Bochorno internacional

La liberación de Matías Campiani, exgerente general de Pluna SA, no pasó desapercibida para la prensa extranjera

La liberación de Matías Campiani, exgerente general de Pluna SA, no pasó desapercibida para la prensa internacional. Nada menos que The New York Times y el Financial Times se hicieron cargo de la noticia en sendas crónicas publicadas con destaque el día jueves. Menos desapercibido pasó para estos dos diarios de gran prestigio e influencia, nuestro antediluviano y antiliberal proceso penal. En ambos diarios se sorprendieron que una persona pudiera estar en prisión sin cargos formales. The New York Times fue más allá y sostuvo que la “prolongada detención de Campiani expuso los defectos del sistema uruguayo de justicia”. Uruguay, señaló el Times, “es uno de los pocos países que permiten largos encarcelamientos de gente que no ha sido formalmente acusada de un crimen”.

El Times citó a Raúl Oxandabarat, director de comunicación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), explicando que la liberación de Campiani se debía, en parte, a que había estado en prisión casi la mitad del tiempo que le hubiera tocado como máximo si hubiera sido condenado por fraude y, en parte, a la buena conducta de Campiani durante su estadía en prisión. Pero el gran problema es que nadie sabe cuál hubiera sido la sentencia de Campiani. Incluso podía haber sido menor que la máxima. O podría haber sido declarado inocente, como sostiene Luis Moreno Ocampo, exfiscal de la Corte Internacional de Justicia. Y entonces, ¿cómo se determina “un tiempo en prisión” sobre una pena que no se sabe cuál será y ni siquiera si será? Menos aun tiene que ver la buena conducta de Campiani en prisión, donde no debió de estar hasta haber sido acusado formalmente.

Fue Moreno Ocampo quien también señaló que el “arresto de Campiani durante su juicio fue un error”, y que el hecho de que la SCJ interviniera muestra que Uruguay está manejando adecuadamente la situación. Para el prestigioso jurista argentino, “esta decisión es una victoria para los derechos humanos”.

Y en eso coinciden todos. Hace pocos días Jorge Chediak, presidente de la SCJ, declaró a El Observador que “el proceso criminal uruguayo está demodé”. Es verdad, es un proceso anticuado. Pero además de anticuado es un proceso antiliberal, un proceso inquisidor donde juez y fiscal trabajan juntos, la defensa tiene poca injerencia y luego el juez termina, archivando el caso o dictando el auto de procesamiento con o sin prisión. Y entonces apenas comienza el proceso y ya el encausado puede estar en prisión sin que se sepa si es culpable o inocente. Quizá vaya a prisión por la eventual “alarma pública” que el caso genera, pero ello es un concepto subjetivo que queda a criterio del juez. Claramente, un proceso que no da garantías.

Afortunadamente un nuevo proceso penal ha sido aprobado luego de dormir en forma incomprensible durante cuatro años en el Parlamento. Es un proceso acusatorio en lugar de inquisitorio. Donde el fiscal y la defensa trabajan cada cual por su parte pero a la par, presentando cargos y descargos, y luego el juez decide. Donde la prisión preventiva se usa con mucha más moderación y en casos excepcionales. Donde lo normal es que el acusado permanezca en libertad bajo fianza, como está ahora Campiani, mientras el proceso transcurre hasta que se dicte sentencia. Porque además, lo de Campiani no es un caso excepcional. El 64% de la población carcelaria carece de sentencia firme.

Desafortunadamente el nuevo sistema entrará en vigencia recién en 2017. Y aun algunos proponen que comience a aplicarse en forma paulatina, por zonas geográficas. Es comprensible la preocupación porque el cambio será muy profundo en lo instrumental y en lo conceptual. Pero tener dos procesos vigentes en el país generará distinciones injustificables entre los ciudadanos que vivan en unas u otra zonas.

Introducir el nuevo proceso penal costará dinero y esfuerzo. Pero no es posible admitir más dilaciones en un asunto que afecta seria y gravemente las garantías individuales de la persona. Cueste lo que cueste, es hora de que Uruguay dé vuelta esta página negra de su historia y deje de figurar entre los pocos países que tienen una sistema penal anticuado y antiliberal.


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