Atención desviada sobre seguridad

Discutir la propuesta de Álvaro Garcé sobre el uso de militares para abatir la inseguridad hubiera permitido aprovechar el tiempo

Discutir la razonable propuesta del excomisionado parlamentario de cárceles Álvaro Garcé sobre la utilización de efectivos militares para abatir la inseguridad ciudadana hubiera sido mejor para aprovechar el tiempo de los legisladores que el desvío de atención al dedicar un día entero a interpelar al ministro del Interior, Eduardo Bonomi. El único resultado tangible de la interpelación fue resaltar los peligros que acechan a la mayoría de los uruguayos. Los reconoció el propio ministro al afirmar que asume la realidad del sufrimiento que la delincuencia impone a la gente. Pero fueron un ejercicio en futilidad las acusaciones cruzadas por el oficialismo y la oposición, y el recurso a estadísticas que nada significan para quienes viven en carne propia la cotidiana violencia delictiva.

Igual consuelo flaco fue el vago compromiso ministerial de que “estamos trabajando” para salir de una crisis apremiante o la promesa de que las rapiñas bajarán antes de que termine el período de gobierno dentro de varios años. Y los reclamos opositores de renuncia y censura parlamentaria al ministro fueron un mero fuego de artificio ante la certeza de que los derrotaría la mayoritaria bancada del Frente Amplio. El eventual reemplazo de Bonomi con otra figura de la alianza de izquierda, por otra parte, no asegura solución. Lo que se necesita es, lisa y llanamente, mayor eficacia y firmeza en combatir la delincuencia.

Hacia esa meta se inscribe la propuesta de Garcé de utilizar efectivos militares como apoyo y complemento del accionar policial. Sugiere que se los asigne a la vigilancia de embajadas y otros edificios para liberar de esa tarea a los policías que los custodian. Este curso aumentaría el número de policías disponibles para luchar contra los delincuentes. Garcé explicó que no evaluaba “sacar al Ejército a patrullar ni hacer tareas de represión”, aunque la presencia en zonas conflictivas de vehículos con soldados armados a bordo sería ciertamente un poderoso disuasivo a los malhechores que operan desde esas zonas. Pero ni siquiera el modesto alcance de lo propuesto por Garcé parece merecer la atención del Frente Amplio y su gobierno.

La alianza de izquierda mantiene un rechazo atávico a la presencia militar fuera de los cuarteles, excepto cuando ayuda en desastres naturales, recoge basura u otras tareas sociales. Apenas ha aceptado utilizarla como guardia en los perímetros externos de las cárceles, donde más de una vez ha evitado la fuga de presos. Sería una mera extensión de estas funciones poner a soldados a custodiar edificios públicos o sedes diplomáticas, como es habitual en muchos países y sin llegar al extremo de que entren a sangre y fuego en los refugios de delincuentes, como se hizo exitosamente en las favelas de Río de Janeiro que controlaba el narcotráfico.

La admisión de Bonomi de lo mucho que falta por hacer confirma la insuficiencia de la Policía para restablecer la seguridad pública, pese al mejoramiento de la institución en equipamiento, tecnología y número de efectivos. Los resultados prácticos inmediatos que reclama una población asolada por el temor no se obtendrán con las promesas ministeriales de algo más de seguridad a largo plazo. Puede ayudar a obtenerlos, en cambio, aprovechar la capacidad ociosa en el Ejército. Solo se requiere anteponer la seguridad de la gente a resquemores de la izquierda que pertenecen al pasado.


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