Cristina Fernández de Kirchner.

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Avance contra la corrupción regional

La justicia de Brasil y Argentina cierra el cerco sobre los jerarcas políticos que lideraron un monstruoso esquema de corrupción
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21 de julio de 2017 a las 05:00

En el monstruoso esquema de corrupción que desvalijó a Brasil y Argentina, con nexos entre ambos países y que hasta salpica a Uruguay, los poderosos van cayendo de a uno aunque restan casos impunes. El cerco se va cerrando para Julio de Vido, zar de las obras públicas argentinas cuando era ministro de Planificación de Cristina Fernández de Kirchner.

La Cámara de Diputados estudia el desafuero del hoy legislador. De aprobarse, su seguro destino judicial será la cárcel, donde lo han precedido Lázaro Báez, José López, ex número dos de De Vido y recordado por los bolsos del convento con millones de dólares, y otras figuras prominentes del kirchnerismo.

El último en marchar a prisión ha sido Víctor Manzanares, el contador que manejaba las trapisondas financieras de la familia Kirchner, procesado por múltiples delitos económicos. La propia expresidenta está procesada en cuatro causas, al igual que sus hijos Máximo y Florencia.

Pero es improbable que Cristina termine en la cárcel ya que si es electa senadora en las legislativas de octubre quedará protegida por los fueros parlamentarios. Quien por ahora va escapando es Aníbal Fernández, ex jefe de gabinete kirchnerista, pese a denuncias de haber dirigido una red internacional de narcotráfico.

Pero las vicisitudes argentinas no terminan con el delictivo trasiego interno de fondos públicos que enriqueció al entorno oficial durante los 12 años de kircherismo, al costo de dejar una economía quebrada y a un tercio de la población en la pobreza extrema. Últimamente ha salido a luz la conexión brasileña, a través Odebrecht. Esta enorme empresa internacional, centro del escándalo de Petrobras junto con otros gigantes como el grupo cárnico JBS y la constructora OAS por coimas multimillonarias a cambio de contratos sobrevaluados, estaba a cargo de importantes obras públicas en Argentina. Incluso se ha denunciado que, además de conspicuas figuras del kirchnerismo, las irregularidades en torno a Odebrecht involucran a empresarios privados argentinos.

Mientras los casos en Argentina se procesan lentamente en un sistema judicial de diligencia despareja y un Parlamento dividido, aparece más claramente definida la situación en Brasil, gracias a una ofensiva de depuración que encabeza el juez Sergio Moro, paladín de la lucha contra la corrupción que corroe a casi todo el sistema político. Exministros de los gobiernos izquierdistas de Luiz Inácio Lula da Silva, prominentes dirigentes de otros partidos y grandes empresarios están en la cárcel.

Igual destino amenaza a Lula, condenado a prisión por Moro por corrupción y lavado de dinero. Espera ahora un fallo de segunda instancia para saber si va a la cárcel y pierde su intento de volver a la presidencia. El propio presidente Michel Temer está a la espera de que el Parlamento resuelva si lo destituye.

Los negocios de grandes empresas brasileñas por incidencia política también rozan a Uruguay. La oposición ha denunciado la contratación de OAS en el fiasco de la regasificadora y existen presunciones de operaciones financieras indebidas en el país. Los alcances de la vasta red de corrupción que se enquistó en Brasil y Argentina distan de aclaración total y castigo a quienes han participado. Pero lo que ya se ha hecho y lo que está en marcha acrece la probabilidad de disuadir a deshonestos del saqueo con que han empobrecido a sus pueblos.

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