Arismendi ratifica que traslado de centro para ciegos "no se negocia"

Para la diputada Gloria Rodríguez la ministra tiene una postura "intransigente"
A ocho horas de iniciada la interpelación a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, a raíz del traslado del instituto para personas ciegas y con baja visión Tiburcio Cachón, la posición de la jerarca quedó planteada de forma clara: el traslado del centro no se negocia.

Las autoridades de la cartera están convencidas que se debe tener un solo edificio para ciegos -el Instituto Artigas- y que terminar con la rehabilitación en el Cachón es parte de un "plan nacional de rehabilitación".

Para la diputada nacionalista Gloria Rodríguez, quien hizo el llamado a sala a Arismendi, la postura de los jerarcas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) resulta "intransigente" y representa una "decisión unilateral". "Acá no hay diálogo. Lo importante del debate es el centro Cachón", indicó.

La diputada afirmó que el Mides "ha violado normas" sobre discapacidad al comenzar a "desmantelar" el centro Cachón. Según sostiene, el Instituto Artigas -que pertenece al Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis)- tiene defectos edilicios que dificultan la movilidad y correcta rehabilitación de los ciegos.

Durante la interpelación, la ministra Arismendi afirmó que las razones de que ese centro deje de funcionar y pase a hacerlo en el Instituto Artigas son "económicas". "No tenemos vergüenza en decir que es por razones económicas", sostuvo en el llamado a sala que se realizó a instancias de la diputada nacionalista Gloria Rodríguez.

La ministra defendió las políticas que adoptaron los gobiernos del Frente Amplio para las personas ciegas, especialmente las operaciones de ojos en el Hospital Saint Bois, de las que se beneficiaron más de 64 mil personas. "Estamos diciendo que al día de hoy, sin Hospital de Ojos, habría 64 mil ciegos más en Uruguay", sostuvo.

Según Arismendi, el traslado a otro centro, al cual los usuarios se oponen, "es realmente para mejorar los servicios". "Tenemos que ser más eficientes, más amplios, más profundos y necesitamos un centro nacional de rehabilitación", dijo.

Hasta finales de julio, usuarios y exusuarios del centro lo ocuparon por más de dos meses como forma de protesta por el traslado del centro y acusaron a la cartera de Desarrollo Social de tener una actitud "intransigente" que implicó "una pérdida de tiempo y una falta de respeto para legisladores, usuarios, exusuarios y representantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos".

Los aspectos que le están siendo consultados a la ministra Arisemendi tienen que ver con el traslado del centro, la falta de diálogo con las autoridades y la "violación de derechos humanos" de los pacientes que se opusieron al traslado, según la diputada.

"Hay un doble discurso: para afuera es una maravilla, adentro el caos, el desmantelamiento. Ha sido un despilfarro", dijo Rodríguez, para quien la solución del conflicto está "en manos de la ministra".

La diputada nacionalista aseguró que bajo la órbita del Ministerio de Salud Pública el instituto Cachón funcionaba "de manera excelente" y que ahora las tareas llegan a "apenas el 50%".

Vendas en los ojos en la interpelación

Durante la interpelación, la legisladora pidió a los diputados que se tapen los ojos con una venda para que "se pongan un minuto en los zapatos de quienes tienen que ir al Cachón". Los legisladores presentes iniciaron una votación para definir si utilizan las cintas.

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La diputada del Frente Amplio, Susana Pereyra, criticó la propuesta y aseguró que su bancada no votó repartir la cinta porque "es un hecho de absoluta demagogia". "Esta bancada para ser sensible no necesita ponerse nada (...) Hacen esto para la televisión. Nosotros hacemos política en serio", agregó.

Por otro lado, el legislador Alejandro Sánchez dijo que lo que se está discutiendo "es muy importante" como para ponerse una cinta en los ojos, algo "que busca generar solamente un efecto sensacionalista".

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"Un centro que fue modelo en Latinoamérica ha sido desmantelado progresivamente por el Mides, culminando con la decisión de trasladarlo a una zona suburbana, con escaso transporte, que no cuenta con las condiciones de accesibilidad edilicias ni urbanísticas necesarias", dice un comunicado enviado por la Comisión que negoció por el conflicto.


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