Cámara de Comercio y Mercantil criticaron ajuste de tarifas

Rechazan argumento de que el ajuste está alineado a evolución de la inflación


La Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) y la Cámara Mercantil de Productos del País divulgaron este viernes un comunicado conjunto rechazando el último de tarifas públicas que anunció el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Danilo Astori, la pasada semana.

Las gremiales recuerdan que "la carga del ajuste fiscal para encauzar las cuentas públicas en el año 2015 recayó principalmente sobre las empresas públicas (EEPP). Al asumir la presente administración se les solicitó un esfuerzo de un punto del PIB que contribuiría a la mejora del resultado fiscal. El conjunto de las EEPP cumplió con lo solicitado, no así el resto del sector público, ya que el déficit fiscal prácticamente no ha variado", rechazaron.

En los 12 meses a octubre el déficit fiscal se ubicó en 3,5% del PIB. La meta del Ejecutivo es llegar ese rojo de las cuentas públicas a 2,5% para fines de 2019. "Pese a haber cumplido con el mandato (por las EEPP), se le vuelven a solicitar 'nuevos esfuerzos', a la luz del propio déficit fiscal del gobierno y el nuevo contexto internacional que al momento se presenta incierto, lo que demora la recuperación regional. Tampoco hay que olvidar a los cambios de precios relativos que se avizoran", alerta el comunicado.

Las gremiales rechazan que se defendía la suba de las tarifas públicas alineadas con la inflación del en torno de 8%, ya que "ya que los costos particulares de las EEPP no evolucionan necesariamente con el IPC. En otras partes del mundo se espera que las empresas de servicios públicos intensivas en capital como energía eléctrica, agua y saneamiento tengan tarifas que evolucionen algunos puntos porcentuales por debajo de los precios al por mayor de la industria. La referencia a la inflación medida por el IPC debería ser solo para el caso de empresas de servicios muy intensivas en mano de obra y otros costos variables", explica.

El comunicado cita como ejemplo el caso de UTE, donde los pagos por remuneraciones y compras de bienes y servicios acumulados en los 12 meses a octubre del presente año cayeron 4,4% con respecto al mismo período finalizado en octubre de 2015. Sin embargo, se anunció un aumento del 7,5% en la tarifa eléctrica a partir del próximo 1° de enero.

"La principal razón de este desfasaje es la exigencia para esta empresa de triplicar a partir del año próximo los dividendos que aporta a la Tesorería. La carga de esta transferencia estará, por lo tanto, en los costos del sector productivo o en el costo de vida de la población presionando los salarios que son un componente de costos de producción. Es claro que, el ajuste en base a la inflación persigue en este caso un fin recaudador. Esta es una forma ineficiente de recaudar, abusando del poder monopólico de la empresa y trasladando mayores costos al sector productivo", cuestionaron las cámaras de Comercio y Mercantil.



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