Bailando por sueños propios y el que paga... es el Estado

El uso indebido de dinero público y la estrategia para un manejo con responsabilidad

Los ediles de Maldonado, José Plada y María Marcela Fernández habían decidido aprovechar que estaban en el Congreso Nacional de curules en Rivera, para salir con amigos el viernes 2 de noche.

Pidieron prestado un Fiat Uno verde y fueron hasta "El Vagón Resto" en la esquina de Agraciada y Presidente Viera. Ocuparon una mesa con ediles, amigos, pidieron rabas, pizza, entrecot, refrescos y vino Don Pascual Cabernet Sauvignon.

A las once de la noche, el animador del karaoke puso música movida y se armó baile.

A esa hora, la edila estaba "medianamente sobria", pero pidió "otra botella".

El edil, que era su pareja, le dijo al oído que no tomara más.

"Está todo controlado", respondió la edila, y siguió bebiendo.

Pero ya le costaba mantener la posición vertical mientras danzaba.

En un momento, el edil fue hasta el "Nuevo Hotel" para llevar a una de las chicas que quería descansar, y al regreso se molestó mucho cuando vio a la edila que "estaba contra la pared que había en la tarima donde se bailaba", mientras, según él contó a la justicia, "dos caballeros estaban aprovechándose, manoseando, por la espalda y la pierna, con la mano", y "ella no sabía ni donde estaba, estaba parada pero estaba hecha una piltrafa".

Los otros dos bailarines no eran ediles; no los conocían.

Ella estaba borracha, lo que luego comprobó la justicia con el test de consumo de alcohol.

Él se puso como loco, porque sentía que lo "dejaba repegado".

A la edila no le gustó que él decidiera por ella, porque quería seguir bailando.

"Me dijo que nos teníamos que ir, me dijo que le habían dicho que me iban a coger, yo le dije que me quería quedar", contó la legisladora fernandina en la sede judicial.

Marcela explicó a la jueza que con José, convivían en su casa desde noviembre de 2015 y que "estaban enamorados". Pero esa noche, la pareja rompería su relación.

Discutieron y él emprendió violencia contra su mujer. La arrastró al auto; afuera lloviznaba, ella se caía, él la empujaba ... El disc-jockey y otros, rescataron a la edila del asiento de atrás del Fiat Uno, y la llevaron de nuevo al karaoke.

Él se fue al hotel, caliente rompió cosas en la habitación, tomó sus ropas, la puso en la valija de ambos y se volvió a Maldonado.

Ella sin valija, debió juntar sus pertenencias en una sábana, atada, del hotel riverense.

Hizo la denuncia, que después pidió retirar, y el caso terminó el jueves 8 con el procesamiento del edil Plada, por el delito de violencia privada, consumado, con conciencia y voluntad. Fue sin prisión, aunque el legislador departamental tiene antecedentes de procesado por hurto.

Algo importante: antes de irse, los ediles pagaron la cuenta en $ 4.335, facturado en cuatro boletas, y todas a nombre de "Junta Departamental de Maldonado".

Ahí está "lo porno" del caso.

Es poca plata, no llega a cinco mil pesos.

Pero no es el monto.

Estatizan el "bailando por un sueño".

No es la cantidad de pesos, es el uso del dinero de los contribuyentes.

El convenio salarial que intentó firmar "Alcoholes del Uruguay S.A." (Alur) es pornografía de la burocracia y los dineros públicos, porque significa que sus autoridades se creen que tienen derecho a hacer eso, pero no con plata propia, sino con la de todos.

Tiene que pasar algo escandaloso para que el sistema político y la gente reaccione, pero no hay indignación cuando una empresa pública, como Antel –para no referir sólo a ANCAP- goza de despilfarro sin ton ni son, al barrer. Porque es plata de "nadie", o sea de todos.

Gerentes sin funciones y sueldos generosos, donaciones a troche y moche, ayudas disfrazadas de publicidad, gestos simpáticos. Y fotitos y videos, brindando en un "lanzamiento".

El caso de la secretaria parlamentaria de Asamblea Uruguay, que cobraba sueldo en negro, por lo que no había aportes a seguridad social, y seguramente tampoco pago de IRPF, es parte de esa falta de sensibilidad al apego estricto a las normas, justo desde donde se debe dar el ejemplo.

El riesgo está además en la generalización que la opinión pública puede hacer de casos, extrapolando a todo el sistema. No es justa la generalización.

Aislados, esos despilfarros parecen poca cosa. Pero seguramente el déficit fiscal podría bajar algo si se aplicara un estricto control de ética en el manejo de los fondos, y se pagara lo necesario y no lo que un burócrata quiera hacer para "quedar bien" con plata de los contribuyentes.

Y aunque no incidan en el total del gasto público, igual importa. Porque son señales que se da desde la autoridad, a la ciudadanía.

El Uruguay tiene debates pendientes de importancia. Por ejemplo, este jueves 8, en la Expo Prado, cuatro economistas debatieron sobre qué hacer con el Mercosur.

Pero en las últimas semanas, las discusiones son sobre la quita de beneficios a donaciones a las universidades privadas, sobre cuánto le sacan a un ministerio para no suspender suba de gasto de enseñanza, pero una discusión menor que se potencia.

Y los escándalos ponen foco en un caso con luz intermitente; cae un gerente de ALUR, un edil va procesado, algo más de eso, pero la impunidad de algunos ordenadores de gastos, persiste.

Hasta que estalle otro escándalo. Y sigue "el bailando ...".


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