Economía y Empresas > ANÁLISIS
Argentina: ¿liberal o proteccionista?
El eterno retorno del debate industrial sobre el papel del Estado en su promoción
Tiempo de lectura: -'
06 de agosto de 2016 a las 05:00
Los argentinos debaten sobre un video viralizado en las redes sociales, en el que una mujer indignada descarga su furia con insultos contra la aduana, por las trabas burocráticas para importar un pequeño volumen de maquillaje. El mensaje fue aplaudido por connotados economistas de tendencia liberal, que se ilusionaron con una rebelión popular antiproteccionista.
El disparador para este enésimo capítulo del debate industrial fue el sistema de "microimportaciones" con el sistema puerta a puerta. Para algunos argentinos, se trata de una apertura nefasta porque puede matar a la producción local, mientras para otros es una medida tibia que se queda a mitad de camino.
Pero, paradójicamente, quien dio más argumentos en contra del proteccionismo industrial fue la propia Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME): en su afán de alertar por la debilidad de los productores nacionales, difundió un listado comparativo de precios argentinos y chinos.
La consecuencia fue un verdadero efecto búmeran: el sobreprecio argentino va desde 53% en vajilla y mochilas a más de 200% en el caso extremo de ciertos textiles. Para la CAME, la conclusión no podía ser otra que extremar las medidas proteccionistas. Pero, en la vereda opuesta, estos números dieron renovados argumentos a los que se escandalizan por el costo de mantener industrias poco competitivas.
Quienes lo califican como "neoliberal" se escandalizan por el auge en las importaciones de bienes de consumo, uno de los pocos rubros que aumentaron mientras el entorno recesivo hace caer las compras de maquinaria y bienes de capital.
"José Mercado compra todo importado", tituló el diario kirchnerista Página 12 para hacer referencia al saldo comercial de julio. Y la frase, un guiño para quienes tienen más de 40 años, alude a una canción de Serú Giran de 1982, con lo cual el mensaje es evidente: se está recreando una política de "desindustrialización" similar a la que rigió con el plan de Martínez de Hoz en la dictadura militar.
Esos temores parecen justificados por las "denuncias" de los industriales, sobre un plan oficial para bajar el impuesto de importación desde el actual 35% a 16%, para una serie de productos tales como celulares, notebooks y tablets.
Lo paradójico es que el gobierno, lejos de considerarse "liberal" y pro aperturista al estilo de la década de 1990, se ve a sí mismo como desarrollista y gradualista. En esa tónica, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, dijo que hay que dar tiempo y ayudar a que los sectores poco competitivos puedan mejorar su nivel de productividad.
"Les damos a los empresarios argentinos cuatro años para ir al gimnasio, entrenar, prepararse, y en cuatro años salen a la cancha", fue su frase. Y naturalmente, fue más leña a la hoguera: ¿es mucho o es poco cuatro años de adecuación?
Para algunos no alcanzan ni cuatro años ni 40, porque no se puede competir contra un país como China, que aplica "dumping social". Para otros, cuatro años es demasiado si se tiene en cuenta que esos sectores ya habían prometido reconvertirse hace 20 años cuando se negoció la integración comercial del Mercosur.
En la vereda opuesta, quienes militan la posición más resueltamente aperturista, critican también el Plan productivo nacional, que prepara el gobierno, que identifica medidas de apoyo diferenciadas para sectores de "competitividad media" –entre los que figura la industria automotriz– y los de "competitividad baja" –que cuenta a algunos rubros textiles y al polo electrónico de Tierra del Fuego–.
El enunciado del plan es ese tipo de declaración de principios con las cuales nadie podría estar en desacuerdo: alivio impositivo para las empresas, mejora de la infraestructura para bajar costos de transporte, reducción del costo crediticio, menor burocracia estatal e impulso a la innovación. Pero los antecedentes históricos dejan lugar para el escepticismo: muchas veces, con ese mismo enunciado, solo hubo subsidios y cuotas de mercado que no mejoraron la productividad. De hecho, empiezan a circular críticas por los parecidos ente el "Blackberry 100% argentino" del que se enorgullecía Cristina Kirchner, con el nuevo plan macrista para vender smartphones 4G a 2.000 pesos argentinos (US$ 135).
En ninguno de los dos casos había un real valor agregado local a los componentes importados desde China. Y en ambos casos, hubo sospechas de connivencia con grupos ensambladores vinculados al gobierno de turno: por caso, Mirgor, la principal beneficiada por el nuevo impulso a los celulares argentinos, es propiedad de "Nicky" Caputo, el mejor amigo de Mauricio Macri.
Hay economistas que vienen protagonizando una verdadera cruzada contra lo que denominan "populismo industrial", que termina "sometiendo" al resto de las actividades.
