Campiani, Amodio, los Peirano Basso, pero también José

El sistema de Justicia sigue acumulando injusticias
El fiscal de Corte así como jueces y abogados han expresado su inquietud para que de una vez por todas entre en funcionamiento un nuevo Código del Proceso porque el actual es violatorio de los derechos humanos. Lo que casi nadie dice -porque no es fácil tirarse contra un juez- es que las aristas más filosas de ese código se ven agudizadas por la actitud de magistrados que lo usan a veces con impericia y otras con irresponsabilidad cuando no con intereses personales, políticos o filosóficos. ¿Es este un señalamiento muy grave para hacerlo al boleo? Quizás lo sea, pero hay fallos locales e internacionales que muestran cómo algunos ciudadanos se han visto perjudicados por el uso extremo que algunos magistrados les han dado a las facultades que les otorga este proceso penal copiado del código fascista de Mussolini.

Tampoco es sencillo cuestionar algunos fallos judiciales porque, en general, refieren a personas "quemadas", a ciudadanos con escasa masa crítica a su favor y cuya defensa es políticamente incorrecta.

Por ejemplo, el caso del exgerente de Pluna, Matías Campiani, que estuvo preso sin que se hubiera demostrado su culpabilidad en el negocio de la aerolínea lo cual llevó al prestigioso diario New York Times a publicar una nota en la que nos recordaba cuán tercermundista somos a la hora de usar el poder de la Justicia. También está el caso de los hermanos Peirano Basso por el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado uruguayo por la excesiva prisión preventiva que sufrieron los banqueros, que estuvieron cinco años sin condena (por este caso la comisión internacional instó a Uruguay a reformar el proceso penal). Otro caso fue el del extupamaro Héctor Amodio Pérez, aún privado de su libertad por un fallo que recibió un generalizado cuestionamiento y en el que la jueza parece haber actuado impulsada por una convicción claramente política.

Se trata de casos públicos donde los imputados tienen, como se dijo, escasos defensores que cuestionen el código cuando se usa para procesar a los malos de las películas. Pero las cárceles están repletas de actos injustos cometidos por los magistrados contra ciudadanos comunes y corrientes. Algunos de esos casos llegan a las redacciones de los diarios, enviados por familiares desesperados, porque contra un juez no hay quien pueda.

El chofer

El 8 de mayo de 2014 José Coito besó a sus tres hijos, a su esposa y salió a hacer lo único que ha hecho en su vida como adulto: trabajar. Es chofer en Cutcsa. Ese día, al arrancar luego de que un semáforo le diera paso y doblar en una esquina de Montevideo, con las ruedas traseras atropelló y mató a una mujer e hirió a un hombre.

Esta nota claramente no refiere al dolor y reclamo de justicia de las familias de las víctimas. El sistema, que las contempla bastante poco, no funciona y no puede ni debe funcionar al influjo de los padecimientos de las víctimas.

José es un funcionario ejemplar, según dijeron en la empresa Cutcsa a El Observador. El hecho parecía a todas luces un accidente. Varios testigos contaron que el conductor no llegó a ver a las víctimas, pero por razones que no aparecen explicitadas en el expediente el juez rechazó a los testigos y los amenazó con acusarlos de falso testimonio. El fiscal rechazó tales señalamientos del magistrado pero los testimonios de los testigos no pudieron utilizarse en el juicio.

En setiembre de 2014 el juez le dijo al abogado que en octubre pediría la acusación fiscal, la cual se realizó recién en febrero de 2015.

El fiscal acusó en marzo de 2015 y pidió tres años y medio de prisión. La sentencia demoró otros seis meses. En setiembre del año pasado el abogado defensor apeló. Por esas justificaciones que siempre hay en los trámites de este código del proceso, el tribunal de apelaciones aún no se pronunció.

El 4 de enero Coito cumplió las dos terceras partes de la pena pero se le negó tanto la libertad anticipada como las salidas transitorias. Consultado al respecto, el juez Da Costa dijo que esas libertades son concedidas por la Suprema Corte de Justicia.

De hecho, el órgano judicial se ha visto obligado a salir a justificar públicamente la concesión de alguna libertad anticipada. Cuando el padre del futbolista Edinson Cavani, manejando alcoholizado, mató a un motocilista y estuvo preso menos de tres meses antes de salir libre, la Corte -quizás tratando de justificar que la liberación no era por porte de apellido- explicó que esa sanción era la que promedialmente cumplen quienes participan de accidentes de tránsito mortales.

Sin embargo, José Coito, quien no bebe antes de ir a trabajar, ve cómo salen de la cárcel rapiñeros e incluso homicidas gracias a la libertad anticipada, pero a él, por alguna razón que nadie le ha explicado, no le toca.

Este es un caso más, como seguramente hay cientos, que no tienen la prensa de otros asuntos que involucran a personajes famosos, pero que son una demostración de cómo el sistema de Justicia uruguayo tiene algo podrido en sus entrañas, es fuente de injusticias y está minando aceleradamente la confianza de la ciudadanía en los poderes públicos. No sé si institucionalmente puede haber algo más peligroso que esto.

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