Blancos quieren que la Policía aplique el derecho de admisión

El Ejecutivo y el PI otorgarán la tarea a organizadores privados
El Partido Nacional promueve un rol más protagónico y restrictivo del Ministerio del Interior en la seguridad de los espectáculos públicos, en contra de la opinión del oficialismo y del Partido Independiente quienes se aprestan a aprobar un proyecto de ley que le otorga a los organizadores privados la aplicación de la seguridad interna en esos eventos. Los blancos sostienen que, al menos en las canchas, esa labor la debe cumplir la Policía.

La postura de los blancos se da de bruces con el proyecto de ley presentado por el diputado del Partido Independiente, Iván Posada.

Ese texto, según el cual la potestad de aplicar el derecho de admisión recae en el organizador del espectáculo, aunque actuaría con apoyo de la Policía, es acompañado por el oficialismo.

El proyecto de Posada estuvo a punto de ser votado el 28 de diciembre de 2016 pero finalmente fue excluido del orden del día de esa sesión de la Cámara de Diputados. Por eso, luego del receso parlamentario los nacionalistas volverán a pedir su modificación.

El planteo

Sobre el derecho de admisión los blancos advierten que el Ministerio del Interior tiene más capacidad que los clubes para confeccionar una lista de violentos, entre otras cosas porque los dirigentes son amenazados por los barras, y por eso entienden que debe ser el Poder Ejecutivo el encargado de aplicarlo, dijo a El Observador el diputado nacionalista, Armando Casteingdebat (Todos).
En ese sentido proponen delinear una lista de antecedentes, no solo vinculados a la violencia en el deporte, para que las personas con determinado prontuario no puedan ingresar a un estadio.

El proyecto de Posada propone que se le impida el ingreso a las canchas a quienes tengan antecedentes vinculados al deporte.

Los blancos consideran que la tarea de detectar a las personas peligrosas debe quedar en manos de los encargados de mantener el orden.
"¿Si ya sabemos quienes son los que nos ocasionan problemas entonces para qué los vamos a dejar seguir entrando? Ahora, ¿quién los conoce? ¿El presidente de Peñarol o el de Nacional, o el Ministerio del Interior?", preguntó Casteingdebat.

"Ya quedó claro que ningún dirigente, hasta por un tema a veces de sobrevivencia, va a hacer lo que el Ministerio del Interior pide que es dar la lista de los que no pueden entrar. Creo que hay que hacer un combo. Los clubes pueden entregar una lista pero el que tiene el registro y la información de gente que no está habilitada para participar de un espectáculo público es el Ministerio del Interior. Entonces nosotros, como partido, no estamos de acuerdo con lo de Iván Posada y la idea es seguirlo conversando", sostuvo el parlamentario.

Para los blancos, hasta tanto la Policía no implemente el derecho de admisión, la seguridad interna debe estar a cargo de la fuerza pública. "Luego de que al fútbol entren los que tienen que entrar, la Policía solo cumpliría un rol de apoyo a la seguridad privada", explicó el legislador.

El debate

El proyecto de Posada, que tiene el respaldo del gobierno y por tanto supera el mínimo de 50 votos para obtener media sanción en Diputados, le da la potestad a los empresarios privados para que apliquen el derecho de admisión con apoyo policial.

El texto del legislador del Partido Independiente señala que no se podrá restringir el acceso de forma arbitraria pero sí se aplicará sobre quienes tengan antecedentes de conductas violentas.

"Las personas físicas o jurídicas organizadoras de los espectáculos públicos de índole artística, recreativa, social, cultural, deportiva o de cualquier otra naturaleza, podrán ejercer el derecho de admisión", dice la iniciativa de Posada.

"Lo que estamos haciendo en este proyecto de ley que regula el derecho de admisión y permanencia es de alguna manera reasumiendo una competencia para el Poder Ejecutivo. Establece competencia, no en lo que tiene que ver con la regulación concreta del derecho de admisión, pero sí con el apoyo y auxilio de la fuerza pública para que el derecho de admisión y de permanencia se puedan ejercer efectivamente", dijo Posada a El Observador.
A ese texto, el Poder Ejecutivo le sumó dos artículos para establecer que la responsabilidad por la seguridad dentro de los espectáculos recae sobre los clubes, algo que en los hechos implica contratar seguridad privada.

Posada advirtió que la propuesta nacionalista "es absolutamente inconstitucional porque supondría que un organismo público determinaría la admisión en una actividad que es organizada por un privado". Para Casteindgdebat, en cambio, "hay que determinar cuáles son los problemas anteriores que te inhabilitan para ir a un estadio". El legislador insistió con que, si hay algún impedimento constitucional, debe legislarse para superar ese problema y también remarcó la necesidad de crear un juzgado especializado para casos de violencia en el deporte.

"Si cruzaste un semáforo en rojo o fuiste procesado por estafa no tiene nada que ver con esto que estamos hablando. Sabemos que está yendo mucha gente al estadio con antecedentes y que tiene problemas que pueden repercutir en un espectáculo deportivo. Capaz que pasa mucho tiempo hasta que cometan algún delito en la cancha. ¿Tenemos que esperar todo ese tiempo? Si ya sabemos que tienen esos problemas", concluyó.


Populares de la sección