Cambio en despidos perjudica a todos

La modificación propuesta al régimen de despidos en el sector privado conlleva dos graves desventajas para el país

La modificación propuesta al régimen de despidos en el sector privado conlleva dos graves desventajas para el país. Por un lado, derrota su objetivo de ayudar a los trabajadores porque desincentiva las contrataciones, agudizando el ya declinante panorama del empleo. Y por otro, desalienta las inversiones que el gobierno procura para detener la pendiente en que ha caído la economía. El gobierno estudia actualmente la sugerencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de que apruebe el Convenio 158, que limita la facultad de las empresas a prescindir de personal según la marcha de sus negocios, curso que actualmente solo requiere el pago de la indemnización legal. Pero bajo ese convenio las empresas quedarían obligadas a dar un preaviso del despido y a justificarlo ante el Ministerio de Trabajo y la organización sindical correspondiente, y sujetas a sanciones financieras si sus explicaciones no fueran aceptadas.

A primera vista la propuesta de la OIT supone garantías para los casos infrecuentes de trabajadores destituidos en forma arbitraria o injustificada. Pero sus seguros resultados adversos invalidan esa mínima ventaja. Expertos en temas laborales han coincidido en que una consecuencia inmediata será inducir a las empresas a no tomar personal o a hacerlo en forma precaria y con contratos a término. Esta perspectiva agrava el panorama laboral en momentos en que el desempleo viene en ascenso sostenido y ha trepado al 8% de la población económicamente activa, con un aumento de dos puntos porcentuales en pocos meses. Este incremento, que ya incluye la pérdida de 20 mil puestos de trabajo en la industria y la construcción, es consecuencia directa de la desaceleración de una economía virtualmente estancada, con un crecimiento pronosticado de menos del 1% del Producto Interno Bruto para este año y el próximo.

Para enfrentar esta paralización, el gobierno confía en la inversión privada en emprendimientos directos o, en asociación con el Estado, como complemento indispensable para financiar un tercio de los US$ 12.000 millones que presupuestó para obras de infraestructura. Asegurar estos aportes privados es esencial para reactivar la economía en el mediano plazo y generar más empleo. Pero todo inversor estudia primero las condiciones que el Estado le ofrece, incluyendo las normas que rigen el mercado laboral. Introducirle nuevas limitaciones a la libertad de las empresas para adecuar sus plantillas a sus necesidades dificultará inevitablemente el ingreso de capitales de los que depende el gobierno.

Diputados del Frente Amplio han urgido al gobierno a aprobar y poner en vigencia el convenio de la OIT. Fuentes del PIT-CNT han asegurado que el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, es partidario de seguir ese curso. Pero ni Murro ni el subsecretario, Nelson Loustaunau, lo han confirmado, y se han limitado a declarar que el gobierno estudia el tema. Poniendo todo en la balanza, el Poder Ejecutivo debe rechazar las nuevas limitaciones, que empeorarían la ya azarosa situación del sector empresarial, perjudicaría la recuperación del empleo y pondría en peligro las inversiones privadas que necesita. Lo ayudará en su decisión tomar en cuenta que solo 32 de los 180 países miembros de la OIT han aprobado el Convenio 158. Y en América Latina el único es Venezuela, ejemplo mundial de persecución y represión del sector productivo privado.


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