ARU dice que el gobierno impuso ilegalidades en ajustes salariales

Cuestionan criterios utilizados en fijación de correctivos y ajustes de salarios sumergidos
Todo estaba encaminado para que el convenio salarial en el agro saliera el martes por mayoría con los votos del Poder Ejecutivo y el sindicato de trabajadores rurales. Pero el retiro de la mesa de negociaciones de las gremiales agropecuarias en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) echó por tierra el acuerdo. Ahora el Poder Ejecutivo decretará el convenio con las condiciones salariales para los sectores de la lechería, arroz, ganadería y agricultura.

En diálogo con El Observador, el director nacional de Trabajo, Juan Castillo, explicó que la delegación de la patronal pretendió introducir en el texto elaborado por el Ejecutivo una "cláusula" en la que manifestaban su oposición al acuerdo. Castillo indicó que se trataba de una "valoración política" que las gremiales son libres de realizar cuando quieran, pero que no tiene lugar en el marco del convenio salarial.

Ante la negativa del gobierno a incluir esta cláusula en el acta, "se molestaron y se fueron", expresó Castillo. El jerarca agregó que este grupo tiene una "historia complicada" en el ámbito de la negociación. La Asociación Rural del Uruguay (ARU) emitió ayer un comunicado en el que acusa al Poder Ejecutivo de "vulnerar" el principio de autonomía y de libertad en el ámbito del Consejo de Salario. Según se explica, desde la primera reunión se había dispuesto por unanimidad la no apertura del subgrupo arroz ni de ningún otro, y realizar una negociación conjunta dadas las condiciones generales del sector agropecuario. No obstante, el Poder Ejecutivo dividió al sector y conformó tres sub grupos: ganadería y agricultura de secano, arroz y tambos. Así estableció aumentos distintos para cada subsector, todo ello sin previa resolución del Consejo de Salarios, sostuvo la ARU.

"Es manifiesto el desconocimiento de la realidad agropecuaria, donde hay infinidad de empresas que realizan actividades mixtas, lo que causará serios problemas para determinar el régimen salarial aplicable. Además se desconoce la realidad del sector respecto a la clasificación de los sectores", se afirma. El Ejecutivo clasificó a los sectores de la lechería y el arroz como en problemas, mientras que dejó como intermedio a la ganadería y agricultura.

También se entiende que al incluirse correctivos no acordados entre trabajadores y empleadores, el Poder Ejecutivo "violenta sus propios lineamientos", porque se había establecido que se aplicarían solo cuando fueran acordados entre las partes. "Si bien los empleadores ofrecimos tales correctivos a los trabajadores en propuestas de negociación, éstos rechazaron las mismas, por lo cual no existió acuerdo sobre la inclusión del concepto, y en consecuencia la propuesta oficial colida frontalmente en este aspecto con los lineamientos establecidos por el propio Poder Ejecutivo", dice la ARU.

Por otro lado, la ARU rechaza lo que entiende es "la interpretación ilegal", dada por el Poder Ejecutivo, respecto a no considerar como parte integrante del salario de los trabajadores rurales el valor de la alimentación y vivienda al considerar los salarios sumergidos. La propuesta del Ejecutivo había logrado el visto bueno de la Unión Nacional de Trabajadores Rurales (Unatra) y tiene como base los lineamientos que el gobierno fijó para la sexta ronda, incluidos los ajustes adicionales para los salarios sumergidos.

Los salarios más bajos para las ramas en problemas –por debajo de $ 16.000 nominales– tendrán un ajuste de 11,81% retroactivo al 1° de julio. Ese porcentaje surge del 5,66% del ajuste por inflación pasada del convenio anterior, 4% del ajuste semestral nominal y 1,75% de aumento real. En tanto, la segunda franja –entre $ 16.001 y $ 18.700 nominales– percibirá un aumento de 11,26% debido a que el porcentaje de aumento real es de 1,25%. Finalmente, aquellos salarios que estén por encima de los $ 18.700 percibirán un aumento de 9,89%.

Además, a partir del 1° de enero deberá otorgarse un ajuste semestral de 5,82% para la primera franja, 5,3% para la segunda y de 4% para los mayores a $ 18.700. Desde 2008, los convenios salariales en el agro son sometidos a votación sin el respaldo del sector empleador. Un peón que recién ingresa a trabajar a un establecimiento rural percibe un salario de unos $ 13.500 nominales y una partida de alimentación y vivienda de $ 2.270.

Por su parte, el presidente de la Federación Rural, Jorge Riani, dijo que la gremial se había retirado de las negociaciones –"si se le puede llamar negociaciones", opinó– como "medida de protesta".
"No estamos en contra de los porcentajes (de aumento) sino que no se respetaron las negociaciones. Que decrete el Poder Ejecutivo y chau", dijo el dirigente ayer al programa Tiempo de Cambio de Radio Rural. Según el empresario, "se habla de salarios sumergidos (pero) si le pones alimentación y vivienda cambia sustancialmente de lo que estamos hablando". El sector rural tiene alrededor de 90.000 trabajadores dependientes.