Aprueban decreto de apps que da potestad de inhabilitar el servicio

Trabajadores del taxi se manifestaron en la Junta con agresión e insultos
Con bombo, bocinas y banderas unos 50 taxistas coparon ayer la cuadra frente a la Junta Departamental de Montevideo para manifestar su oposición a la regulación de aplicaciones de transporte. Pero pese a los reclamos, el proyecto fue aprobado con 29 votos en 31 y se espera que empiece a regir en poco tiempo.

"Seamos comunistas hoy, seamos comunistas. ¿Qué van a votar? A favor de los trabajadores tienen que votar", increpaba desde la puerta uno de los taxistas previo a comenzar la sesión de la junta, donde el clima ya se mostraba tenso.

Los ediles sabían que la propuesta no sería de agrado para los diferentes sectores. Según el frentemplista Martín Nessi, no se buscó "dejar contento" a nadie en particular, pero como reconocieron tanto en el oficialismo como en la oposicón, tomar una resolución para controlar a Uber y a otras aplicaciones, era "necesario".

Desde las barras, los trabajadores interrumpían cada tanto las intervenciones de los ediles al grito de "payaso". Y luego de aprobado el proyecto los ánimos se agitaron.

"Traidores, no se hagan los desentendidos", gritaba uno. "No alcanza con los azules, a la GEO van a tener que llamar", retrucaba otro sindicalista. Los gritos se mezclaban con los insultos en un barullo agobiante, mientras el ruido del bombo retumbaba desde afuera.

A los insultos le siguieron las agresiones y fueron varias las monedas, y hasta una botella, que volaron desde el tercer piso. "Ahí estan, ellos son, alcahuetes de patrón", coreaban mientras aplaudían y se retiraban del lugar a una asamblea en la que definirían más medidas.

El decreto


Según dijeron a El Observador en la intendencia, en caso de que no haya objeciones, el decreto quedará promulgado en 10 días.

En el documento, que tuvo algunas modificaciones con respecto al orginal, se establece que el transporte oneroso a través de plataformas electrónicas es una actividad privada de interés público y que para efectuarla se requiere de un permiso "precario y revocable".

Los permisarios deberán pagar a la comuna un canon de 0,45 unidades indexadas ($1,7) por kilómetro recorrido dentro de Montevideo, cuyo monto será derivado a un fondo de movilidad.

Con el nuevo decreto se da a la IMM la potestad de limitar el número de permisarios, y el monto máximo de las tarifas. Además, estas no podrán ser subsidiadas, "ni configurarse dumping". La única forma de pago admitida es la electrónica.

A los trabajadores se les exige contar con libreta profesional, y las prestadoras no podrán "despachar viajes por más de 8 horas corridas a un conductor ni más de 12 horas fraccionadas en un día". Deben realizar anualmente una inspección técnica del vehiculo, certificar que se encuentran al dia con los tributos y , entre otras cosas, contar con una póliza por daños a terceros.

En caso de incumplimiento, los permisarios deberán pagar una multa de 35 unidades reajustables, que aumenta según reincidencias, y se les podrá dar la baja del registro. En tanto, se aplicará a los operadores una suspensión temporal de la plataforma de hasta dos años, o la inhabilitación definitiva.
Los representantes de las aplicaciones recibieron la resolución con beneplácito.

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