Cámaras empresariales evalúan volver a la OIT ante escaso avance en negociación

El PIT-CNT acepta un sistema para prevenir conflictos pero reclama una ley de insolvencia patronal
Las cámaras empresariales se reunirán hoy para analizar el estado de situación de las negociaciones llevadas adelante en los últimos dos años con el gobierno y el PIT-CNT, que tenían como objetivo incorporar a la ley de Negociación Colectiva las recomendaciones que realizó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2010.

El miércoles pasado tuvo lugar la última reunión entre las partes en el Ministerio de Trabajo (MTSS). En esa instancia la delegación del PIT-CNT manifestó su disposición a discutir uno de los planteos que las cámaras empresariales presentaron en diciembre pasado y que refiere a un sistema de prevención de conflictos entre empresas y trabajadores. Pero también reflotó su voluntad de avanzar en la creación de un fondo de garantía de los créditos laborales para casos de insolvencia patronal.

Las cámaras empresariales habían puesto un plazo para negociar cambios a la ley de Negociación Colectiva hasta el 31 de diciembre pasado. No obstante, en la última reunión la representación del Poder Ejecutivo encabezada por el subsecretario de Trabajo, Nelson Loustaunau, consultó a las gremiales sobre si efectivamente se dan por vencidos los plazos o existe margen para continuar conversando.

Una respuesta a ese planteo se comenzará a delinear hoy. Los presidentes y asesores de las cámaras de Comercio e Industria realizarán una evaluación de la situación y definirán qué estrategia adoptarán de aquí en más respecto a los temas laborales que están pendientes. Eso implica dos cosas: continuar negociando o retirarse de los ámbitos que promueve el Poder Ejecutivo, y al mismo tiempo decidir si se reactiva la queja presentada en 2009 ante la OIT. El ánimo de los empresarios no es el mejor. Un argumento dado por ese sector es que pese a la tregua de dos años los avances fueron mínimos.

Las cámaras mantienen vigente la queja presentada ante la OIT. No obstante, en 2015 y 2016 se logró un acuerdo para que las gremiales abrieran una tregua y no impulsaran que Uruguay estuviera en la llamada "lista negra" de la Comisión de Aplicación de Normas. En 2013 la OIT estuvo a punto de incluirlo en esa lista que integran países que no respetan leyes laborales y otros observados por no respetar las libertades sindicales. Pero en esa instancia el gobierno logró frenar esa decisión bajo el argumento que Uruguay tiene "un alto nivel de diálogo social".

Un viejo reclamo

El punto que encabeza las reivindicaciones de las cámaras empresariales se basa en la negativa del gobierno a regular el procedimiento para garantizar la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de los empresarios a ingresar en sus instalaciones durante las ocupaciones. Si bien el articulado sobre el tema fue eliminado de la ley de Negociación Colectiva cuando el presidente Tabaré Vázquez envió la iniciativa al Parlamento en 2008, la queja que los empresarios realizaron en 2009 se hizo con base en el decreto 165/06, que reglamenta las ocupaciones y que, entienden, debe derogarse.

En 2010, el Comité de Libertad Sindical de la OIT pidió al gobierno que velara por el respeto a los derechos de empresarios y no huelguistas, pero a juicio de las gremiales eso hasta ahora no ha sucedido. Por eso en 2012 volvieron al organismo con sede en Ginebra y ampliaron la denuncia.

Desde el sector empleador sostienen que la ocupación no está incluida dentro del derecho de huelga consagrado en la Constitución.

El gobierno espera

Si no hay entendimiento, el MTSS elevará a consideración del Parlamento una iniciativa legal redactada por el Ejecutivo que modifique la normativa y atienda la queja.
Ese paso no resguardaría enteramente al país de que el caso uruguayo vuelva a ser considerado por el organismo internacional con el riesgo latente de caer en la llamada "lista negra" de la OIT, pero serviría para quedar en una mejor posición.

Eso es así porque los informes del organismo tomarían nota de la conducta proactiva del gobierno al poner el tema en manos del Parlamento, había dicho semanas atrás un experto consultado por El Observador.

Para el PIT-CNT, el derecho al trabajo de los no huelguistas no está dañado por el ejercicio de la huelga. Se entiende que en los hechos está protegido y se ponen como ejemplo las resoluciones en la materia que ha tomado la Justicia cuando se han presentado recursos de amparo.

En diálogo con El Observador, el director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, Milton Castellano, manifestó que la central sindical mantiene su posición respecto a que la normativa de Negociación Colectiva vigente "es una buena ley".

Respecto a la prevención de conflictos, Castellano indicó que la central es partidaria de buscar nuevos mecanismos en esa dirección, como quieren las cámaras. "Si tenemos buenos mecanismos de prevención de conflictos, las posibilidades de ocupaciones, piquetes y huelgas se reducen drásticamente", afirmó. l

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