Aprovechar el (mal) ejemplo de Ancap

El criterio partidario por encima del interés nacional está en la raíz de muchas de las fragilidades del país

El criterio partidario por encima del interés nacional está en la raíz de muchas de las fragilidades del país, realidad especialmente notoria en el caso de las empresas públicas. El desastre financiero de ANCAP, integrante mayor de la hermandad empresarial del Estado, es solo el capítulo más reciente de una historia que viene de antes. En el sector privado, un gerente que no sirva es rápidamente cambiado. Y si claudica el cuerpo directivo a niveles más altos, el resultado es su reemplazo por los accionistas, cuando los hay, o la extinción de la empresa. Pero los ciudadanos que pagan por los servicios públicos, lo más parecido a accionistas en el caso de las empresas estatales, no tienen ni voz ni voto ni incidencia en su manejo.

Es el partido gobernante, y a veces la oposición en algún cargo directivo minoritario, quien decide quién y cómo las conducirán. Y el criterio dominante ha sido casi siempre priorizar compromisos y amistades partidarias por sobre la idoneidad técnica. Ocasionalmente se acierta, al dar con un correligionario que también es competente en el área que se le asigna. Pero no es lo habitual. Lo ocurrido con ANCAP es emblemático.

Sus pérdidas de unos US$ 800 millones en los últimos años solo pueden explicarse por malos negocios, incapacidad para reformar las áreas estructuralmente más débiles y displicencia en el manejo de recursos. Estas claudicaciones derivan por un lado de la elección de sus autoridades y, por otro, de su carácter monopólico.

Operar sin competencia en un mercado cautivo, y además con dinero ajeno, alienta inevitablemente el descuido en la gestión. La flaqueza del monopolio se evidencia irrefutablemente en el mejor resultado de las empresas públicas que lo han abandonado, aunque sea parcialmente. UTE y ANTEL funcionan en forma más exitosa que ANCAP porque, además de estar mejor dirigidas, han abierto parte de sus operaciones en energía y comunicaciones a la competencia del sector privado. Lo mismo ocurre con los mercados de seguros y correos. Pero las dificultades se multiplican donde el Estado mantiene exclusividad total, como ocurre con ANCAP, OSE o AFE.

A raíz del escándalo del ente petrolero, el gobierno ha reafirmado su previo anuncio de que mejorará la gestión en las empresas públicas. Por lo pronto, en el caso de ANCAP ha designado como presidenta a una persona con sólidas calificaciones técnicas en esa área. El nombramiento de Marta Jara, especialista y con larga trayectoria en empresas petroleras multinacionales, contrasta con anteriores designaciones de alto contenido político o de premios consuelo.

Lo mismo ha ocurrido a lo largo del siglo pasado, sobre todo a partir de la década de 1930, en casi todas las empresas públicas, bajo gobiernos de distinto color partidario.

Es posible que los problemas de ANCAP ayuden a todos los partidos a aceptar que una empresa pública, igual que una privada, tiene que priorizar la eficiencia y solidez técnica de quienes la dirigen, independientemente de su color político. Si así sucede, por lo menos lo ocurrido en el ente petrolero habrá servido, aunque a un elevadísimo costo, para que ese sector del Estado pase a ser manejado con criterio de eficiencia empresarial y no como depositario de inadecuados dirigentes partidarios o como trampolín hacia su carrera política.


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El Observador

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