"La industria exportadora no le interesa, el campo es un sector rentista, el turismo es irrelevante y el comercio es un problema. Para el populismo industrial, el único sector que genera valor agregado y empleo es la industria sustitutiva de importaciones. Todas estas premisas son falsas. Pero a pesar de la decadencia que ha generado, sigue teniendo rating", dispara el polémico José Luis Espert.
Y, efectivamente, ha quedado demostrado que el discurso pro industrial es rendidor en términos electorales.
No hay mejor foto para un presidente o gobernador que cortar la cinta inaugural de una planta industrial. Y no hay candidato en campaña que no hable a favor de la industria y de incrementar su peso en el PIB.
Lo cierto es que pocos lo han hecho. En términos del PIB, la industria no ha cambiado mucho respecto de su nivel de la década de 1990, está alrededor del 17%, a pesar de la insistencia pro industrial del "relato K".
Pero la cosa no es tan simple, porque los argentinos mantienen una actitud contradictoria y ambivalente: por un lado, apoyan a los políticos que hablan a favor de la industria nacional, pero, por el otro, cada vez que pueden compran masivamente los importados baratos.
Desde aquellos viajes a Miami de la década de 1970, en el furor de la TV color –magníficamente retratados en películas como Plata dulce– hasta los actuales viajes para compras a Paraguay y Chile para traer un iPhone, poco ha cambiado. El contenido de las valijas es distinto, pero la actitud de los argentinos es la misma.
El símbolo máximo del debate sobre la (in)viabilidad de la industria es el polo tecnológico de Tierra del Fuego, que ensambla anualmente 12 millones de celulares, entre otros productos electrónicos, y que suele irritar particularmente a los economistas. Una investigación del consultor Federico Muñoz aporta datos por demás elocuentes: - Las exenciones impositivas –en otros términos, un costo fiscal– fueron el año pasado de US$ 2.700 millones.- Cada uno de los 11.500 trabajadores del sector tecnológico en Tierra del Fuego implica un subsidio estatal de 180 mil pesos argentinos mensuales (US$ 18 mil, al tipo de cambio predevaluación)- El déficit comercial en la isla –el costo neto en dólares por importar los insumos– es de US$ 3.300 millones al año. En síntesis, el polo fueguino no aporta valor agregado, es costoso en términos fiscales y también insume divisas. De hecho, hasta el propio Axel Kicillof se quejaba de este régimen, al cual atribuía gran parte de la culpa por la asfixia de dólares que llevó a que el gobierno kirchnerista impusiera el "cepo".
El disparador para este enésimo capítulo del debate industrial fue el sistema de "microimportaciones" con el sistema puerta a puerta. Para algunos argentinos, se trata de una apertura nefasta porque puede matar a la producción local, mientras para otros es una medida tibia que se queda a mitad de camino.
Pero, paradójicamente, quien dio más argumentos en contra del proteccionismo industrial fue la propia Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME): en su afán de alertar por la debilidad de los productores nacionales, difundió un listado comparativo de precios argentinos y chinos.
La consecuencia fue un verdadero efecto búmeran: el sobreprecio argentino va desde 53% en vajilla y mochilas a más de 200% en el caso extremo de ciertos textiles. Para la CAME, la conclusión no podía ser otra que extremar las medidas proteccionistas. Pero, en la vereda opuesta, estos números dieron renovados argumentos a los que se escandalizan por el costo de mantener industrias poco competitivas.
¿Liberal o proteccionista?
Para el gobierno, este renacer del debate sobre la "industria sustitutiva de importaciones" implica cero ganancias y pura pérdida, políticamente hablando.Quienes lo califican como "neoliberal" se escandalizan por el auge en las importaciones de bienes de consumo, uno de los pocos rubros que aumentaron mientras el entorno recesivo hace caer las compras de maquinaria y bienes de capital.
"José Mercado compra todo importado", tituló el diario kirchnerista Página 12 para hacer referencia al saldo comercial de julio. Y la frase, un guiño para quienes tienen más de 40 años, alude a una canción de Serú Giran de 1982, con lo cual el mensaje es evidente: se está recreando una política de "desindustrialización" similar a la que rigió con el plan de Martínez de Hoz en la dictadura militar.
Esos temores parecen justificados por las "denuncias" de los industriales, sobre un plan oficial para bajar el impuesto de importación desde el actual 35% a 16%, para una serie de productos tales como celulares, notebooks y tablets.
Lo paradójico es que el gobierno, lejos de considerarse "liberal" y pro aperturista al estilo de la década de 1990, se ve a sí mismo como desarrollista y gradualista. En esa tónica, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, dijo que hay que dar tiempo y ayudar a que los sectores poco competitivos puedan mejorar su nivel de productividad.
