Opinión > Editorial
Asegurar la libre competencia
La fortaleza de Uber en la actual disputa con la patronal de taxímetros es la libre competencia en beneficio de los usuarios, en un mercado tradicionalmente dominado por un servicio de mala calidad. Así lo entiende la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Fuentes de este órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas adelantaron a El Observador los términos de un informe que rechazará la denuncia presentada contra Uber por el Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro (Cpatu). El informe sugiere al gobierno flexibilizar la regulación del mercado para habilitar la libertad de competencia. Esto debería conducir a su vez al mejoramiento del servicio de taxímetros, cuyas deficiencias incluyen la incómoda pequeñez de los vehículos, la repudiada y peligrosa mampara, la estructura de tarifas y dificultades de acceso a ciertas horas del día.
El Cpatu fundamenta sus objeciones en que Uber hace una competencia desleal al operar sin cumplir las exigencias financieras, de seguridad y otras muchas normas que regulan el funcionamiento de los taxis. Estos reclamos están contemplados en el informe del órgano que vigila la competencia en los mercados. Señala que regular el cumplimiento de las disposiciones legales son “resortes de aplicación de autoridades especializadas” en ese campo, como el Banco de Previsión Social, la Dirección General Impositiva y otros organismos de fiscalización. Este es el punto al que aún no han encontrado salida los organismos estatales pertinentes, incluyendo la Intendencia de Montevideo. Sugiere además a las autoridades legislativas departamentales y nacionales el doble camino de regular las operaciones tanto de Uber como de los taxis y flexibilizar el mercado para abrirlo a la competencia.
Es obvio que Uber, producto de los avances tecnológicos en todas las áreas de actividad, está para quedarse. Esta empresa, con sede en Estados Unidos, funciona exitosamente en la actualidad en decenas de países y desembarcó en Montevideo el año pasado. Desde entonces ha expandido agudamente su clientela por la mayor comodidad de sus vehículos y calidad general del servicio, a tarifas competitivas. Ni las ruidosas concentraciones masivas de taxímetros en movilizaciones de protesta ni las multas que le ha aplicado la intendencia, a falta de una normativa regulatoria eficaz, han podido frenar la preferencia de los usuarios por Uber. Esta empresa incluso ha denunciado a su vez a la patronal de taxímetros, acusándola de constituir un “cartel” que impone acciones “anticompetitivas” para impedir que potenciales competidores ingresen al mercado.
El fallo adelantado por la comisión estatal que defiende la competencia marca claramente el rumbo a seguir. Desde el sector público, fundamentalmente a través de acciones legislativas o de la intendencia capitalina, corresponde aprobar una normativa que contemple el avance tecnológico que representa Uber y persuadir a la empresa que la acepte, formalizando la apertura de un mercado que ya se ha producido de hecho. Esto, a su vez, deberá inducir al servicio de taxímetros a mejorar sus prestaciones para detener la actual pérdida de clientes, en vez de embarcarse en protestas y denuncias que van a un seguro camino de fracaso porque ignoran lo que es una realidad irreversible.
