Once muertos y más de 3.000 damnificados han dejado hasta este viernes los voraces incendios forestales registrados en el centro y sur de Chile, que más de una semana después de haber comenzado están lejos de ser controlados.
El balance provisional de muertos incluye a dos bomberos, tres brigadistas, dos policías y cuatro civiles.
La vocera de la Dirección Nacional de Bomberos, Mariela Vivone, informó a radio El Espectador que a mediados de febrero, si las condiciones climáticas son buenas en Uruguay y de ser necesario, el organismo enviará entre 20 y 30 efectivos a Chile para ayudar en los incendios forestales como se hizo en otras ocasiones.
La presidenta Michelle Bachelet anunció en rueda de prensa que los más de 3.000 damnificados serán beneficiados con ayudas económicas del gobierno.
El Ejecutivo entregará subsidios para reconstruir y reparar las y reponer los enseres perdidos, además de otorgar hasta 15.000 dólares para atender al ganado afectado y unos 350 dólares para quienes perdieron su fuente de ingreso.
"Nuestra prioridad es la seguridad de las personas y cuidar a los animales", afirmó Bachelet.
La furia de las llamas no amaina. Hay 135 focos activos, 58 han sido controlados, 72 se encuentran en combate y cinco han sido extinguidos.
La superficie destruida por el fuego alcanza las 387.374 hectáreas en siete regiones, según el último informe de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).
Las regiones más afectadas son las de O'Higgins, el Maule, Biobío y la Araucanía las cuales se encuentran bajo estado de catástrofe.
La ayuda gubernamental comenzó a distribuirse en zonas rurales de la región de O'Higgins (centro), donde el fuego calcinó más de 100.000 hectáreas hasta el jueves, cuando los incendios fueron extinguidos y comenzaron las labores de limpieza.
Pero los fuertes vientos y las temperaturas superiores a los 38 grados desplazaron las llamas hacia las regiones sureñas del Maule, Biobío y la Araucanía, provocando gran destrucción en poblados donde viven agricultores y criadores de ganado.
La Fiscalía chilena desplegó decenas de funcionarios junto a la policía en las regiones afectadas, donde iniciaron una investigación para determinar si los siniestros se produjeron por negligencia o intencionalidad.
Unas 34 personas fueron detenidas y acusadas como sospechosas de haber participado en la provocación de los incendios.
El último de los imputados fue arrestado en la región del Biobío "prendiendo fuego, con grave riesgo para la población", indicó un informe de la Fiscalía.
"Son casos de flagrancia, es decir, estaban en una acción antijurídica", afirmó el ministro del Interior, Mario Fernández.
Las detenciones van en línea con la tesis del gobierno de que estos incendios habrían sido provocados intencionalmente, agregó Fernández.
Más del 90% de los incendios en Chile son provocados por el hombre y las penas pueden llegar a los 20 años de cárcel, según la legislación local.
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