Buscan nuevos enterramientos de ejecutados en la guerra narco

La Policía cree que al menos seis personas desaparecidas fueron asesinadas

Casi como un detective privado. Así Evangelina Oviedo recolectó datos, rumores, versiones y pistas sobre el destino de su hijo, Jorge Cotelo (18 años) que desapareció en agosto del año pasado junto a su amigo Emiliano González (19). Los jóvenes, que eran vecinos en el barrio La Paloma, se fueron una noche en una moto con un conocido de González y desde entonces no se supo más nada de ellos. Dos días después, el cadáver de quien los pasó a buscar apareció sobre la ruta 1, incinerado.

Tanto los familiares de los jóvenes desaparecidos como los investigadores judiciales y policiales no tienen dudas de que el caso se enmarca en una guerra entre bandas dedicadas a la venta de drogas en los barrios Casabó, La Paloma y El Tobogán, ubicado en una zona donde reina la pobreza y se multiplican los ranchos y basurales entre el arroyo Pantanoso y el estadio Luis Tróccoli, de Cerro.

El caso recobró notoriedad hace diez días cuando El País publicó que la pista más firme era que Cotelo y González fueron torturados, asesinados y sepultados en una zona de El Tobogán. Hasta allí llegaron el miércoles investigadores del Departamento de Hechos Complejos del Ministerio del Interior y, en base a información que aportó un testigo protegido, ubicaron partes de una mano y huesos de miembros inferiores debajo de un chiquero ubicado al fondo de un rancho

Ayer, en la misma zona, fueron hallados otros pequeños restos óseos que ahora deberán ser analizados para confirmar si son humanos o de algún animal. Las familias de los jóvenes desaparecidos esperan la confirmación de que los restos ubicados pertenecen ellos, pero la Policía ya les dio una certeza de "99%" de que eso es así, dijo Oviedo.

Seis más y vínculos

Para los investigadores policiales no hay dudas de que los casos de Cotelo y González forman parte de una modalidad de secuestro y homicidio que ya es moneda corriente entre los grupos de narcotraficantes de países tan lejanos como México y Guatemala, y que ahora se está instalando en Uruguay.

La Policía maneja la información de que al menos otras seis personas que están desaparecidas corrieron la misma suerte que los dos jóvenes. En algunos de esos casos las desapariciones ni siquiera fueron denunciadas porque las familias tienen temor a represalias

.Según los datos aportados a la investigación por un testigo protegido, el caso de Cotelo y González tendría como principales responsables a delincuentes de la zona que ya está en prisión por otros sonados homicidios.

"El Tulita", "Manolo" y "El Gárgola" fueron procesados en febrero por el homicidio "muy especialmente agravado" de un joven de 25 años y su sobrino de 15 meses en el barrio Casabó. "El Oreja Donato", sospechoso de haber participado en el homicidio de una pareja paraguaya en Solymar, también se encuentra preso en Brasil, por un delito de tráfico de drogas.

"El Manolo" es uno de los capos del tráfico de drogas en el barrio Casabó. Su hermano había sido asesinado por una banda rival. Aparentemente, "El Manolo" quería saber el nombre del matador de su hermano y por eso, junto a los suyos, torturó a Cotelo y González, bajo el supuesto de que los jóvenes sabían el nombre del homicida.

Rumores

La madre de Cotelo, junto a su esposo, observó ayer el trabajo de la Policía y los Bomberos. Contó que recorrió diversos lugares de los barrios Casabó, Cerro Norte y El Tobogán en busca de cualquier dato que sirviera para saber qué le pasó a su hijo. Dijo que concurrió a varias bocas de venta de droga para obtener aunque sea un indicio.

Ayer, en esa zona, que fue delimitada por un vallado policial, trabajó una retroexcavadora.

"La posibilidad de que estuvieran acá la teníamos casi al tercer día de que desaparecieron", sostuvo Oviedo, quien aseguró que cada "rumor" que recibió se lo comunicó a la Policía.

Cotelo se fugó de un hogar de internación de menores en agosto del año pasado, cuando le faltaba apenas un mes para cumplir la condena por el intento de robo de una moto. Antes había estado internado por otro asalto. González también había sido recluido por un delito cometido siendo menor.

Según Oviedo, mientras permaneció privado de libertad, su hijo tuvo un buen comportamiento pero vivió enfrentamientos con otros internos generados por rivalidades entre grupos de la zona.

Ayer, la jueza María Noel Odriozola y el fiscal Gilberto Rodríguez tomaron declaración a dos personas que viven en la zona en condición de testigos protegidos. Para hoy está prevista la conducción a la sede judicial de personas que fueron mencionadas en el curso de la investigación y que podrían tener vinculación con el caso, según dijeron a El Observador fuentes vinculadas a la investigación.


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