Blanqueo argentino de inmuebles enfrenta a tasadores por aranceles

Una gremial cuestiona que se ofrezca el servicio a un costo menor


La zafra inesperada de negocios que abrió el proceso de blanqueo de capitales que habilitó el gobierno argentino de Mauricio Marcri viene avanzando a buen ritmo y moviendo el mercado de tasaciones que ofrecen los agentes inmobiliarios del mercado uruguayo. Además, como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) exige a cada beneficiario de este plan dos tasaciones, el potencial de negocios es mayor que una tasación común.

Tanto a nivel de inmuebles urbanos como rurales, los agentes venían operando a buen ritmo, recibiendo consultas y atendiendo la demanda de los propietarios argentinos. Las inmobiliarias de Maldonado y Punta del Este fueron las primeras en advertir el movimiento de los argentinos por blanquear sus activos en Uruguay. Según informó el programa argentino de televisión Periodismo para Todos conducido por Jorge Lanata, la AFIP detectó unos 1.500 inmuebles de argentinos sin declarar solo en Punta del Este.

El directivo de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este y Maldonado (Adipe-Cidem), Andrés Jafif, había informado a El Observador que desde que comenzó el proceso de blanqueo de capitales, las 160 inmobiliarias afiliadas a la gremial –que la AFIP reconoce como tasador de los inmuebles en Uruguay– han tenido "un ritmo interesante" de clientes que están interesados en adherirse al plan que ofrece el gobierno argentino. Jafif indicó que cada inmobiliaria tiene su criterio y tarifa a la hora de prestar ese servicio. Agregó que los valores de tasación son los reales del mercado.

Sin embargo, esta semana la Cámara Inmobiliaria del Uruguay (CIU) resolvió impulsar un "arancel exclusivo" para las tasaciones de los clientes argentinos, con una tarifa de 0,3% del valor del inmueble más IVA con un costo mínimo de US$ 250, según informó El País en su edición del viernes. Para el resto de los servicios, la CIU decidió mantener la tarifa de 1% más IVA. En un línea similar, la Asociación de Rematadores -que también tasa vehículos, embarcaciones y maquinaria- dejó librado a cada profesional la tarifa por prestar esos servicios para los servicios prestados a clientes argentinos por el blanqueo, consignó ese matutino.

Rechazo

El criterio que promovió la CIU fue cuestionado con dureza por la gremial pionera del sector: la Asociación de Administradores de Propiedades Inmuebles (Adapi). "Deseamos manifestar y poner en conocimiento de nuestros asociados que, los aranceles se crearon para ser respetados y honrados; fueron propuestos y creados por comisiones directivas, y aprobados por asambleas", sostiene un comunicado de Adapi publicado en su sitio web.

Esta gremial considera que el arancel "ayuda a competir en igualdad de condiciones". Explica que solo en casos concretos y por diferentes razones "es necesario hacer excepciones lógicas por la relación comercial con clientes. No debe de ser una forma de generalizar una situación comercial particular, a un momento especial que es impuesto por motivos totalmente ajenos a nuestra situación empresarial, y menos aún, generalizar sin consultar a los asociados; sin haber refrendado eso por medio de una asamblea", rechazó Adapi.

"A todos nos importa el valor de la propiedad y la cantidad de propiedades, pero no parece necesario correlacionar ni limitar el monto a cobrar sin razón. Ya que la tarea a desempeñar es la misma", agrega la gremial inmobiliaria.

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