Cámara de Industrias reclama fiscalización de la ley de envases

La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) reclama más fiscalización por parte de la Dirección Nacional de Ambiente (Dinama), ya que “aún quedan muchas empresas” que no cumplen con la ley de uso de envases no retornables (Nº 17.849) a siete años de su reglamentación. Al tiempo que la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (Ucrus) sostiene que la norma no ha cumplido con sus objetivos ambientales y de inclusión social.

“No se han fiscalizado adecuadamente los datos presentados (por las empresas). Algunas se han dado de baja por incumplimiento de pagos, han sido apercibidas por el ente fiscalizador y han regresado al sistema, pero no sucedió en otros casos. Por otra parte, el cumplimiento de los convenios por parte de todas las instituciones involucradas ha sido dispar”, dijo a El Observador el coordinador ejecutivo del Departamento de Gestión Ambiental de la CIU, Julio Sosa.

La norma establece que toda empresa que utilice envases no retornables para comercializar sus productos debe contar con un plan de gestión de residuos y financiar su recuperación en las plantas de clasificación y reciclado que emplean a exclasificadores.

Por ejemplo, una empresa que vende perfumes debe declarar y pagar una tasa por los kilos de “vidrio” del cuerpo del frasco, de “PEAD” (polietileno de alta densidad), “PP” (polipropileno) o “PVC” (policloruro de vinilo) por el material de la tapa u otro elemento y de cartón que libera al mercado. No se admite la recuperación de envases provenientes de vertederos, contenedores o bolsas generales de residuos (con excepción de los domiciliarios).

Pero, hasta el momento, solo se cuenta con la adhesión “voluntaria” de 2.400 empresas. El Plan de Gestión de Envases (PGE)funciona en Canelones, Flores, Maldonado, Montevideo −donde se instalaron cuatro plantas este año−, Rivera y Rocha, que, en total, pagan $ 70 millones al año.

La CIU calcula un aporte adicional de $ 16 millones cuando se consolide el programa en la capital. Pero esto dependerá de que más ciudadanos separen la basura en sus domicilios. “El principal problema radica en que los residuos que llegan a la planta aún están muy contaminados con otros residuos (material orgánico), lo que ocasiona pérdidas de recursos: tiempo y dinero”, explicó Sosa.

Con todo, las empresas adheridas al PGE son responsables por 72.276 toneladas de envases al año. Ese es el peso de siete torres Eiffel. Solo con las botellas de plástico y las bandejas de espuma plast −productos elaborados con polietileno tereftalato− que venden al año puede construirse un monumento.

Rechazo
El coordinador ejecutivo del Departamento de Gestión Ambiental de la CIU señaló que el PGE ha tenido dos contras: la vandalización de los puntos de entrega voluntaria (el caso típico es la quema de contenedores en Montevideo) y el “rechazo al sistema” por parte de los clasificadores informales. “Esto conspira contra el normal funcionamiento”, afirmó.

La Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (Ucrus) reclama al Poder Ejecutivo y a la CIU el pago de dos salarios mínimos nacionales ($ 17.920 a valores actuales) para todos los clasificadores empleados en el marco de la ley Nº 17.849. Esa es la promesa que hizo la Intendencia de Montevideo. No obstante, en Rivera, el costo por tonelada clasificada ronda los $ 17 mil.

Ahora se está lejos de eso. En Canelones, por ejemplo, el salario promedio de un trabajador fue de $ 6.786 en setiembre. Esto se debe al ritmo de venta del material procesado por las cooperativas de clasificadores.

En un comunicado difundido el 4 de noviembre, Ucrus demanda que los grandes generadores de residuos entreguen la carga directamente a los trabajadores “a fin de mejorar, al menos en algo, los muy bajos ingresos”.

En el documento se lee: “A la Ley de Envases la catalogamos de NI-NI-NI-NI porque ni sirve para recoger envases de modo importante, ni emplea un número significativo de clasificadores, ni ha creado puestos laborales con salarios dignos, ni habilita el trabajo en condiciones ambientales aceptables”.

Con la inauguración de la cuarta planta de reciclaje de envases de Montevideo, ubicada en camino Durán y Antonio Taddei, 128 trabajadores pasaron de las inmediaciones de los contenedores a clasificar residuos bajo un techo de manera formal. Los otros departamentos suman 140 trabajadores. La CIU no prevé expandir el PGE a nuevos departamentos en el corto plazo.