Elaboran protocolos que aseguren la atención en salud a los presos

Solo 5,3% de las personas privadas de libertad con diabetes está en tratamiento, mientras que fuera de las cárceles ese porcentaje asciende al 52%. Uno de cada 10 presos tuvo un intento de suicidio en el último año y dos tercios de los enfermos de sífilis en las cárceles no se encuentran en tratamiento. Estos son algunos ejemplos: en Uruguay, casi la mitad de los presos dicen percibir barreras en el acceso a la salud de urgencia durante el período de reclusión.

A partir del diagnóstico epidemiológico financiado por la Unión Europea y realizado por la Organización Panamericana de la Salud –en el marco del Programa de Justicia e Inclusión– se elaboraron ocho protocolos para mejorar los problemas en el acceso a la salud de las personas privadas de libertad. Los ejes son controlar los presos al ingreso, la salud bucal, la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, la prevención de la conducta suicida, la mejora de la salud sexual y reproductiva y el abordaje del VIH.

"Serán de implementación gradual, no es una cosa que se diga mañana va a estar", dijo a El Observador el representante de la OPS en Uruguay, Eduardo Levcovitz, ya que requiere en muchos casos de cambios en la infraestructura de los centros.

Los protocolos "tratan de asegurar la continuidad de la atención adentro durante la privación de libertad, y tender el puente para cuando la persona sale", aseguró Wilson Benia, coordinador adjunto del proyecto.

Uno de los protocolos se centra en el ingreso de los adultos en las cárceles y otro de los adolescentes en centros del Inisa, para asegurar un diagnóstico previo al ingreso y de esa manera realizar una detección de patologías que permita asegurar una atención continua. "La idea es no interrumpir el acceso al sistema de salud. La privación que tiene esa persona es de libertad, no de los otros derechos", aseguró Levcovitz.

Otro de los protocolos es sobre el abordaje de las enfermedades crónicas no transmisibles. Un cuarto de los presos manifestó no ingerir nunca frutas o vegetales y el 16% dijo pasar 10 horas al día sin realizar actividad física, ambos factores de riesgo.

El estudio concluye que hay una diferencia "clarísima" entre la detección precoz y el tratamiento oportuno entre las personas privadas de libertad y el resto de los uruguayos, especialmente en estas enfermedades.

En ese sentido, el protocolo establece que es necesaria una "detección oportunista", y recomienda tomar módulos una vez al año para hacer una búsqueda activa de personas con hipertensión o diabetes, además de aprovechar las visitas por lesiones –razón por la cual el 22% de los presos fue

hospitalizado en el último año– para realizar controles generales.

"A muchas de las personas en las que se encontraron cifras altas les habían tomado la presión, el médico les había dicho, pero no estaban en tratamiento", dijo Benia, quien resaltó la importancia de que "no se rompa la línea de cuidado".

Aumentar el acceso a preservativos, a métodos anticonceptivos para prevenir las enfermedades de transmisión sexual son medidas que forman parte del protocolo de salud sexual y reproductiva.

Los protocolos fueron

realizados en grupos de trabajo que incluyeron expertos del ámbito académico, personal del Ministerio de Salud Pública y profesionales que trabajan en la atención a la salud dentro de los centros de privación de libertad.

En ese sentido, Benia los definió como un "consenso de expertos sobre cuales son las mejores prácticas".

"En muchos casos las autoridades de las instituciones del gobierno manifestaron la conformidad con los protocolos", agregó.