Bancada del Frente Amplio aprobó proyecto de ley para combatir a Uber

La primera propuesta pasará a ser evaluada en la Comisión de Transporte y la segunda en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara Baja.

El proyecto del Ejecutivo apunta directamente al cumplimiento de la normativa vigente para el transporte individual y colectivo de pasajeros y establece que "todas las entidades, residentes o no, que intervengan directa o indirectamente en la oferta o en la demanda de la prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros, por parte de personas físicas o jurídicas que no estén debidamente habilitadas para el desarrollo de tal actividad, serán solidariamente responsables por los tributos y las sanciones pecuniarias aplicables a estas últimas".

El artículo incluye la utilización de aplicaciones informáticas que tengan por objeto "la mediación o intermediación en la prestación de los servicios" o el suministro de datos a prestadores y usuarios para que puedan acordar el servicio.

Asimismo, la iniciativa establece que el Banco Central del Uruguay (BCU) suministrará información a las autoridades competentes para la "detección, conocimiento y control" de la normativa sin necesidad de orden judicial previa.

Por otra parte, el proyecto de Mahía se centrar "en definir el marco de aplicación de la normativa -el territorio nacional- para aquellas actividades que a título oneroso utilizan para su contratación una plataforma informática de intermediación (Uber o las que sean que puedan aparecer en un futuro)".

"A los servicios contratados por estos nuevos medios se les deben aplicar las mismas reglas y normas que a los contratados por cualquier otro (entiéndase medios tradicionales)", dice el proyecto.