Bottinelli logra consenso para presidir la Corte Electoral

Se vuelven a reunir los senadores que negocian nombramientos en la SCJ
En la negociación que el Frente Amplio y la oposición llevan adelante para designar a los presidentes de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas, el Frente Amplio propuso al politólogo Oscar Bottinelli, director de la consultora Factum, para la Corte Electoral y la oposición se mostró afín.

Senadores de la oposición dijeron a El Observador que más de uno de los legisladores estuvieron de acuerdo en apoyar esa designación. Concretamente se confirmó que Alianza Nacional, el sector que lidera Jorge Larrañaga, dio el visto bueno.

Los informantes señalaron que entienden que las credenciales de Bottinelli, quien es profesor titular en el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, son suficientes para ocupar el cargo.

La intención de los senadores es que tanto los titulares de la Corte Electoral como del Tribunal de Cuentas sean resueltos por consenso político con el apoyo de todos los partidos.

Las designaciones de los miembros de los organismos de contralor requieren el apoyo de los tres quintos de votos de la Asamblea General.

Fojas cero

En otro orden mañana martes se vuelve a reunir la comisión que negocia por los cargos para la Suprema Corte de Justicia (SCJ). A menos de 20 días de que venza el plazo constitucional para nombrar al nuevo ministro –tras la vacante dejada por Jorge Larrieux que dejó el cargo al cumplir los 70 años– oficialismo y oposición no logran ponerse de acuerdo para votar al sucesor. Voceros del Frente Amplio y de los partidos de oposición dijeron a El Observador que la intención es acordar pero ayer todo volvió a foja cero.

De no alcanzarse un acuerdo político a los 90 días de la renuncia –que se cumplirá a fines de febrero–, asumirá en la Corte el ministro más antiguo en el cargo de los tribunales de Apelaciones. De acuerdo con la lista del Poder Judicial ese ministro es Eduardo Turell.

La intención de gobierno y oposición era acordar los nombres de todos los ministros que deberán ingresar a la Suprema Corte en este período de gobierno, ya que en mayo se retirará Ricardo Pérez Manrique al cumplir 70 años, y en 2018 lo hará el ministro Felipe Hounie.

El senador José Amorín (Partido Colorado) dijo a El Observador que los senadores acordaron no hacer declaraciones para "no manosear nombres". De todos modos, dijo que la aspiración es elegir para la Suprema Corte a los que están "más arriba en la lista de antigüedad". "Si hay acuerdo mucho mejor, sino asumirá el más antiguo", afirmó.

El Frente propuso a la ministra de un tribunal de apelaciones de Trabajo, Rosina Rossi, y desde la oposición se puso reparos a su nombre por estar en un lugar bastante abajo en la lista de antigüedad de magistrados, informó El País el pasado sábado. El semanario Brecha había informado el 20 de enero del respaldo del Frente Amplio a Rossi y mencionó que para los negociadores del oficialismo es importante que ingrese una mujer a la Suprema Corte.

Frente al estanacamiento de las negociaciones, la senadora Constanza Moreira (Frente Amplio) escribió en su cuenta de Twitter que sentía "frustración por los pocos avances" que se consiguen. "Las mayorías especiales son la excusa para el veto de las minorías", afirmó la legisladora.

El senador Pedro Bordaberry (Partido Colorado) le respondió desde su columna en el portal El Telescopio. Escribió que "sabiamente la Constitución" limitó el poder del gobernante de turno "como una garantía especial de los derechos de los ciudadanos". Opinó también que últimamente "esa limitación del poder se ha puesto en cuestión". "Ver a las garantías constitucionales como un veto de la minoría es una actitud peligrosa", afirmó Bordaberry en respuesta a Moreira.


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