté por fuera del decreto va a caer nuevamente en la ilegalidad", afirmó Pablo Inthamoussu.
"El diálogo está suspendido, eso dificulta y entorpece llegar a pasar de la irregularidad a lo regular, lo que es engorroso", señaló Sanguinetti. Los conductores desconocen cómo se manejará la empresa con respecto a la exigencia de que los vehículos cuenten con seguro o que los conductores tengan libreta profesional, aspecto que la intendencia comenzará a fiscalizar a partir de marzo. También hay incertidumbre sobre cuáles serán las tarifas y si la rentabilidad del negocio seguirá siendo atractiva.

Exigencias en zona gris

Desde el 1º de marzo los conductores deberán contar con libreta profesional y los vehículos que trabajen para esas aplicaciones deberán tener menos de seis años de antigüedad, determinó la Intendencia de Montevideo. Sin embargo, esa última disposición se encuentra en una "zona gris", dijo el director de Movilidad, Pablo Inthamousu. "Para poder exigir que cambien el vehículo, si tiene uno de más de 6 años, tenemos que poder decir qué vehículo vamos a aceptar y como todavía no se ha tomado esa decisión –se está analizando el mercado automotor– no lo podemos exigir", señaló.



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