Aumentarán de 15 a 20 los fiscales de Montevideo con nuevo sistema penal

Resolución firmada por Vázquez suprema 11 sedes civiles de la capital

Dentro de un año, en febrero de 2017, entrará en vigencia el nuevo y largamente debatido Código del Proceso Penal (CPP) que instaurará un sistema acusatorio oral y público donde los fiscales pasarán a ser los responsables de dirigir las investigaciones, a diferencia de lo que pasa en el esquema actual vigente desde 1981 donde todo queda centralizado en la figura del juez.

En los hechos, cuando el nuevo CPP esté vigente y operativo en su totalidad, cada vez que se produzca un delito la respuesta del sistema será similar a la que se ve en las películas: la Policía coordinará con el fiscal que será el responsable de dirigir la investigación y presentará el caso al magistrado una vez que haya reunido las pruebas necesarias (ver aparte).

Para preparar el terreno de cara a esa nueva función, el año pasado la Fiscalía de Corte dejó de ser una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura y se transformó en un servicio descentralizado, para lo que también adoptó un nuevo nombre institucional: Fiscalía General de la Nación (FGN).

A fines de diciembre de 2015, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, propuso al Poder Ejecutivo transformar 11 fiscalías civiles, debido a que según una norma incluida en la ley de Presupuesto que entró en vigencia el 1º de enero, se disminuirá la participación del Ministerio Público en los procesos civiles.

El presidente Tabaré Vázquez, en una resolución que firmó el 21 de enero, hizo lugar al pedido de Díaz por lo que las fiscalías civiles de 4º, 5º, 6º, 7º y 8º pasarán a la órbita penal y serán las sedes de 16º, 17º, 18º, 19º y 20º turno sumándose a las 15 que existen hasta el momento.

Además, la resolución transforma las fiscalías civiles de 9º y 10º turno en sedes de ejecución penal, que se ocupan de controlar el cumplimiento de las penas de las personas condenadas.

Por otra parte, la fiscalía civil de 11º turno pasará a ser la segunda de la materia aduanera, como forma de atender el nuevo sistema procesal que desde marzo regirá para esa especialidad.

Además, la resolución del gobierno transforma las fiscalías civiles de 12º, 13º y 14º turno en sedes de violencia doméstica que se sumarán a las tres que ya existen en Montevideo.

Nuevos desafíos

La resolución firmada por Vázquez explica que las transformaciones de fiscalías "se fundamentan en la redefinición de los cometidos del Ministerio Público, la que reduce la intervención en materia civil, permitiendo redireccionar recursos humanos y materiales con miras a lograr el eficiente cumplimiento de los cometidos que se mantienen, y preparar la institución para afrontar los nuevos roles y funciones que le son asignados por normativa recientemente aprobada".

En tal sentido, el texto agrega que "resulta necesaria" la transformación de cinco fiscalías civiles a penales "con miras" al funcionamiento del modelo procesal acusatorio establecido en el nuevo CPP, que fue aprobado por el Parlamento el 19 de diciembre de 2014 y cuya puesta en marcha se prevé para el 1º de febrero de 2017.

La Fiscalía General de la Nación, en su perfil oficial de Facebook, informó que la institución "determinará la fecha de instalación de las fiscalías transformadas y determinará el régimen de turnos así como el sistema de distribución de expedientes en trámite". Asimismo, indicó que los traslados correspondientes se comunicarán el próximo lunes 1º de febrero, día en que se retomará la actividad tras la Feria Judicial de enero.

Díaz, el fiscal de Corte, explicó en una entrevista publicada por El Observador el 8 de febrero de 2015 las razones por las que se debe acotar la función de los fiscales civiles: "En un país en el que se reconoce el matrimonio igualitario y la unión concubinaria, seguir diciendo que el matrimonio es de orden público y que por eso un fiscal tiene que intervenir para tramitar un divorcio, parece fuera de época".

"Un dictamen de un fiscal civil de Montevideo que dice 'puede usted acceder al divorcio' le sale al Estado uruguayo $ 2.000, contando salario, teléfono, agua, computadora, etcétera. ¿Estamos usando racionalmente nuestros recursos? Esa es una definición que tiene que tomar el sistema político, no el fiscal de Corte", sostuvo Díaz.

Instrucciones generales a fiscales

La Fiscalía General de la Nación elaboró un proyecto que reforma la ley Orgánica del Ministerio Público. La principal novedad es que habilita al fiscal de Corte a "brindar instrucciones generales", sobre todo, en lo referido a política criminal. Los fiscales "no podrán apartarse de las instrucciones generales recibidas" aunque tendrán la opción de "formular objeciones", prevé el proyecto de ley.

El gobierno quiere postergar audiencias públicas hasta 2019

El Poder Ejecutivo envió al Parlamento en setiembre del año pasado un proyecto de ley que posterga por dos años (de 2017 a 2019) ciertos aspectos del nuevo Código del Proceso Penal (CPP). Las disposiciones que el gobierno quiere dilatar son las referidas al sistema de juicios orales y públicos, dado que ese es el aspecto que mayor inversión requiere debido a las importantes obras de infraestructura que se deben realizar en los juzgados.

La intención del gobierno es postergar la entrada en vigencia de 17 artículos del nuevo CPP, entre ellos, el referido a las audiencias públicas. "Las audiencias que se celebren una vez concluida la investigación preliminar serán públicas, salvo que el tribunal decida lo contrario" por "consideraciones de orden moral, público o de seguridad", cuando existan razones para preservar la identidad de las personas que intervienen en el proceso o cuando las audiencias públicas puedan perjudicar "los intereses de la Justicia o comprometer un secreto protegido por la ley", expresa el artículo cuya vigencia se quiere dilatar.

El Poder Ejecutivo también propuso postergar un artículo que regula la disciplina y control de las audiencias y el mecanismo para reanudar una declaración que deba suspenderse.


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