"Les damos a los empresarios argentinos cuatro años para ir al gimnasio, entrenar, prepararse, y en cuatro años salen a la cancha", fue su frase. Y naturalmente, fue más leña a la hoguera: ¿es mucho o es poco cuatro años de adecuación?
Para algunos no alcanzan ni cuatro años ni 40, porque no se puede competir contra un país como China, que aplica "dumping social". Para otros, cuatro años es demasiado si se tiene en cuenta que esos sectores ya habían prometido reconvertirse hace 20 años cuando se negoció la integración comercial del Mercosur.
En la vereda opuesta, quienes militan la posición más resueltamente aperturista, critican también el Plan productivo nacional, que prepara el gobierno, que identifica medidas de apoyo diferenciadas para sectores de "competitividad media" –entre los que figura la industria automotriz– y los de "competitividad baja" –que cuenta a algunos rubros textiles y al polo electrónico de Tierra del Fuego–.
El enunciado del plan es ese tipo de declaración de principios con las cuales nadie podría estar en desacuerdo: alivio impositivo para las empresas, mejora de la infraestructura para bajar costos de transporte, reducción del costo crediticio, menor burocracia estatal e impulso a la innovación. Pero los antecedentes históricos dejan lugar para el escepticismo: muchas veces, con ese mismo enunciado, solo hubo subsidios y cuotas de mercado que no mejoraron la productividad. De hecho, empiezan a circular críticas por los parecidos ente el "Blackberry 100% argentino" del que se enorgullecía Cristina Kirchner, con el nuevo plan macrista para vender smartphones 4G a 2.000 pesos argentinos (US$ 135).
En ninguno de los dos casos había un real valor agregado local a los componentes importados desde China. Y en ambos casos, hubo sospechas de connivencia con grupos ensambladores vinculados al gobierno de turno: por caso, Mirgor, la principal beneficiada por el nuevo impulso a los celulares argentinos, es propiedad de "Nicky" Caputo, el mejor amigo de Mauricio Macri.
La contradicción argentina
Hay economistas que vienen protagonizando una verdadera cruzada contra lo que denominan "populismo industrial", que termina "sometiendo" al resto de las actividades.
"La industria exportadora no le interesa, el campo es un sector rentista, el turismo es irrelevante y el comercio es un problema. Para el populismo industrial, el único sector que genera valor agregado y empleo es la industria sustitutiva de importaciones. Todas estas premisas son falsas. Pero a pesar de la decadencia que ha generado, sigue teniendo rating", dispara el polémico José Luis Espert.
Y, efectivamente, ha quedado demostrado que el discurso pro industrial es rendidor en términos electorales.
No hay mejor foto para un presidente o gobernador que cortar la cinta inaugural de una planta industrial. Y no hay candidato en campaña que no hable a favor de la industria y de incrementar su peso en el PIB.
Lo cierto es que pocos lo han hecho. En términos del PIB, la industria no ha cambiado mucho respecto de su nivel de la década de 1990, está alrededor del 17%, a pesar de la insistencia pro industrial del "relato K".
Pero la cosa no es tan simple, porque los argentinos mantienen una actitud contradictoria y ambivalente: por un lado, apoyan a los políticos que hablan a favor de la industria nacional, pero, por el otro, cada vez que pueden compran masivamente los importados baratos.
Desde aquellos viajes a Miami de la década de 1970, en el furor de la TV color –magníficamente retratados en películas como Plata dulce– hasta los actuales viajes para compras a Paraguay y Chile para traer un iPhone, poco ha cambiado. El contenido de las valijas es distinto, pero la actitud de los argentinos es la misma.
El polémico polo tecnológico de Tierra del Fuego
El símbolo máximo del debate sobre la (in)viabilidad de la industria es el polo tecnológico de Tierra del Fuego, que ensambla anualmente 12 millones de celulares, entre otros productos electrónicos, y que suele irritar particularmente a los economistas. Una investigación del consultor Federico Muñoz aporta datos por demás elocuentes: - Las exenciones impositivas –en otros términos, un costo fiscal– fueron el año pasado de US$ 2.700 millones.- Cada uno de los 11.500 trabajadores del sector tecnológico en Tierra del Fuego implica un subsidio estatal de 180 mil pesos argentinos mensuales (US$ 18 mil, al tipo de cambio predevaluación)- El déficit comercial en la isla –el costo neto en dólares por importar los insumos– es de US$ 3.300 millones al año. En síntesis, el polo fueguino no aporta valor agregado, es costoso en términos fiscales y también insume divisas. De hecho, hasta el propio Axel Kicillof se quejaba de este régimen, al cual atribuía gran parte de la culpa por la asfixia de dólares que llevó a que el gobierno kirchnerista impusiera el "cepo".
