Campiani y sus socios no apelarán y pedirán la libertad

De todos modos, el escribano Pablo Seitún procesado por falsificación de documento público (por admitir en el acta del remate inscribir a Hernán Calvo con un nombre falso) decidió que apelará, por lo tanto el caso se demorará. Al estar en un mismo expediente los procesamientos de Seitún y de los empresarios Campiani, Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez, este deberá ser enviado al tribunal de apelaciones para su estudio.

Ese trámite llevará algunos meses aunque menos tiempo que si apelaran todos los procesados.

En el caso de Campiani y sus socios, Barrera explicó: “Esta decisión no es una admisión de culpabilidad ni de estar de acuerdo con la sentencia y menos aun con la vista fiscal que hemos rebatido punto por punto”, aclaró y añadió que seguirá sosteniendo que sus clientes son inocentes.

“La decisión de no apelar es consecuencia de un proceso penal arcaico e injusto que ha sido condenado por todos los organismos internacionales, llámese Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA, y más recientemente la ONU en Ginebra”, dijo en alusión al documento de la semana pasada que cuestionó el proceso penal uruguayo.

Aunque la defensa había preparado la apelación, finalmente decidió no presentarla para agilizar el proceso. “Yendo a juicio directamente podremos seguir analizando las probanzas que presentamos en la última audiencia así como otras probanzas que van a exonerar a mis clientes”, dijo.

El defensor destacó que han declarado más de 30 testigos, en su mayoría funcionarios públicos, quienes frente a una pregunta directa de la defensa respondieron que no existió ni conocen indicio alguno de delito. Tenemos veedores estatales, veedores nombrados por el Estado y funcionarios públicos”, dijo.

Sin embargo, en el auto de procesamiento, la jueza Adriana de los Santos sostuvo que los representantes de Leadgate en el directorio de la ex Pluna componían “un grupo criminal organizado”. “Desde el inicio fue una cadena de irregularidades, omisiones y estratagemas artificiosos en beneficio propio y en perjuicio del Estado uruguayo y la sociedad en su conjunto”, destacó.

Pedirán excarcelación
Además, el abogado anunció que pedirá la libertad de los procesados para que se puedan defender “en un expediente extenso y políticamente sensible”.

“La prisión preventiva en delitos excarcelables es contraria a todos los tratados internacionales firmados por Uruguay sobre derechos humanos y, aun cuando pasa en todos los procesos, no deja de ser cierto en este caso”, aseguró.

El delito de estafa tiene una pena que va de los seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría. Es excarcelable por tener una mínima menor a dos años de penitenciaría.

Campiani, Hirsch y Álvarez están presos desde el 21 de diciembre, día en que fueron procesados. Cumplen reclusión en la cárcel de Campanero en Lavalleja.