La caída en cadena de los principales laderos de Cristina Fernández de Kirchner, presos o bajo asedio judicial, confirma la red de cuantioso desvío ilícito de fondos públicos y otros actos corruptos en la era kirchnerista y pone bajo alerta roja a la desprestigiada expresidenta. La incógnita mayor es hasta dónde llegará la Justicia en el caso de Cristina, punta de la pirámide de secuaces que, además de obedecer las órdenes del matrimonio Kirchner, aprovecharon para llenarse los bolsillos con negociados turbios de todo tipo. Desde que Mauricio Macri asumió la Presidencia, con la honestidad pública como una de sus banderas, los jueces más serios están aplicando a fondo el bisturí, libres de las presiones y la intimidación que les imponía el autoritario gobierno anterior. Pero sobrevuela la presunción de que, pese a las responsabilidades que le caben, podría no llegarse al procesamiento y eventual condena de la expresidenta, para evitar los disturbios que puede generar la Cámpora, el todavía poderoso núcleo central extremista de sus disminuidos partidarios.
Impresiona, de todas formas, la extensa lista de figuras prominentes del anterior entorno presidencial que están pagando por graves delitos económicos o están en proceso de hacerlo. La acción judicial está centrada en tres áreas mayores. Una es la ruta del dinero K. Otra es la venta fraudulenta de dólares a futuro por el Banco Central. La tercera es el escándalo tributario de los casinos. Para develar el trasiego clandestino de dinero por decenas de millones de dólares, en bolsas que pasaban por Uruguay o transferencias a cuentas ocultas, ha sido esencial el aporte de Leonardo Fariña. Este hombre actuaba como “valijero” en el transporte físico de enormes sumas de efectivo. Después de estar preso durante dos años, optó por acogerse a la figura jurídica de “arrepentido” y contar todo, a cambio de recuperar libertad vigilada y reducción de pena.
Sus revelaciones llevaron a la cárcel a Lázaro Báez, cabeza de los movimientos ilegales de capitales primero bajo Néstor Kirchner y luego bajo su cónyuge. Lo acompañan en prisión sus dos lugartenientes principales, el contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco, que trató de escapar pero acaba de ser arrestado en Paraguay. En el caso de las ventas de dólares a futuro, con pérdidas de miles de millones de dólares para el país, están acusados la propia expresidenta, el exministro de Economía, Axel Kicillof, y Alejandro Vanoli, que presidía el Banco Central, además de otros funcionarios. También ha caído el poderoso empresario Cristóbal López, dueño de casinos en todo el país y de otras muchas empresas, que adeuda más de US$ 600 millones en impuestos perdonados por Ricardo Etchegaray, también bajo indagatoria judicial, cuando presidía AFIP, el organismo estatal de control financiero.
Otras figuras indagadas son los exministros Julio de Vido, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández y el exvicepresidente Amado Boudou. Cristina ya compareció ante un juez por los dólares a futuro y volverá a hacerlo por la ruta del dinero K, la causa en que aparece más comprometida. Es incierto su destino final. Pero al menos es saludable que vayan cayendo las piezas del delictivo ajedrez K, como evidencia de que el Poder Judicial, cuando y donde funciona con independencia, es una garantía para asegurar honestidad gubernamental y castigar cuando se la tira por la ventana.
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