Asociación de Magistrados respaldó a jueza que suspendió aborto

Por su decisión, la jueza del caso, Pura Book, fue objeto de críticas por parte de figuras políticas y organizaciones sociales, y especialmente del ex exsubsecretario de Salud, Leonel Briozzo, ginecólogo y promotor de la ley que despenalizó el aborto, quien pidió su destitución.

En el comunicado, AMU señala que "todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura" y agrega que "los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo".

Además, el texto indica que los principios de las Naciones Unidas establecen que "no se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial, ni se someterán a revisión las decisiones judiciales de los tribunales (...) sin menoscabo de la vía de revisión judicial" y señala que "toda acusación o queja formulada contra un juez por su actuación judicial y profesional se tramitará con prontitud e imparcialidad con arreglo al procedimiento pertinente".

Para Briozzo, "(la) jueza ha cometido un error inexcusable: ha hecho prevalecer su concepción religiosa, ideológica y política, sobre la aplicación del derecho". Por su parte la ONG Iniciativas Sanitarias cuestionó el fallo a través de un comunicado, y anunció que no permanecerá de brazos cruzados "frente al avance de posturas conservadoras en las cuales los Derechos Humanos retroceden y se arriesga al crecimiento de la violencia y la exclusión, problemas que el Uruguay de hoy busca erradicar".

En los últimos días la jueza de Familia Especializada, Alicia Vega, fue cuestionada por su actuación en el caso de Valeria Sosa, cuando definió que los hijos de la mujer asesinada por su ex pareja quedaran provisoriamente en custodia de sus abuelos paternos. La decisión de Vega fue cuestionada por la directora del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) que depende del INAU, María Elena Mizrahi. Que "los niños estén con la familia del agresor hace que el relato de los hechos no tenga la claridad necesaria", sostuvo.

Vega argumentó su decisión al basarse en el pedido explícito de los hijos de no querer vivir con su familia materna y en su derecho a ser escuchados. La Suprema Corte de Justicia inició una investigación administrativa para determinar si hubo omisiones o errores en el accionar de la jueza, que finalmente archivó al determinarse que "actuó de acuerdo a las reglas procedimentales pertinentes".