Astorismo pretende evitar desvíos en entes y controlar a subsidiarias

FLS presentó un proyecto que limita gasto, inversiones y evita trampolín político de jerarcas
Cuando todavía siguen surgiendo coletazos por la fuerte polémica y cruce de acusaciones del sistema político e incluso dentro de filas del oficialismo por la gestión que tuvo ANCAP durante los dos primeros gobiernos de izquierda, el Frente Líber Seregni (FLS) presentó un anteproyecto de ley ante la bancada oficialista para introducir mayores controles sobre la gestión corporativa de las empresas públicas y sus colaterales que operan bajo el derecho privado, para que tengan la lupa parlamentaria y del Tribunal de Cuentas.

Algunos de los aspectos que abarca la iniciativa comprenden el "endurecimiento de la responsabilidad de los miembros de los directorios o directores generales de los entes autónomos y de los servicios descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado", informó el miércoles El País. También se incorporan normas sobre concursos de oposición y méritos para acceder a los cargos gerenciales de los entes "de modo de transparentar y profesionalizar la gestión pública", y se bloquea la carrera política a jerarcas y gerentes de esos organismos para el siguiente período de gobierno. Por otro lado, se sugieren mayores controles para autorizar gastos e inversiones, así como los recursos que se destinan a publicidad (ver claves).

Fuentes del FLS comentaron que con esta iniciativa se apunta a "mejorar la gobernanza" de las empresas públicas con normas de "mayor control y profesionalización" para que sean más eficientes. La iniciativa tiene el respaldo del Ministerio de Economía (MEF) que encabeza Danilo Astori, líder del FLS. El anteproyecto ya está a estudio de los demás sectores del oficialismo y se estima que en un plazo de 15 días "habrá una definición" sobre si hay acuerdo en la interna para que pase a ser considerado como proyecto definitivo y recorra el trámite legislativo correspondiente, explicó a El Observador el diputado del FLS, Jorge Pozzi.

El legislador negó que la iniciativa haya surgido como consecuencia de la reciente crisis financiera y política que tuvo ANCAP y que sigue generando capítulo en el ámbito judicial. Según Pozzi, esta iniciativa era un "viejo anhelo" de su sector político que pretendía mejorar los controles de la función pública y, sobre todo, de las subsidiarias de los entes que operan como sociedades anónimas y escapan a los controles que realiza el Tribunal de Cuentas (TCR) y el Parlamento. "Creemos que hay que mejorar los controles. Hacerlos más transparentes es mejor para todos", explicó.

"Las empresas públicas han sido concebidas como un motor del desarrollo para la economía del país, constituyendo una herramienta fundamental al servicio de la ciudadanía. La mejor manera de proteger y potenciar esta herramienta es gestionando a las empresas públicas de manera eficiente para maximizar el cumplimiento de sus objetivos", señala la exposición de motivos de la iniciativa del sector que lidera Astori.

Reclamo académico

Desde que estalló la polémica por las pérdidas millonarias que tuvo ANCAP durante el último quinquenio, distintos académicos y expertos dieron su punto de vista sobre la gobernanza de las empresas públicas. En una entrevista con El Observador el experto en temas de regulación y competencia Leandro Zipitría fue crítico y contundente sobre el manejo de ANCAP, porque consideró que "falló todo". Sugirió al sistema político y a la sociedad que defina "qué rol" pretende que jueguen las empresas públicas, para luego contar con más elementos para evaluar su desempeño.

El economista e investigador del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar alertó por un debilitamiento de organismos de "contrapeso" para la gestión de los entes, como los reguladores (Ursea y Ursec). También dijo que en la crisis de ANCAP incidió la "opacidad" en la información sobre sus distintas unidades de negocios, porque incentivó "desvíos que luego son imposibles de corregir".

También cuestionó a la gobernanza de las empresas públicas en las que los directores son sus propios funcionarios. "Acá lo peor que le puede pasar es que vuelva a su oficina manteniendo el mismo sueldo. Esa estrategia hay que revisarla", planteó.

Por otro lado, en una mesa redonda sobre empresas del Estado y eficiencia que organizó la Academia Nacional de Economía y el Consejo Asesor de Pharos, el exgerente general de UTE, Alejandro Perroni, dijo que era "imprescindible" el debate y la formación de masa crítica para iniciar "ya" un proceso de cambio en la gestión y los gobiernos corporativos de las empresas públicas.

"El desempeño de nuestras empresas públicas ha sido malo. Es obvio que estamos en problemas", alertó. El experto, que hoy se desempeña como uno de los coordinadores Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de Universidad Católica, considera que deben aplicarse "cambios profundos" si Uruguay aspira a llegar a ser un país desarrollado a futuro.

En tanto, el economista Carlos Sténeri recordó en ese panel que la gestión de las empresas públicas es un "viejo desvelo" que comenzó en la década de 1970. El experto apeló a una metáfora para describir el estado de las "tres grandes" (UTE, ANTEL y ANCAP): como un lubricante de "mala calidad" en el funcionamiento del motor de la economía que está "impidiendo en parte" una mejora de la productividad. Por otro lado, consideró que existe un tema de fondo que está "imbuido" en el imaginario social que es "cierto conformismo" con el funcionamiento de las empresas.

"La reforma de las empresas públicas no está en el debate de ninguno de los partidos", apuntó. En ese sentido, indicó que predomina una "visión corporativa" de todo el sistema político.
De hecho, recordó que los cargos de dirección se utilizan para políticos "frustrados" o como "trampolín" para una carrera futura.

Responsabilidad civil y penal

Dos artículos del anteproyecto del FLS indican que los jerarcas de los entes públicos y sociedades del Estado tendrán responsabilidad civil en el ejercicio de su función. También se modifica el artículo 175 del Código Penal (referido al concepto de funcionario público) para incluir a aquellos que desempeñan tareas legislativas, en el Estado, gobiernos departamentales y municipios, así como directores que actúen en representación del Estado y delegados de economía mixta.

LAS CLAVES DEL PROYECTO

Gastos. Los gastos que realicen los entes y servicios descentralizados del Estado requerirán autorización previa del Poder Ejecutivo cuando impliquen montos superiores a 30 millones de unidades indexadas (unos US$ 3,6 millones). El mismo tope regirá para inversiones.

Política. Los directores de los entes autónomos, así como los integrantes de los órganos de dirección deberán desempeñar su función en exclusividad de su actividad remunerada (con excepción de la docencia), y no podrán ser candidatos a ningún cargo electivo nacional, departamental ni municipal hasta transcurrido un período de gobierno desde su cese.

Publicidad. Los entes públicos que realicen su actividad en régimen de monopolio no podrán destinar más del 0,05% de sus ingresos derivados de esa actividad a la realización de publicidad, que en todos los casos deberá ser exclusivamente de carácter informativa.

Donaciones. Las donaciones de los entes autónomos que pertenezcan en su mayoría al Estado estarán prohibidas, salvo las destinadas a la enseñanza públicas o las que se efectúan a pedido de la Dirección Nacional de Emergencia por un monto máximo de hasta 3 millones de UI (unos US$ 372 mil).

Cargos. Los cargos gerenciales de los entes autónomos y sociedades y entidades comerciales del Estado serán provistos mediante concurso de oposición y mérito por un período de hasta cinco años, sujeto a evaluaciones periódicas.

Transparencia. Los funcionarios de los entes así como integrantes de órganos de dirección de las sociedades comerciales deberán presentar declaración jurada personal de su activo y pasivo, y el de su cónyuge o concubino.

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