Brasil cursó pedido de extradición a Justicia de Uruguay por Lava Jato

La jueza Larrieu resolverá si los detenidos son liberados o esperan en prisión
La Justicia brasileña solicitó la extradición de dos brasileños que fueron detenidos el viernes 3 de marzo en Uruguay por el caso conocido como "Lava Jato", por el que se indagan operaciones de lavado de dinero y corrupción en los que hay jerarcas y empresarios de Brasil involucrados, informaron a El Observador fuentes del caso.

Brasil tenía 40 días para realizar la solicitud por la extradición de Claudio Fernando Barbosa y Vinícius Claret y la jueza especializada en Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, recibió el pedido en la noche del martes 14. Los dos indagados por la Justicia brasileña permanecían detenidos a la espera de que llegara el pedido.

El abogado de Barbosa, Pablo Correa, presentó ante la jueza Larrieu un recurso de inconstitucionalidad contra las leyes que amparan el pedido de extradición de los países del Mercosur, informó El País. El abogado explicó que el plazo de 40 días que indican esas normas excede "el máximo de detención" establecido por la Constitución, partiendo de la base de que los delitos por los que se los acusa habrían sido cometidos en Uruguay. También planteó una acción de "habeas corpus" contra la prisión indebida, a fin de que la autoridad aprehensora explique y justifique el motivo legal de la detención.
Larrieu deberá definir si hace lugar a las solicitud del abogado y, mientras se tramita la extradición, otorga la libertad a los ahora detenidos de manera preventiva. Para ello, le dio pase al fiscal especializado en Crimen Organizado, Carlos Negro.
En la audiencia de notificación del pedido de detención de Brasil, los detenidos negaron cualquier conexión con el lavado. La denuncia de la Fiscalía de Brasil los vincula a la red de lavado de dinero organizada por el exgobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral.

El escrito de la Fiscalía, del que informó El País la semana pasada, señala que en Uruguay funcionaba una casa de cambio, cuyos propietarios tenían vinculaciones con personas allegadas a Cabral.

Según la Fiscalía, la organización cobraba, por concepto de coima, el 5% de las obras adjudicadas por Cabral en Río de Janeiro, entre ellas reparaciones voluminosas del Estadio Maracaná y en la favela El Alemán. El dinero ilícito era cobrado por integrantes de la organización y llevado a un estudio jurídico de Río de Janeiro. Desde ahí era trasladado a Uruguay o transferido a cuentas bancarias de Estados Unidos, Bahamas y Alemania, entre otros países.
El fiscal sostiene que cambistas brasileños eran los encargados de armar, cerrar y liquidar las operaciones de cambio en el mercado paralelo en Uruguay para clientes de Brasil.
Según esa denuncia, un testigo protegido, de nacionalidad uruguaya y residente en Brasil, relató que conoció a uno de los intermediarios financieros y dueños del cambio uruguayo en un viaje que hizo a Montevideo. Ese testigo declaró que ese intermediario "tenía un esquema de negocios que incluía retirada y entrega de dinero generado por coimas".

Otras dos causas sobre lavado

La jueza María Helena Mainard y el fiscal Luis Pacheco tiene a su cargo dos expedientes vinculados a Lava Jato. En uno de ellos indaga a cuatro profesionales -dos abogados y dos corredores de bolsa-, por su actuación en la creación de sociedades y en la compra de bienes con dinero proveniente de la corrupción. En el otro, investiga una denuncia presentada por la empresa Costa Fortuna contra GNLS (firma encargada del desarrollo del proyecto de la regasificadora). Costa Fortuna fue subcontratada por la brasileña OAS.

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